En los últimos años, las universidades colombianas han visto con preocupación la disminución cada vez más creciente de las matrículas universitarias, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Según los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), hasta el año 2018 la tasa de crecimiento de las matrículas oscilaba entre un 4% y 7% anual, mientras que en el año 2022 fue del 0,7%, reduciéndose al 0,4% en el 2023.

Son múltiples las razones que se han dado para explicar esta baja de las matrículas universitarias. En una entrevista que dio en el mes de agosto del año anterior, el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), señor Óscar Domínguez, mencionó entre las posibles causas de esta crisis:

• La reducción de la población apta para ingresar a las universidades, entre los 17 y 21 años.
• Dificultades financieras para acceder al nivel de educación superior. No obstante los programas de matrícula cero promovidas por los últimos gobiernos en las universidades públicas, de los 540.000 jóvenes que se gradúan de bachillerato cada año, solo 190.000 ingresan a la universidad.
• Igualmente, el directivo de esta asociación menciona que existen otras opciones de formación que permiten ingresar al mercado laboral en forma más rápida que realizando una carrera profesional, como es el caso de los programas tecnológicos.
• Finalmente, menciona como causas de la crisis de las matrículas la deficiente formación en la educación media y una orientación profesional inadecuada que contribuye a los altos índices de deserción, los cuales se reflejan en los bajos resultados de las pruebas PISA, que a su vez evidencian limitaciones en habilidades matemáticas, de comprensión de lectura y ausencia de un segundo idioma.

El ambiente cultural que hoy predomina en la juventud, de aspirar a ser influencer para ganar dinero en forma muy rápida, sin necesidad de formarse profesionalmente en una universidad, también contribuye a agravar la crisis de las matrículas universitarias.

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A esto se suma el impacto de la inteligencia artificial que hoy parece permear todos los ámbitos de la sociedad moderna, hasta el punto de que el señor Elon Musk ya predijo que en poco tiempo la inteligencia artificial superará a los médicos y abogados y eventualmente a todos los humanos en casi todas sus actividades. 

Ante estas revelaciones, ¿qué joven va a tener alguna motivación para formarse como médico o abogado, dos de las profesiones que tradicional e históricamente han despertado el interés de los estudiantes universitarios?

Sin embargo, hay un hecho que no se ha analizado suficientemente y que de igual forma contribuye a agudizar la baja de las matrículas, como es la competencia desleal de las universidades europeas, especialmente las españolas que están ofreciendo programas de maestría online con unos costos inferiores al cincuenta por ciento (50%) del valor de las matrículas que cobran las universidades colombianas, por períodos de solo un año, sin mayores requisitos académicos y sin exigir la presencia física del estudiante por períodos cortos en la sede de la universidad ofertante.

Esta oferta académica proviene de varios tipos de universidades, algunas de prestigio, pero la mayoría solo interesadas en el afán de lucro. Así, tenemos que circulan en internet múltiples ofertas de maestrías en universidades españolas. 

Encontré una que me llamó la atención de una universidad online, denominada Universidad Internacional de la Rioja – UNIR, que promociona sus veintinueve programas de posgrado en el área del derecho con la siguiente frase: “CONVIERTETE EN UN EXPERTO JURISTA, EN SOLO UN AÑO CON NUESTRAS MAESTRIAS OFICIALES CONVALIDABLES POR EL MEN”. 

Dicha universidad adiciona su oferta con la promesa futura de realizar prácticas profesionales en prestigiosos bufetes de abogados en Colombia, ofreciendo becas hasta del 60% y garantizando la convalidación del título por parte del Ministerio de Educación Nacional en Colombia.

La pregunta es si esta oferta académica extranjera tiene un respaldo legal y si es posible que el Estado colombiano acepte esta competencia absolutamente desleal, ya que los que estamos en el mundo académico sabemos lo difícil que es estructurar una maestría en Colombia y someterse a los largos y exigentes trámites que exigen la ley colombiana y el Ministerio de Educación Nacional para su aprobación.

La respuesta es muy sencilla: sí es legalmente posible que las universidades extranjeras ofrezcan en Colombia programas de posgrado online —especialmente maestrías— y que estos sean convalidados por el Ministerio de Educación Nacional en virtud de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio celebrado por el Estado Colombiano y Perú con la Unión Europea en el año 2012, aprobado mediante la ley 1669 de 2013, y mediante el cual se liberalizaron los servicios de enseñanza.

Así tenemos que este Tratado de Libre Comercio establece en el artículo 118 del capítulo 3 sobre suministro transfronterizo de servicios, que se aplica a todos los sectores de servicios, con excepción de los servicios audiovisuales, los de cabotaje marítimo nacional y los servicios de transporte aéreo nacional e internacional regulares y no regulares, de tal manera que los servicios de educación y enseñanza quedaron liberalizados en virtud de este Tratado de Libre Comercio.

En el anexo VIII de dicho Tratado de Libre Comercio se establece el listado de compromisos sobre el suministro transfronterizo de servicios, pero Colombia no hizo ninguna reserva sobre los servicios de enseñanza, siguiendo básicamente los lineamientos consagrados en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios – AGCS, del cual hace parte el Estado Colombiano, al haber aprobado el acuerdo que creó la Organización Mundial de Comercio, mediante la Ley 170 de 1994. 

La educación constituye uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se edifica la identidad y la cultura de una nación. Tanto la Constitución Política como la ley la consideran un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, como lo dispone claramente el artículo 67 de la carta política y la Ley 30 de 1992.

Al desarrollar este principio constitucional, la Ley 30 de 1992 establece en su artículo 2º que la “La educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”. Así lo ha ratificado en diversas sentencias la Corte Constitucional, al afirmar que la educación es un derecho fundamental que merece una protección especial por parte del Estado.

Sin embargo, estos principios constitucionales y legales no fueron tenidos en cuenta por los negociadores de los Tratados de Libre Comercio, que no protegieron los servicios de enseñanza, permitiendo su libre comercialización por parte de los estados de la Unión Europea, como sí lo hicieron con los servicios audiovisuales y los servicios públicos de transporte marítimo y aéreo, respecto  de los cuales se estableció la excepción.

Por lo tanto, es imperioso que las universidades colombianas, a través de su asociación, promuevan una revisión del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que proteja los servicios de enseñanza y ponga fin a esa competencia desleal que están ejerciendo las universidades españolas en nuestro país.   

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