Crisis financiera de la Universidad de Antioquia: el reflejo del colapso en la educación superior pública
La crisis financiera de la Universidad de Antioquia simboliza el deterioro estructural de la educación superior pública en Colombia. Con un déficit proyectado de más de $180.000 millones en 2025 y un hueco acumulado que ronda los $450.000 millones.
La segunda universidad estatal más importante del país enfrenta una de las coyunturas más críticas de su historia. La situación ha derivado en una vigilancia especial del Ministerio de Educación por “deterioro de liquidez” y “dificultades en el manejo presupuestal”, además de una profunda crisis de gobernabilidad.
El caso de la UdeA, más que una excepción, es el síntoma de un modelo de financiamiento universitario agotado, basado en la Ley 30 de 1992, que no ha sido actualizado para responder al crecimiento de los costos operativos, la expansión de la cobertura y los nuevos mandatos laborales impuestos por el Gobierno Nacional.
La crisis financiera de la Universidad de Antioquia es, según la Contraloría General de la República, la evidencia más visible de un colapso estructural que amenaza a todas las universidades públicas. A la falta de recursos se suman pasivos pensionales multimillonarios, un régimen salarial docente sin respaldo presupuestal y la presión de políticas de gratuidad que desestabilizan los flujos de caja institucionales.
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Un modelo agotado: la Ley 30 de 1992 y el déficit estructural
Expertos coinciden en que la raíz del problema está en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que definen la financiación de las universidades públicas. Durante más de tres décadas, el presupuesto base ha crecido solo al ritmo del IPC, sin considerar los aumentos en cobertura, calidad ni costos laborales.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, promotora de una reforma a la ley, advierte: “Queremos resolver estructuralmente este problema. Necesitamos reformar la ley para no tener que estar marchando cada cuatro años”. Por su parte, el rector John Jairo Arboleda ha insistido en que “mientras no se modifique la Ley 30, el hueco financiero seguirá creciendo. Se requiere un incremento por encima del IPC de al menos cinco puntos porcentuales”.
El peso invisible de los pasivos pensionales y salarios docentes
Uno de los factores que más pesan del déficit presupuestal universitario es el pasivo pensional. La Contraloría reveló que solo tres universidades, la Nacional, la del Valle y la de Antioquia, acumulan una deuda conjunta de $8,3 billones. De esa cifra, $4,5 billones corresponden a la Universidad Nacional, pero la UdeA enfrenta una carga proporcionalmente insostenible.
A ello se suman los incrementos salariales derivados del régimen docente del Decreto 1279 de 2002, que permite aumentos por productividad académica sin financiación del Gobierno. En la Universidad de Antioquia, el gasto por este concepto creció un 76% entre 2017 y 2024, pasando de $10.364 millones a $18.239 millones.
La formalización laboral del Decreto 391 de 2025, que busca vincular de manera permanente a personal contratado, añade una presión de $2,9 billones al sistema universitario sin fuente presupuestal definida.
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Gratuidad y cobertura: políticas sin respaldo financiero
La política de gratuidad, establecida en el Decreto 2271 de 2023, introdujo un nuevo esquema de giros: el 80% de los recursos se entrega al inicio del semestre y el 20% restante tras validaciones académicas. En la práctica, el primer desembolso suele efectuarse después de iniciado el calendario académico, lo que genera incertidumbre financiera.
“Si bien los recursos crecieron 9% por encima de la inflación, el gobierno está presionando a las universidades para que aumenten cobertura… Lo que vas a terminar haciendo es que colapse el sistema”, advierte Pedraza.
Medidas de contingencia
Para sobrevivir, la UdeA ha implementado medidas de emergencia:
- Créditos: préstamos por $90.000 millones del IDEA en 2024 y un nuevo empréstito por $54.000 millones autorizado por el Consejo Superior en 2025.
- Venta de activos: plan para vender 22 inmuebles avaluados en $100.000 millones, de los cuales se espera recaudar $34.000 millones este año.
- Recortes académicos y austeridad: reducción de 23.000 horas cátedra y congelamiento de nuevos proyectos.
- Gestiones con el Gobierno local: el gobernador Andrés Julián Rendón ha cuestionado la “burocracia excesiva” y exigido mayor austeridad.
Gobernabilidad en crisis y pulso político
A la asfixia financiera se suma una crisis de gobernabilidad. El rector Arboleda enfrenta la oposición de seis de los nueve miembros del Consejo Superior Universitario, incluidos los delegados del Presidente, el Ministerio de Educación y el Gobernador. Este bloqueo político ha paralizado la aprobación de nuevas transferencias, agravando la falta de liquidez.
Fuentes del Ministerio de Educación indicaron que no se desembolsarán recursos adicionales hasta que la universidad resuelva su crisis de dirección. Paralelamente, la Gobernación de Antioquia ha condicionado nuevos aportes a un cambio en el liderazgo institucional.
Intervención del Ministerio de Educación
Ante el deterioro financiero, el Ministerio de Educación decretó vigilancia especial sobre la Universidad de Antioquia en agosto de 2025. La resolución 016105 cita “dificultades en el manejo presupuestal” y discrepancias contables entre los estados financieros y los datos reportados al SNIES.
Las medidas incluyen:
- Designación de una inspectora in situ, Angielly Paola Martínez Ruiz.
- Implementación de un plan de mejoramiento financiero y administrativo.
- Monitoreo permanente del flujo de caja y la gestión presupuestal.
Hacia una reforma estructural
El consenso entre la Contraloría, los congresistas y los rectores es unánime: sin una reforma estructural de la Ley 30 de 1992, el sistema de educación superior pública no será sostenible.
Las propuestas incluyen:
- Incrementar la inversión pública hasta alcanzar el 1% del PIB en un plazo de diez años.
- Incorporar los recursos de gratuidad a la base presupuestal de las universidades.
- Crear un fondo de estabilización para atender los pasivos pensionales.
Sin un cambio de fondo, advierte la Contraloría, la crisis financiera de la Universidad de Antioquia será solo el preludio de un colapso sistémico que pondrá en riesgo el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad en Colombia.
