Consulta popular de Petro costaría hasta $700 mil millones y deberá superar al Congreso y las urnas
El Gobierno de Gustavo Petro presentó las 12 preguntas de la consulta popular laboral que busca revivir la reforma archivada en el Congreso. La iniciativa costaría hasta 700.000 millones y debe ser aprobada por el Senado.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó este martes las 12 preguntas que conformarán la consulta popular que busca revivir la reforma laboral previamente archivada en el Congreso. La iniciativa será radicada oficialmente el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ante el Senado, y, si es aprobada, podría ser votada entre septiembre y octubre de este año.
Con esta consulta, el Ejecutivo propone llevar directamente a las urnas un conjunto de medidas laborales y sociales que abarcan desde la jornada de trabajo hasta la formalización de trabajadores informales, pasando por el régimen laboral en el campo y la inclusión de jóvenes y personas con discapacidad.
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Costos y viabilidad
La consulta popular tendría un costo estimado entre 500.000 y 700.000 millones de pesos, una suma que ha generado inquietud en sectores políticos y sociales, especialmente en un contexto de restricciones fiscales. Según el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, el costo podría alcanzar los 700.000 millones, lo que implicaría ajustes presupuestales importantes.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Fabián Prada, proyectó un gasto de entre 500.000 y 600.000 millones de pesos, considerando factores como el aumento del censo electoral, la inflación y la complejidad de las preguntas. El exregistrador Alfonso Portela sugirió un rango más bajo, entre 400.000 y 500.000 millones, dependiendo de la logística y la cantidad de preguntas.
Entre los factores que influyen en el costo se encuentran la impresión de material electoral para un censo que ha crecido en casi cinco millones de personas desde 2018, la capacitación de jurados y comisiones escrutadoras, la seguridad en todo el territorio y las campañas pedagógicas para informar a la ciudadanía.
En contraste, algunos sectores han señalado que los recursos podrían destinarse a cubrir deudas en el sistema de salud, que superan el billón de pesos.
Además, la viabilidad jurídica y política de la consulta popular no está garantizada: luego de su radicación el 1 de mayo, el Congreso deberá discutir si aprueba o no que esta se realice. El Legislativo será el que tenga la última palabra sobre si la ciudadanía podrá votar la iniciativa en las urnas.
¿Qué necesita para ganar?
Para que la consulta popular sea válida y sus resultados vinculantes, deben cumplirse dos requisitos fundamentales:
- Umbral de participación: al menos el 33% del censo electoral debe acudir a las urnas, lo que equivale a 13.654.457 personas.
- Mayoría simple de votos “Sí”: cada pregunta se aprueba si más del 50% de los votos válidos son afirmativos.
En otras palabras, la consulta sólo tendrá efecto si logra movilizar a más de 13,6 millones de votantes y obtiene un respaldo mayoritario en cada uno de los puntos.
Luego, las iniciativas que se aprueben deberán pasar nuevamente por el Congreso.
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¿Consulta popular o estrategia electoral?
Más allá de su contenido normativo, diversos analistas y sectores políticos coinciden en que la consulta también cumple una función estratégica de cara al calendario electoral de 2026.
El exigente umbral de participación convierte esta consulta en un desafío movilizador para la base del petrismo. Alcanzar los 13,6 millones de votantes requerirá una intensa campaña de activismo, que podría tener beneficios colaterales para la consolidación del proyecto político del Gobierno.
Tras el fracaso de la reforma laboral en el Congreso, el presidente opta por apelar directamente a sus bases. Esta estrategia posiciona al Gobierno en una narrativa de confrontación con las élites políticas y económicas, reforzando su imagen de defensor de los sectores populares.
Desde su anuncio, la consulta popular ha ocupado la agenda informativa, permitiendo al Gobierno mantenerse en el centro del debate público. Las marchas previstas, las campañas pedagógicas y los mensajes oficiales funcionan como una campaña electoral anticipada.
Aunque el costo es elevado y ha generado críticas, el oficialismo podría considerar que los beneficios políticos de una eventual victoria —o incluso de la movilización— justifican la inversión. Sin embargo, un eventual fracaso podría representar un desgaste significativo en términos de legitimidad.
Las 12 preguntas de la consulta popular
Las preguntas están diseñadas para ser respondidas con un “Sí” o un “No”, y abordan de manera puntual temas laborales sensibles para la población. A continuación, se detallan:
- ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
- ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
- ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
- ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por períodos menstruales incapacitantes?
- ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
- ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
- ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
- ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
- ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
- ¿Está de acuerdo con la creación de un fondo pensional para campesinos?