La Supersalud relevó a la interventora de Capresoca tras revisar su título de enfermería: la EPS atiende a 164.268 afiliados
La interventora estuvo tres meses al frente de una EPS con 164.268 afiliados en Casanare. La Supersalud ya designó a un médico cirujano en su reemplazo y trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó sacar del cargo a Olga Lucía Vásquez Barrios, que dirigía la intervención de la EPS Capresoca desde el 6 de julio de 2026. La universidad que figuraba en su hoja de vida certificó que ella no aparece en sus registros académicos y que nunca obtuvo el título de enfermería que presentó para posesionarse.
La entidad no se quedó en la remoción. Trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que determine las responsabilidades, y dijo que también halló incumplimientos en cómo se estaba llevando la intervención.
Capresoca es la Caja de Previsión Social del Casanare y está intervenida desde octubre de 2024. Tiene 164.268 afiliados que dependen de ella para sus citas, sus cirugías y sus medicamentos.
¿Qué encontró la Supersalud en el título?
Una verificación directa ante la institución de educación superior. La universidad respondió que Vásquez Barrios no figura en sus registros académicos ni obtuvo el título profesional que aparecía en los documentos de posesión, según el comunicado de la Superintendencia fechado el 8 de octubre de 2026.
Quien la había nombrado ya no está en el cargo. La designación la hizo el exsuperintendente Daniel Quintero Calle, y la interventora alcanzó a estar tres meses al frente de la EPS.
La Superintendencia fue explícita sobre por qué actuó. Dijo que rechaza cualquier actuación que afecte la transparencia y la confianza pública en los procesos de intervención, y sumó los incumplimientos del proceso como fundamento de la decisión.
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¿Quién queda al frente de la EPS?
El nuevo agente interventor es Giovanni Antonio Guzmán Vargas. Es médico cirujano, con formación complementaria en habilidades gerenciales y más de 30 años de experiencia en el sector salud, en cargos de dirección médica y gerencia de aseguradoras y prestadores.
Su encargo tiene tres frentes definidos. Debe recuperar la estabilidad administrativa, financiera y operativa de Capresoca y garantizar que la atención de los afiliados no se interrumpa ni pierda calidad.
¿Quién responde por lo que hace un interventor?
El propio interventor, y no la Superintendencia. Ese punto lo precisó la entidad este viernes al divulgar su Concepto Unificado 002 de 2026, expedido el 22 de mayo. Los interventores y liquidadores son auxiliares de la justicia con autonomía e independencia, responden directamente por sus actuaciones y no son funcionarios de la Superintendencia.
El mismo documento aclara qué es y qué no es la medida. La intervención forzosa administrativa no es una sanción ni un salvamento financiero: es una herramienta excepcional para proteger a los usuarios y mantener los servicios mientras se define si la entidad se recupera o se liquida.
Y marca un límite que explica muchas confusiones. La Superintendencia no coadministra las entidades intervenidas ni asume sus obligaciones financieras, una lectura que, según el concepto, han reiterado varias decisiones judiciales.
Lo que el comunicado del caso no dice es qué pasa con las decisiones que la interventora alcanzó a firmar. La entidad no informó si esos actos serán revisados, y la investigación de la Fiscalía apenas empieza.
