Altas tarifas de energía y posible racionamiento: procuraduría y contraloría piden respuestas al Gobierno

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República enviaron una carta al Ministerio de Minas y Energía. En el documento, los entes de control solicitaron información detallada sobre varios temas que afectan las tarifas de energía.

Exigieron datos específicos sobre los pagos efectuados hasta el 29 de enero de 2025, relacionados con los subsidios causados en el último trimestre de 2024 y las deudas pendientes de ese mismo periodo. Solicitaron un cuadro que identifique a los beneficiarios, fechas, resoluciones y comprobantes de pago.

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Requirieron un plan detallado que incluya actividades, cronograma, responsables y recursos destinados a mejorar la capacidad de generación de energía en la región Caribe, con el objetivo de evitar posibles apagones. 

Pidieron un informe sobre el estado actual de los proyectos eólicos en La Guajira, especificando el nombre de cada proyecto y su situación actual. 

Además, la Contraloría General ha convocado al ministro de Minas y Energía y al ministro de Hacienda, solicitando la presencia de la Procuraduría y de gremios del sector minero-energético, para realizar mesas de trabajo que busquen soluciones frente a la inminencia de un posible racionamiento energético. 

El Ministerio de Minas y Energía tiene un plazo de cinco días para proporcionar la información solicitada.

Aunque el presidente Gustavo Petro prometió durante campaña que reduciría las tarifas de energía, hasta ahora no ha habido resultados en esta materia. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos denuncia que no ha cambiado la regulación que mantiene los altos costos, especialmente en la Costa Caribe.

Medidas que se deberían tomar para reducir las tarifas de energía

Para reducir las tarifas de energía en Colombia, especialmente en la Costa Caribe, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos ha dicho que se deben tomar las siguientes medidas.

En primer lugar, acatar las medidas del Tribunal del Atlántico de eliminar los costos adicionales que encarecen las tarifas de energía en la región. Acatar esta sentencia implicaría eliminar los sobrecostos injustificados incluidos en las facturas, como cargos por pérdidas y otros recargos que afectan desproporcionadamente a los usuarios.

Revisar y modificar la fórmula tarifaria utilizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que actualmente favorece a las empresas privadas y mantiene costos elevados. Garantizar una facturación más transparente, sin cobros arbitrarios ni estructuras de precios que perjudiquen a los consumidores.

De acuerdo con la Liga, si el Gobierno cumple con esta orden judicial, las tarifas podrían disminuir de manera inmediata, beneficiando a millones de usuarios en la región.

En segundo lugar, la Liga de Usuarios insiste en que el Gobierno pague la deuda de la opción tarifaria que supera los $3,4 billones y ha puesto en crisis a las empresas comercializadoras de energía. Además, eliminar el esquema de deuda diferida, para que los usuarios dejen de acumular saldos pendientes que generan intereses y encarecen aún más las facturas.

Finalmente, los usuarios piden que la CREG reduzca las altas tasas de rentabilidad de la cadena eléctrica. Compromiso que el presidente Petro asumió en campaña, pero que se ha visto entorpecido por la falta de voluntad en los nombramientos de los comisionados.

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¿Cuál es el estado de los subsidios?

Los subsidios a la energía en Colombia están diseñados para ayudar a los hogares de bajos ingresos a pagar las tarifas de electricidad y gas. Funcionan mediante descuentos en la tarifa, aplicados según el estrato socioeconómico del usuario.

El subsidio se otorga según el estrato de la vivienda. El estrato 1 recibe hasta un 60% de subsidio en la factura, el estrato 2, hasta un 50% de subsidio, el estrato 3, hasta un 15% de subsidio.

Estratos 4, 5 y 6: No reciben subsidio y, en cambio, pagan una contribución que financia a los hogares subsidiados.

Los recursos para estos subsidios provienen de las contribuciones de los estratos altos (4, 5 y 6) y del sector industrial y comercial. Además de los Fondos del Gobierno Nacional, a través del Presupuesto General de la Nación.

Según la Procuraduría y la Contraloría, el Ministerio de Minas y Energía tiene deudas pendientes con las empresas que prestan el servicio de energía. Esto afecta la sostenibilidad financiera del sector y podría generar aumentos en las tarifas o riesgos de racionamiento si las empresas no pueden operar normalmente.

En su carta, los organismos de control exigieron detalles sobre los giros realizados y las deudas acumuladas, ya que el retraso en los pagos afecta directamente a las empresas y, por ende, a los usuarios.