Los polémicos 7 puntos que el uribismo incluyó en la Ley Estatutaria de Educación, y por los que Fecode pide no aprobarla

El proyecto de Ley Estatutaria de Educación, con la que se busca regular el derecho fundamental a la educación, fue aprobado en tercer debate y ahora solo necesita un último debate en la plenaria del Senado antes del 20 de junio para convertirse en ley.
El proyecto de ley obtuvo la aprobación de 44 artículos por unanimidad entre todos los sectores políticos, incluyendo al petrismo, el uribismo y el vargasllerismo.
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En efecto, tras negociaciones entre los distintos sectores políticos, se logró unificar diversas ponencias y llegar a un consenso entre el gobierno y la oposición, con lo que esta se convirtió en la primera reforma en curso que cuenta con el respaldo de la oposición.
Lo aprobado, sin embargo, ha suscitado una dura polémica. Mientras la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la Ministra de Educación de Petro, destacando que se dejaron espacios para incluir diferentes visiones de la educación, Fecode y ASPU plantearon duras críticas y pidieron archivar el proyecto.
Fecode lamentó no haber sido consultado y afirmó que el texto aprobado minimiza la lucha histórica de más de 32 años liderada por el Movimiento Pedagógico y Fecode en defensa del derecho a la educación.
En un comunicado público, expresó su contundente rechazo a los acuerdos realizados a puerta cerrada, los cuales, según la Federación, desestiman realidades territoriales, limitan derechos adquiridos y coartan libertades democráticas, al tiempo que promueven los intereses de quienes ven la educación como un negocio.
En sus palabras, “la Federación se opone firmemente a toda iniciativa de privatización impulsada por sectores de la derecha y la ultraderecha del país”. Incluso, se habla de la posibilidad de que cite a paro.
Los 7 puntos que ha defendido el uribismo y fueron incluidos en la Ley Estatutaria de Educación
Fecode es fuerte en su declaración y lo tilda de ser un proyecto neoliberal y regresivo que busca señalar, estigmatizar y golpear a la Federación y a los maestros, a la par que atenta contra la profesión docente y afecta el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad. Estos son los 7 puntos más controversiales:
- No garantiza la financiación para la educación pública: Tanto Fecode como ASPU han criticado que la ley estatutaria de educación que se aprobó no se compromete a tramitar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) para garantizar la financiación adecuada de la educación pública, a pesar de que esta ha sido un punto clave en los acuerdos con Fecode.
- Implica un grave retroceso en los esfuerzos por que la educación pública sea administrada directamente por el Estado: El proyecto de ley estatutaria de educación asegura la educación concesionada, con lo que le entrega los recursos de la educación pública a concesionarios privados para que administren las instituciones.
Para Fecode, los colegios en concesión constituyen un mecanismo para avanzar en la privatización de la educación y reducir la responsabilidad que tiene la nación de garantizar la educación presencial y la infraestructura física en las regiones más apartadas del país. Además, conlleva la negación de derechos para los docentes y recortes en el bienestar estudiantil. - Creación de bonos escolares o «vouchers»: en la Ley Estatutaria que consensuaron los congresistas afines al Gobierno, al uribismo y al vargasllerismo fue incluida la bandera de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Los bonos escolares o vouchers son cheques que se les entregarían a los padres de niños en edad escolar para que cubran los costos escolares —o parte de ellos— en determinados colegios privados.
Para Fecode, estos bonos constituyen la manera de utilizar fondos públicos para financiar la educación privada, reducir el gasto en educación y desmejorar la calidad educativa.
La Federación ha insistido en que los vouchers no cubrirían costos de colegios privados de alta calidad, sino que se destinarían a colegios privados “de garaje”. Además, ha dicho que los docentes de los colegios privados que eduquen a estos niños no estarían en los regímenes laborales del magisterio, con lo que se afectarán sus derechos laborales. - Reducción de la educación a un servicio público esencial: Este punto ha sido impulsado por la senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, y quedó incluido en el proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad el pasado miércoles.
Al declarar la educación como un servicio público esencial, el derecho a la protesta y a la movilización pacífica del magisterio se ve seriamente limitado. - Desconoce el preescolar de tres grados: el texto de la ley estatutaria de educación que se aprobó niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín en los colegios oficiales del país, un punto que ha sido defendido por los maestros desde hace años y con el que el Gobierno se había comprometido.
- Duro golpe a la libertad de cátedra y la autonomía institucional: de acuerdo con Fecode, el texto aprobado viola la Ley General de Educación, pues mantiene la educación por competencias y el currículo único, que vulneran la autonomía escolar y la libertad de cátedra.
- Subordina la evaluación docente a resultados externos: el texto aprobado cumple con la exigencia de la OCDE de evaluar la educación y a los docentes de acuerdo con los resultados de pruebas externas y de Estado.
Para Fecode, esto convierte la evaluación docente en una evaluación punitiva, desconociendo su carácter pedagógico transformador y constructivo, a la par que dificulta que los docentes puedan ascender o reubicarse en el escalafón.
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Además de los puntos anteriores, Fecode también rechazó la creación de aparatos burocráticos que considera innecesarios, como la propuesta de la Superintendencia de Educación, que duplicaría funciones ya asignadas al Ministerio de Educación Nacional.
Asimismo, denunció que la educación de los jóvenes adultos se relegó y se limita erróneamente a la alfabetización, a la población en extraedad y a cursos de actualización, en lugar de fortalecerla como parte integral de la educación formal, conducente a la obtención de títulos.

¿Qué dicen los profesores universitarios sobre la ley estatutaria de educación?
Por su parte, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) afirmó que los cambios incluidos en el proyecto de Ley aprobado representan un grave retroceso para la democracia y la autonomía universitaria en Colombia.
En un comunicado emitido el 6 de junio, ASPU manifestó que estas modificaciones contravienen la esencia del proyecto original y desconocen el papel del Estado como garante del derecho a la educación superior. Según indicó, la financiación necesaria para las instituciones públicas no está asegurada, y en su lugar se propone una financiación compartida con instituciones privadas, que operan mayoritariamente con fines de lucro.
La asociación hizo un llamado urgente a los parlamentarios para que rectifiquen y retomen la esencia del Proyecto de Ley Estatutaria de Educación, que propendía por una educación superior pública, de alta calidad y accesible para todos, y subrayaba que la educación privada debe ser complementaria a la pública.
Finalmente, la ASPU solicitó a todos los actores involucrados, incluyendo estudiantes, docentes, académicos y ciudadanos en general, que se mantengan activos en la defensa del derecho a una educación superior pública y de calidad.
¿Qué falta en el proceso de la Ley Estatutaria de Educación?
Dado el reducido margen de tiempo antes del último debate en plenaria del Senado, programado para el 17 de junio, tanto Fecode como ASPU han llamado al Gobierno Nacional a no permitir la aprobación del proyecto ley estatutaria de educación y convocó a iniciar una amplia movilización en torno a un nuevo diálogo social participativo para consolidar y garantizar la educación como un derecho fundamental.
“Hacemos un llamado al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y a diversos sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, indígenas, campesinos, estudiantiles, universitarios y otros, a unirse para defender la Educación Pública Colombiana como un bien común y un derecho fundamental, que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado”, expresó Fecode.
Fecode declara estado de alerta máxima ante el proyecto de Ley Estatutaria de Educación
Fecode declaró el estado de alerta máxima para el magisterio colombiano y convocó el 10 de junio a Junta Nacional Virtual,como la máxima instancia de decisión jerárquica, por considerar que “las diferentes bancadas conciliaron un texto que desvirtúa la esencia, el espíritu y el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, garantizada y financiada por el Estado”.