El Gobierno relanzará el TLC con Singapur que la Corte tumbó en 2023: arancel cero para el 100 % de las exportaciones colombianas

El Gobierno anunció que acelerará el trámite interno del acuerdo comercial con Singapur. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en el comunicado «Colombia estrecha relación económica con Singapur» del 11 de septiembre de 2026, situó la iniciativa ante el Congreso y después ante la Corte Constitucional.

Colombia continúa fuera del tratado que ya aplica desde hace 16 meses para dos socios del bloque. La Alianza del Pacífico, mecanismo de integración formado por Chile, Colombia, México y Perú, firmó el acuerdo en Bahía Málaga, Buenaventura, pero el trámite colombiano perdió validez antes de la ratificación.

El arancel cero no es por sí solo la principal novedad comercial. Singapur ya aplica arancel cero a casi todas las mercancías; para el exportador pesan también las reglas comunes sobre servicios, inversión, compras públicas, comercio electrónico y origen.

¿Qué le ofrece el acuerdo a un exportador colombiano?

Singapur dará libre acceso arancelario a todos los productos originarios de Colombia desde la entrada en vigor. La nota «Las oportunidades que ofrece Singapur a la Alianza del Pacífico», publicada por MinCIT en 2021, fijó esa cobertura en el 100 %.

El acuerdo crea un marco de 25 capítulos que va más allá de los bienes. La Alianza del Pacífico, en la ficha oficial del acuerdo consultada el 18 de septiembre de 2026, incluye acceso a mercados, servicios transfronterizos, inversión, contratación estatal, comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios, pymes y género.

La acumulación de origen permite sumar insumos regionales para acreditar el origen de un producto. Cuando el tratado aplique a Colombia, los materiales originarios de Chile, México o Perú podrán contar como colombianos en un bien exportado a Singapur, siempre que cumpla las reglas correspondientes.

La ganancia práctica está en reglas previsibles para vender, invertir y contratar. La apertura de compras gubernamentales y el acceso para proveedores de servicios pueden importar más que una rebaja aduanera donde el gravamen ya era nulo; cada empresa deberá revisar el capítulo y la regla de origen aplicables a su operación.

¿Por qué rige para Chile y Perú y no para Colombia?

Chile y Perú completaron sus procedimientos, mientras Colombia no pudo terminar los suyos. El Ministerio de Comercio e Industria de Singapur, en el comunicado del 5 de mayo de 2025, informó que el tratado entró en vigor dos días antes para Singapur y esos dos países.

El Congreso aprobó inicialmente el acuerdo mediante la Ley 2284 de 2023. Una ley aprobatoria es la norma con la que el Legislativo autoriza un tratado internacional; la Cámara registra su recorrido en la ficha del proyecto, radicado el 24 de mayo de 2022 y sancionado el 5 de enero de 2023.

La Corte declaró inexequible la ley, es decir, la expulsó del ordenamiento por contrariar la Constitución. La Sentencia C-424/23 de la Corte Constitucional, fechada el 18 de octubre de 2023, encontró un vicio de trámite insubsanable, no una prohibición de volver a presentar el acuerdo.

Faltó el análisis de impacto fiscal exigible durante todo el debate legislativo. Ese análisis es la evaluación detallada del costo, la compatibilidad con el marco fiscal y las fuentes sustitutivas cuando una iniciativa reduce ingresos u ordena gastos; el Gobierno no presentó el concepto correspondiente y el Congreso tampoco examinó esas implicaciones.

¿Qué falta y cuánto puede tardar?

El proceso debe comenzar con otro proyecto y no tiene una duración oficial definida. Se requieren una nueva ley aprobatoria con cuatro debates y sanción presidencial, la revisión automática de la Corte Constitucional y una notificación diplomática; por eso no es verificable anunciar una fecha de entrada en vigor para Colombia.

Colombia es el depositario, el Estado encargado de recibir y comunicar las notificaciones del tratado. El artículo 25.3 del capítulo 25, Disposiciones Finales, firmado el 26 de enero de 2022, hace depender el último paso de una comunicación escrita que confirme el cumplimiento de los procedimientos internos.

El calendario dependerá del trámite político y del nuevo control constitucional. La sentencia dejó abierta la presentación del mismo acuerdo, pero obliga a corregir desde el comienzo la omisión fiscal; una aprobación legislativa no basta para que los exportadores invoquen de inmediato sus beneficios.

¿Qué más anunció el Gobierno con Singapur?

El Ejecutivo fortalecerá la presencia de ProColombia en Singapur y buscará dos instrumentos adicionales. Uno es un acuerdo de doble tributación, tratado que evita que una misma renta sea gravada en ambas jurisdicciones; el otro es explorar un mercado bilateral de bonos de carbono, interés que todavía no constituye una decisión acordada.

La oficina comercial pretende usar a Singapur como plataforma para Asia-Pacífico. Su función anunciada será atraer inversión y abrir oportunidades a empresas nacionales, pero ese refuerzo institucional es distinto de la entrada en vigor del tratado y no reemplaza ninguno de sus pasos jurídicos.

Al 18 de septiembre de 2026 no constaba un nuevo proyecto radicado ni había cifras bilaterales oficiales verificadas para 2025 o 2026. La página de relaciones con Singapur de la Cancillería, consultada ese día, además registra que el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) suscrito en 2013 no está vigente.

La fecha efectiva para Colombia sigue abierta y depende de completar toda la ruta interna.