Subsidios a combustibles en América Latina: una herramienta económica bajo presión fiscal

Lejos de desaparecer, los subsidios a combustibles en América Latina se consolidan como un componente estructural de la política económica regional. En un contexto de volatilidad internacional y presiones inflacionarias, estos mecanismos siguen siendo esenciales para contener el costo país, sostener la productividad y evitar estallidos sociales.

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Una herramienta económica, no un error fiscal

Aunque organismos multilaterales suelen ver los subsidios como distorsiones, en América Latina han funcionado como instrumentos de competitividad y estabilidad macroeconómica.

Según Bloomberg Línea y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), su peso varía entre el 0,5% y el 6% del PIB, dependiendo del país, pero su justificación económica es clara: mitigar la volatilidad del petróleo y proteger a los sectores productivos frente a shocks de precios internacionales.

“En economías emergentes, donde la logística, el transporte y la energía tienen un impacto directo en la inflación y en la competitividad exportadora, los subsidios son una herramienta de política pública, no un lujo”, explicó Jonathan Fortun, economista del IIF.

En la región, el precio de la gasolina o el diésel incide en la estructura de costos del agro, la minería, el transporte y la industria manufacturera. En países con infraestructura deficiente o cadenas logísticas largas, un aumento abrupto del combustible puede paralizar sectores enteros.

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Venezuela, Bolivia y Ecuador: el triángulo del subsidio estructural

Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador ilustran el peso fiscal (pero también político) de los subsidios energéticos.

• Venezuela mantiene los precios de gasolina más bajos del mundo. El subsidio equivale hasta al 6% del PIB, según el IIF. Este esquema, financiado con renta petrolera, actúa como un colchón social frente a décadas de pérdida de poder adquisitivo, aunque limita el espacio fiscal para inversión pública.
• En Bolivia, el gasto alcanza el 3,6% del PIB. A pesar de su costo, ha sido un pilar del modelo productivo estatal: mantener precios bajos para sostener la competitividad de la minería, el transporte y el agro.
• En Ecuador, el subsidio supera el 3% del PIB y su desmonte ha provocado múltiples crisis. En septiembre de 2025, la eliminación parcial del subsidio al diésel elevó el galón de US$1,80 a US$2,80, generando protestas y obligando al gobierno a decretar un estado de excepción en siete provincias.

El patrón es claro: en países con alto componente exportador o con fuerte dependencia del transporte terrestre, los subsidios no solo alivian la carga de los hogares, sino que funcionan como un factor de competitividad sistémica.

Los modelos de transición: Brasil, México y Argentina

Otras economías han optado por modelos híbridos que combinan subsidios selectivos con mecanismos de estabilización.

• Brasil destina parte de sus recursos a subsidiar combustibles fósiles y renovables. En 2023, el gasto total fue de US$18.700 millones, de los cuales el 82% se dirigió a petróleo y gas. Programas como Repetro respaldan la exploración y producción, pero también promueven biocombustibles. 
  
• En México, el llamado estímulo fiscal permite ajustar semanalmente los precios de la gasolina. Aunque está temporalmente suspendido, el gobierno mantiene un tope de MXN$24 por litro (US$1,30), protegiendo tanto a consumidores como a transportistas. 
  
• Argentina, tras el ajuste del presidente Javier Milei, redujo a la mitad el peso de los subsidios energéticos en el PIB (de 1% a entre 0,5% y 0,7%). La medida alivió el déficit fiscal, pero elevó los costos industriales y presionó la inflación.

Estos países muestran que el desafío no es eliminar los subsidios, sino administrarlos con criterios de eficiencia: dirigirlos a sectores productivos estratégicos y desligarlos de la lógica electoral.

Colombia: gradualismo y ajuste técnico

Desde su primer año de gobierno, Gustavo Petro ha venido desmontando los subsidios a la gasolina financiados por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que llegó a generar un déficit superior a $37 billones. 

Paralelamente, el Ejecutivo propuso un cambio estructural en la fórmula del ingreso al productor de etanol, con base en un estudio del BID y Fedesarrollo. La medida alinea el precio del biocombustible al mercado internacional, en lugar de vincularlo al azúcar refinada, reduciendo distorsiones y posibles subsidios implícitos.

La medida implicaría una caída del 14% en los ingresos de los ingenios azucareros, aunque el ajuste busca hacer más competitiva la política energética y avanzar hacia la descarbonización. 

El futuro: subsidios sostenibles, no inexistentes

Los subsidios energéticos en América Latina no desaparecerán. La región enfrenta el reto de mantener precios competitivos sin poner en riesgo la estabilidad fiscal ni la transición energética.

En ese sentido, el debate se desplaza del “sí o no” al “cuánto y para quién”. El objetivo es construir mecanismos de compensación que garanticen acceso a energía asequible, impulsen la productividad y preserven la disciplina fiscal.

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En economías tan desiguales como las latinoamericanas, los subsidios a los combustibles seguirán siendo (por necesidad y estrategia) un puente entre la política social y la estabilidad macroeconómica.