Lo que pasará si se hunde la Reforma Tributaria y Petro decreta emergencia económica
La Reforma Tributaria está al borde del hundimiento y el presidente Petro ya puso sobre la mesa la carta de la emergencia económica. ¿Qué viene ahora? ¿Un nuevo debate fiscal o una cortina de humo en plena antesala electoral?
La Reforma Tributaria del Gobierno Petro agoniza en el Congreso tras repetidas rupturas de quórum, choques políticos y una estrategia del Ejecutivo para dilatar el archivo. Si la ley de financiamiento no se aprueba, el presidente ya anticipó que convocará una emergencia económica. Pero, ¿qué implicaría este escenario? ¿Y hasta qué punto la amenaza abre un nuevo capítulo político más que fiscal?
Reforma Tributaria: la jugada que no pasó y abrió la puerta a la crisis
La Reforma Tributaria, base del Presupuesto General de 2026, se está desmoronando. En las últimas semanas, el proyecto ha quedado herido de muerte por falta de votos, polémicas interpretaciones de la Ley Quinta y la ruptura sistemática del quórum en las comisiones económicas.
La prórroga artificial del debate se ha sostenido mediante maniobras del presidente de la Comisión, quien dividió votaciones, reprogramó sesiones y permitió romper quórum justo antes de votar el archivo definitivo. El objetivo: que la Reforma Tributaria se mantuviera viva un día más, incluso sin los apoyos reales para ser aprobada.
Los propios congresistas han denunciado presiones para abandonar la sala y bloquear la discusión, manteniendo a la reforma conectada al respirador artificial. El resultado: un proyecto sin futuro político, pero útil para prolongar la narrativa del conflicto fiscal.
Hundimiento de la Reforma Tributaria: el escenario que ya se da por hecho
La posibilidad de que la Reforma Tributaria se hunda es la conclusión de diversos analistas y de las propias sesiones legislativas. El ministro de Hacienda ha admitido que no hay ambiente político para aprobar una ley que promete recaudar $16,3 billones, y cada día que pasa esa meta luce más distante.
El problema para el Gobierno es evidente: sin tributaria, no hay cómo financiar plenamente el Presupuesto 2026, que ya sufrió un recorte de $10 billones en comisiones económicas y que, con la decisión, quedaría desfinanciado en $16 billones adicionales.
Emergencia económica: el plan B (y C y D) del Gobierno
Ante el inminente hundimiento de la Reforma Tributaria, Petro lanzó una advertencia fuerte: si el Congreso no aprueba la ley, declarará una emergencia económica. Lo dijo en X, afirmando que la oposición está “ahorcando financieramente” al país y que los recortes tendrían que hacerse en inversión, afectando proyectos como el Metro de Bogotá o las 4G.
El presidente fue aún más lejos: afirmó que el Estado se encamina hacia una emergencia porque la falta de ingresos y las tasas de interés altas encarecen la deuda pública, convirtiéndola en “impuestos futuros”.
La Emergencia Económica implicaría que el Gobierno podría expedir decretos con fuerza de ley; podría crear o ajustar impuestos sin pasar por el Congreso; activaría medidas para mover recursos sin trámite legislativo; desataría un choque institucional con la Corte Constitucional, que suele tumbar decretos de emergencia mal sustentados.
En las últimas tres décadas Colombia ha decretado nueve emergencias económicas, varias de ellas tumbadas por la Corte. La décima sería esta, si Petro cumple su advertencia.
¿Emergencia fiscal real o cortina de humo política?
Más allá de la urgencia fiscal, el anuncio tiene un componente claramente político. Petro convierte el fracaso legislativo de la Reforma Tributaria en un relato de confrontación: el Congreso “impide gobernar”, la oposición “sirve a los megarricos”, y la Corte “le quitó ingresos al Estado” al tumbar la no deducibilidad de regalías, según su propio mensaje.
En ese marco, la emergencia económica funciona como:
Un dispositivo narrativo
Permite al Gobierno decir que no es responsable del hueco fiscal, sino el Congreso.
Una herramienta de presión
El mensaje es claro: o aprueban la tributaria, o el Ejecutivo actúa por decreto.
Una nueva arena de campaña
Varios analistas coinciden en que, con elecciones en el horizonte, la narrativa del “freno político” y la “resistencia al cambio” puede convertirse en plataforma electoral.
Mientras tanto, la discusión sobre la viabilidad técnica de la emergencia pasa a segundo plano, opacada por la confrontación política.
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La Emergencia Económica es un mecanismo de ajuste transitorio
Colombia ya vivió nueve emergencias económicas desde 1997, y aunque cada una respondió a coyunturas muy distintas, un patrón se repite: ninguna resolvió estructuralmente los problemas fiscales ni corrigió de fondo las debilidades del Estado. La excepcionalidad se volvió un parche, no una solución.
En 1997, el gobierno Samper declaró emergencia por el deterioro de las finanzas públicas, pero la Corte Constitucional tumbó el decreto por improcedente: un precedente importante que demostró que el margen para usar estas facultades es estrecho. Al año siguiente, Andrés Pastrana sí logró mantener en pie la emergencia económica frente a la crisis financiera que golpeó al sistema UPAC. Esa declaratoria habilitó medidas agresivas: intervenciones a entidades financieras, flexibilización crediticia y creación de instrumentos para aliviar a deudores. Aunque algunas acciones fueron necesarias, otras trasladaron costos al Estado y profundizaron su déficit.
Años después, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, volvieron las emergencias: en 2010 por el fenómeno de La Niña y los desastres que arrasaron buena parte del país; en 2015 por la crisis migratoria venezolana; y en 2017 tras la tragedia de Mocoa. Las medidas fueron amplias: reasignación inmediata de recursos, suspensión de trámites contractuales, liberación de vigencias futuras y creación de fondos especiales para reconstrucción. Sin embargo, la ejecución irregular, los sobrecostos y la lentitud en la implementación derivaron en cuestionamientos persistentes. Las emergencias permitieron mover dinero, pero no evitaron que la improvisación se convirtiera en regla.
En 2020, con la pandemia, el gobierno de Iván Duque decretó la emergencia económica más grande de la historia reciente. Con ella nació el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que movilizó más de $40 billones para proteger empleo, sector salud y empresas. Aunque indispensable para evitar un colapso social, dejó también un efecto duradero: una deuda pública sin precedentes, cuyos pagos comprometen el presupuesto de la década actual. Muchas medidas funcionaron, otras mostraron fallas de focalización, pero el impacto fiscal se arrastra aún hoy.
Durante el gobierno Petro las declaratorias continuaron: en 2023 por la crisis humanitaria en La Guajira, y en 2024–2025 por episodios críticos en Catatumbo y por brotes de fiebre amarilla. En el caso de Catatumbo, la emergencia se usó para introducir paquetes tributarios rápidos, incluyendo gravámenes a juegos online, impuesto de timbre y un tributo temporal a la exportación de carbón y petróleo. Medidas que generaron recaudo inmediato —cerca de $1 billón—, pero que también encendieron alarmas sobre el uso de la excepcionalidad para introducir reformas fiscales por fuera del curso natural del Congreso.
El balance histórico es claro: las emergencias económicas sirven para apagar incendios, pero generan efectos secundarios significativos. Aceleran decisiones, flexibilizan la contratación, permiten mover grandes volúmenes de dinero sin trámites, y abren la puerta a tributos temporales o ajustes impositivos urgentes. Pero también concentran el poder en el Ejecutivo, elevan el riesgo de errores, y, sobre todo, incrementan la deuda pública o desplazan recursos de largo plazo para cubrir urgencias inmediatas.
¿Qué vendrá si se decreta la emergencia? Tres escenarios clave
1. Nuevos impuestos vía decreto
Ya ocurrió antes en Catatumbo: el Gobierno creó gravámenes excepcionales al carbón, petróleo, juegos online y timbre con el argumento de financiar la atención territorial. Ese paquete recaudó más de $1 billón .
2. Recortes selectivos a la inversión
El propio presidente anticipó que la inversión sería la variable de ajuste: Metro de Bogotá, vías 4G, proyectos estratégicos. Lo dijo abiertamente que no se puede recortar deuda ni gasto social, solo inversión.
3. Un choque institucional inmediato
La Corte Constitucional ha tumbado varias emergencias económicas por falta de relación directa entre la crisis y las medidas. Un decreto tributario general podría tener la misma suerte.
Y mientras tanto… ¿una nueva Reforma Tributaria?
Paradójicamente, incluso si hay emergencia económica, el Gobierno necesitará volver al Congreso. Los decretos sólo tienen vigencia temporal y requieren control legislativo posterior.
Es decir: la emergencia podría ser el capítulo intermedio, no el final. Y, de fondo, la economía seguirá dependiendo de un sistema tributario fragmentado, con reformas cada dos años, algo que expertos consideran insostenible.
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