La salud en Colombia se hunde: EPS con patrimonio negativo y usuarios sin atención

Las EPS en Colombia registraron en el primer semestre de 2025 un patrimonio negativo de 11,4 billones de pesos y pasivos que superan los activos en 64 por ciento. A la par, crecen los reclamos, aumentan las tutelas y los hogares pagan más de su propio bolsillo por servicios que el sistema no garantiza.

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Radiografía financiera: EPS en números rojos

El primer semestre de 2025 confirmó lo que ya se intuía: el sistema de aseguramiento en salud opera en quiebra técnica. Según cifras oficiales analizadas por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, las 23 EPS que entregaron información suman un patrimonio negativo de 11,4 billones de pesos, veinte veces más que en 2022, cuando la cifra era de 550 mil millones.

La brecha entre lo que tienen y lo que deben se amplió hasta niveles sin salida. Los pasivos ascienden a 29,6 billones, frente a activos de apenas 18,1 billones. En términos simples, las EPS deben mucho más de lo que poseen. Esa relación, expresada como pasivo/activo, alcanzó el 164 por ciento.

El balance operacional también se tiñó de rojo. En los primeros seis meses de 2025, las pérdidas llegaron a 2,4 billones de pesos. Los ingresos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que sumaron 36,1 billones, no cubrieron los gastos: 36 billones se fueron en atención médica y 2,5 billones en gastos administrativos. El resultado fue una siniestralidad del 106,51%, es decir, gastos que superaron los ingresos. Una situación que se viene repitiendo desde 2022.

El análisis muestra además una concentración riesgosa. Siete EPS controlan el 80 por ciento de los activos y el 74 por ciento de los pasivos. De su estabilidad depende la continuidad del sistema para más de 26 millones de afiliados. Sin embargo, una de ellas, la Nueva EPS, no entrega estados financieros desde 2024, pese a ser la más grande del país y estar bajo intervención del gobierno desde abril de ese año. La ausencia de datos impide conocer la magnitud real del deterioro en la entidad con más usuarios, más quejas y más deudas.

Quejas, tutelas y barreras de acceso en la salud

El deterioro del sistema se refleja en la experiencia de los pacientes. En el primer semestre de 2025 se interpusieron 150.240 tutelas en salud, un 17,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Las causas más frecuentes fueron la entrega de medicamentos (53.796), los procedimientos médicos (42.926) y las citas médicas (32.279). Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca concentran el mayor número de acciones, y siete de cada diez fallos favorecieron al paciente.

Los reclamos ante la Superintendencia de Salud alcanzaron 1.039.606 entre enero y junio de 2025, 33 por ciento más que el año anterior, en el mismo periodo. El 92,7 por ciento se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías. Ibagué, Pereira y Bucaramanga registran las mayores tasas de reclamos por cada 10.000 afiliados.

Por EPS, la Nueva EPS lidera las quejas en los dos regímenes. En el contributivo recibió 179.666 reclamos, seguida de Sanitas (128.532) y Salud Total (128.630). En el subsidiado, también encabezó la lista con 64.750 casos, seguida de Coosalud (38.524) y Capital Salud (31.860). Incluso los regímenes exceptuados, como el magisterio y las fuerzas armadas, superaron las decenas de miles de reclamos.

Estos datos no muestran toda la dimensión del problema. Como advierte Cedetrabajo, una parte de la población no interpone tutelas ni presenta quejas porque desconoce los mecanismos o no puede acceder a ellos. El subregistro es evidente en zonas rurales y entre comunidades en pobreza extrema.

El DANE lo confirma en su medición de pobreza multidimensional: en Bogotá, el 23,2 por ciento de las privaciones de los hogares pobres se debe a problemas de salud. En otras regiones la proporción es menor, no por una mejor atención, sino porque las carencias no alcanzan a quedar registradas en las estadísticas.

El peso en el bolsillo de los hogares

Mientras las EPS se hunden en deudas y los reclamos crecen, las familias colombianas cargan con una parte cada vez mayor del costo de la salud. Según el informe publicado por ANIF el 11 de agosto de 2025, en 2024 el gasto de bolsillo en salud llegó a 14,5 billones de pesos, un incremento del 7,5 por ciento frente a 2023 en cifras nominales y del 1,4 por ciento en términos reales.

Ese gasto ya equivale al 16,8 por ciento del gasto corriente en salud, muy cerca del 20 por ciento que la Organización Mundial de la Salud considera un nivel de alto riesgo financiero para los hogares.

La presión recae sobre los más pobres. En el quintil 1, que agrupa al 20 por ciento de menores ingresos, el gasto real acumulado aumentó 63 por ciento entre 2021 y 2024. A pesar de que el 84,8 por ciento de este grupo está afiliado al régimen subsidiado, debió pagar más de su propio dinero para acceder a consultas, medicamentos y exámenes que el sistema no garantizó.

Los rubros con mayores alzas fueron las consultas particulares y los medicamentos, con incrementos de dos dígitos en todos los estratos. En algunos grupos de ingresos, el gasto en vacunas se multiplicó casi tres veces en tres años.

Estas cifras son evidencia de que el sistema de aseguramiento no cubre el costo real de los servicios y que ese vacío lo están asumiendo los hogares.

Decreto 0858 de 2025: improvisación y ausencia de soluciones

El 10 de agosto de 2025, el Gobierno expidió el Decreto 0858 con el que busca reorganizar el sistema de salud. La norma reemplazó el Decreto 1599 de 2022 y trasladó múltiples funciones de las EPS a alcaldías y gobernaciones, incluidas la gestión de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la conformación de Redes Integrales e Integradas Territoriales (RIITS).

El cambio abrió un debate jurídico de fondo. Varios expertos advierten que un decreto no puede modificar aspectos de la Ley 100 de 1993, que regula el sistema desde su creación. Por esa razón, ya cursan demandas en el Consejo de Estado que cuestionan la legalidad de la medida.

Más allá de lo jurídico, Cedetrabajo advirtió que el decreto reproduce la experiencia aplicada al magisterio desde 2024, caracterizada por mayor gasto, baja calidad y poca transparencia en la selección de prestadores. En la práctica, los usuarios seguirán afiliados a una EPS y a la vez deberán adscribirse a un CAPS, lo que introduce más trámites y fragmentación en la atención.

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El documento también ratifica las obligaciones de los tratados de libre comercio en materia de medicamentos. Con ello se mantiene la protección de patentes que encarece los precios y limita el desarrollo de una industria farmacéutica nacional.

Otro punto sensible es la referencia a los regímenes exceptuados, como el de los maestros y la USO, que quedan en entredicho. Para sindicatos y organizaciones sociales, el decreto abre la puerta a recortar beneficios alcanzados en décadas de negociación.

En materia laboral, el Gobierno anunció que la norma busca formalizar a los trabajadores de la salud. Sin embargo, no presentó estudios sobre el tamaño de la informalidad ni proyecciones de costos y fuentes de financiamiento. Cedetrabajo lo calificó como un recurso electoral más que como una política sostenible.

El Decreto 0858 no resuelve la crisis estructural de la salud. Mientras las EPS acumulan pérdidas y los usuarios llenan tribunales con tutelas y reclamos, la reforma por decreto introduce más incertidumbre sin atacar los problemas de acceso, deuda y financiación.

Futuro y sostenibilidad fiscal

Los balances de las EPS y el aumento de reclamos son solo una parte del problema. Las proyecciones de gasto público muestran que la presión financiera sobre el sistema seguirá creciendo en los próximos años.

De acuerdo con Fedesarrollo, el gasto público en salud pasará de 5,6 por ciento del PIB en 2024 a 7,3 por ciento en 2030. La misma entidad advierte que, si no se toman medidas estructurales, el desbalance se ampliará a medida que la población envejezca y aumente el costo de nuevas tecnologías médicas.

El Banco de la República calculó que para mantener la cobertura y los servicios actuales será necesario destinar un 1,9 por ciento adicional del PIB en 2030. Esto equivale a más de 30 billones de pesos a precios de hoy, un monto que no tiene asegurada su fuente de financiación.

Mientras los hogares pagan más de su propio bolsillo y el Estado proyecta un gasto creciente, el sistema administrado por las EPS acumula pérdidas y deudas. Sin un rediseño integral, el modelo seguirá consumiendo más recursos públicos sin garantizar atención oportuna y de calidad.

 Un sistema en triple crisis

La salud en Colombia atraviesa una crisis que se expresa en tres frentes. El financiero, con EPS quebradas que reportan un patrimonio negativo de 11,4 billones de pesos y pasivos imposibles de cubrir. El social, con más de un millón de reclamos y 150.000 tutelas en seis meses de 2025, sumados al aumento del gasto de bolsillo que golpea con más fuerza a los hogares pobres. Y el institucional, con un decreto cuestionado que improvisa reformas sin resolver los problemas de fondo.

La Nueva EPS es el ejemplo más preocupante: es la entidad con más afiliados, más quejas y más deudas, pero no entrega estados financieros desde 2024 pese a estar intervenida por el propio Gobierno. Su opacidad refleja el tamaño del vacío de información en el que se toman decisiones que afectan a millones de usuarios.

Las cifras de tutelas y reclamos tampoco muestran toda la magnitud del colapso. Como recuerda Cedetrabajo, una parte de la población ni siquiera logra interponer quejas por desconocimiento o falta de acceso a los canales. El subregistro implica que la crisis es todavía más profunda de lo que reflejan las estadísticas.

El aumento proyectado del gasto público confirma que la presión sobre el sistema continuará. Sin una reforma seria y con reglas claras, el país seguirá Sufriendo entre EPS inviables, pacientes sin atención y un Estado que destina cada vez más recursos a un modelo que no responde. La alerta ya está encendida: la salud en Colombia no resiste más improvisaciones.

A este panorama se suma la voz de la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC), que advirtió sobre la forma engañosa en la que el presidente presentó las recientes cifras de salud. Según la entidad, se utilizaron cifras absolutas en lugar de tasas ajustadas, se manipularon los ejes de las gráficas y se omitió el contexto epidemiológico. Con ello, se exageran reducciones y se ocultan los verdaderos riesgos, maquillando un sistema que, lejos de mejorar, continúa en estado crítico.

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