SuperSalud advierte sobrecostos de hasta 65 % en la entrega de medicamentos

En medio de protestas y denuncias por la demora en la entrega de medicamentos alrededor del país, la Superintendencia de Salud expuso casos puntuales en los que se pone en evidencia el peso económico que tiene la intermediación en la entrega de medicamentos. Las declaraciones de la SuperSalud encienden una vez más las alarmas y exigen una solución urgente.

Entretanto, el Gobierno declaró que ya trabaja en medidas urgentes para frenar una problemática que deja en riesgo a millones de pacientes.

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Medicamentos hasta un 65 % más caros por intermediación

Durante el Consejo de Ministros televisado, Rubiano expuso casos concretos que evidencian el impacto de la intermediación en el precio final de los medicamentos.

Según declaró, un fármaco para la hipertensión pulmonar, que debería costar 137 mil pesos, termina vendiéndose en 227 mil pesos, un valor bastante por encima del inicial. Lo preocupante es que no se trata de un caso aislado, sino uno de los tantos casos con los que se encuentran los pacientes colombianos.

De acuerdo con las declaraciones de Rubiano, pasa lo mismo con un estimulante cardíaco, cuyo valor original es de $1.600.000, y el precio final de venta es de $2.628.000 debido a los costos adicionales impuestos en la cadena de distribución.

Rubiano declaró, “sobre la situación actual de los medicamentos encontramos una falta de transparencia, unos costos elevados en el sistema por estas transacciones donde se prioriza, evidentemente, el mercado por encima del ser humano. Nosotros queremos un uso transparente, una atención accesible, un enfoque al ser humano y un sistema basado en derechos”.

La crisis en la entrega de medicamentos demanda soluciones urgentes

Tras las alarmantes declaraciones de Rubiano, la Superintendencia de Salud compartió una estrategia, que, según la entidad, podría reducir los costos y mejorar la entrega de medicamentos en el país. Entre las medidas destacan:

• Negociación directa con los laboratorios, evitando la intermediación de gestores farmacéuticos.
  
• Optimización de recursos en las EPS para garantizar la entrega oportuna de medicamentos.
  
• Incorporación de hospitales públicos como operadores logísticos para distribuir los fármacos.
  
• Fortalecimiento de la red pública de salud para reducir la dependencia de terceros.
  
• Eliminación de pendientes en la entrega de medicamentos y reducción de tiempos de espera.
  

Pese a las declaraciones de Rubiano, usuarios del sistema de salud colombiano han expresado en redes sociales que la crisis en la entrega de medicamentos no se limita al sobrecosto.

En ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, cientos de pacientes han salido a las calles a protestar por la falta de medicamentos esenciales. En algunos casos, han pasado semanas sin recibir sus tratamientos, lo que pone en riesgo su salud, de manera que para estabilizar la situación y garantizar la dispensación dependerá de no uno sino varios factores.

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¿De quién es la culpa? Gobierno y EPS se enfrentan

El debate sobre las causas de la crisis en la entrega de medicamentos ha encendido un cruce de señalamientos entre el Gobierno y las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Mientras que el presidente Gustavo Petro responsabiliza a las EPS por “acaparar medicamentos y sabotear las políticas de salud pública”, las aseguradoras aseguran que la raíz del problema es la falta de financiamiento estatal.

Fenalco, el gremio de comerciantes, también se sumó a la discusión. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, afirmó, “la difícil situación actual sobre la falta de entrega obedece principalmente a la deuda acumulada del sistema, hoy cercana a los cuatro billones de pesos [casi 1.00 millones de dólares], con una mora que supera los 600 días, lo cual afecta el flujo de caja y los recursos disponibles para la compra de medicamentos”.

El presidente Petro ha propuesto incluso el allanamiento de dispensarios que, según él, retienen medicamentos de forma indebida. La propuesta ha sido duramente criticada por la oposición y por la Fiscalía General, que advirtió que esta medida no es legal.

Mientras el debate sigue en el aire, los pacientes siguen esperando. Para muchos, el acceso a sus tratamientos depende de que el sistema de salud encuentre soluciones reales y efectivas a una crisis que ya está golpeando a miles de colombianos.