Las dudas frente a la viabilidad de la política de reindustrialización de Petro
El Gobierno puso sobre la mesa las estrategias para la reindustrialización. No obstante, diversas críticas y desafíos importantes arrojan sombras sobre la viabilidad y eficacia de esta propuesta.
A través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) el gobierno expidió la Política Nacional de Reindustrialización, que contiene un plan detallado que abarca gran parte de la institucionalidad colombiana.
La estrategia busca cerrar brechas de productividad, diversificar la oferta interna y exportable, fortalecer encadenamientos productivos, mejorar la oferta institucional y fomentar la integración económica en Colombia.
En este sentido, apela a lograr la diversificación y sofisticación de la oferta interna y exportable, abarcando aspectos clave como capacidades humanas, tecnología, I+D+i, infraestructura y financiamiento.
Además, propone fortalecer la institucionalidad y orientar incentivos para la actividad productiva, mejorando la coordinación de instrumentos para la productividad, competitividad e innovación.
En términos de financiamiento, se espera que las entidades responsables gestionen y prioricen recursos, considerando el Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector.
Con un periodo de aplicación de 10 años y la participación de 35 instituciones estatales, la política de reindustrialización cuenta con un presupuesto previsto de $7,8 billones de pesos, distribuidos en objetivos específicos para la próxima década.
Le puede interesar: Comercio exterior con Ecuador ofrece oportunidades a Colombia
Estrategias para la década 2024-2034
En términos de productividad, se proyecta que las entidades involucradas destinen alrededor de COP $25.000 millones por iniciativa entre 2024 y 2034, abarcando sectores clave como ciencia y tecnología, agropecuario, educación y salud.
Para la diversificación y sofisticación de la oferta interna, con un presupuesto de COP $1.260.544 millones de pesos, el liderazgo en esta estrategia recae en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes desarrollarán programas, especialmente en materia de innovación.
Para abordar los problemas de coordinación de la oferta institucional, se plantean 27 apuestas con la participación de 20 instituciones y una inversión estimada de $293.551 millones de pesos. El enfoque se centra en mejorar la oferta institucional necesaria para impulsar una transformación productiva, destacando la contribución del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El objetivo de mejorar la integración económica cuenta con 10 apuestas centradas en 4 sectores económicos y 8 instituciones.
El presupuesto asignado de $2.152 millones de pesos para la década plantea interrogantes frente a las intenciones del gobierno para alcanzar los objetivos contemplados.
Por último, el fortalecimiento de los encadenamientos productivos es una parte central de la estrategia, con 14 apuestas y un presupuesto de $1,2 billones de pesos. Se destaca la participación del Ministerio de Minas y Energía en 12 de las 14 apuestas.
Opiniones frente a la política de reindustrialización
Aunque le preocupan los tiempos de desarrollo y aplicación de la política de reindustrialización, Jaime Acosta, analista político, consultor e investigador independiente experto en economía de la innovación, subraya que esta iniciativa rompe con la ortodoxia neoliberal de décadas pasadas y enfatiza la necesidad de seleccionar apuestas estratégicas para impulsar un desarrollo sostenible.
Acosta señala debilidades en la política de emprendimiento y la base tecnológica, pero también vislumbra la oportunidad de construir una nueva economía y sociedad sostenible en Colombia.
Según el Coordinador de Investigaciones de Cedetrabajo, Miguel Ángel Rodríguez, uno de los problemas fundamentales radica en la falta de recursos suficientes para respaldar esta iniciativa.
“Las medidas de la Corte Constitucional en relación con la reforma tributaria, la regla fiscal y la inacción frente a los precios regulados generan dudas sobre la capacidad del gobierno para financiar adecuadamente la reindustrialización”, plantea Rodríguez.
La insuficiencia de recursos podría socavar la implementación efectiva de la política, dejando preguntas sobre la viabilidad financiera a largo plazo.
Otro punto crítico es la falta de capacidad institucional del Estado para ejecutar de manera efectiva el plan de reindustrialización, reconocida en diversas entrevistas por el Director del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González.
También le puede interesar: La deuda externa de Colombia no para de crecer
Desafíos de la política de reindustrialización
La presencia de intereses políticos regionales, dados los últimos resultados electorales y las complicaciones para comprometer a todas las entidades estatales plantean un reto significativo en los planes del gobierno.
La política de reindustrialización requiere del concurso de toda la institucionalidad colombiana. Dado que no solo se trata de subsidios para empresas, la falta de voluntad política podría ser un obstáculo significativo.
Por ejemplo, para cambiar la estructura de producción agropecuaria, reducir la dependencia de las importaciones de alimentos y mejorar la competitividad del país, se debe mejorar en temas como las vías terciarias y la oferta de servicios públicos y financieros.
De acuerdo con Giovanni Franco Sepúlveda, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, preocupa el sofisma del extractivismo y la necesidad de enfocarse en la actividad minera, desde la exploración hasta la refinación.
Al respecto, el académico propone evaluar el progreso en la exploración geológica y la posibilidad de una refinadora regional, y cuestiona si la economía de minerales puede sustituir las rentas de hidrocarburos a largo plazo.
Además, Franco plantea interrogantes sobre la infraestructura necesaria y destaca la necesidad de abordar la reindustrialización desde diversas perspectivas, incluyendo las de la geología, la minería, la economía, las comunidades, el medio ambiente y la infraestructura.