Intenso debate por la viabilidad de la reforma pensional 2024: Procuraduría vs. Ministerio de Hacienda
La discusión sobre la viabilidad de la reforma pensional 2024 ha generado un intenso debate en el país, con posiciones divergentes entre la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda.
Mientras la Procuraduría advierte sobre la inviabilidad de la reforma sin una revisión profunda, el Ministerio de Hacienda asegura que es financieramente viable, a pesar de sus altos costos.
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La advertencia de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación, encabezada por Margarita Cabello Blanco, ha manifestado su preocupación sobre la viabilidad de la reforma pensional 2024 tal como está planteada. En una carta dirigida a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la entidad subrayó algunos puntos cruciales que deben ajustarse para evitar que la reforma se vuelva inviable.
Entre los reparos mencionados, la Procuraduría destaca que al menos 45 temas estructurales del sistema podrían vulnerar los derechos de los afiliados, generar altos niveles de judicialización y presentar vacíos técnicos y financieros.
Además, la entidad enfatiza que Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa y operativa para manejar el traslado de cerca de 19 millones de personas, como lo exige la reforma pensional 2024.
La Procuraduría también hizo un llamado para que el Ministerio de Hacienda y el Congreso consideren el costo fiscal que generaría este proyecto en el Presupuesto General de la Nación.
Señaló que “el Ministerio de Trabajo y el Congreso deben tener en cuenta que actualmente y de cara al 1 de julio de 2025, Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma”. Por ello, sugirió una implementación gradual a partir de 2026.
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El aval fiscal del Ministerio de Hacienda
Contrario a la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda ha dado su aval fiscal a la reforma pensional 2024, argumentando que es financieramente viable hasta el año 2067, cuando el único impacto fiscal provendría del esfuerzo adicional asociado al pilar solidario.
No obstante, las cifras publicadas en el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda advierten que el déficit del sistema aumentaría en un 34% hacia 2100. Al pasar del 87,67% del PIB sin reforma, al 121,13% del PIB con la reforma.
El Ministerio ha sostenido que la propuesta es compatible con las proyecciones fiscales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), asegurando que las disposiciones del articulado se ajustan a las restricciones fiscales actuales y proyectadas.
Además, el Ministerio destaca en el documento los “altísimos beneficios sociales” y la alineación con los principios del Estado Social de Derecho como justificación para la inversión.
Impacto económico y social de la reforma pensional 2024
El concepto de impacto fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda a la Cámara de Representantes indica que el costo fiscal de la reforma será del 5,3% del PIB para 2070, ascendiendo a $78,5 billones.
Hacia 2100, el costo aumentaría a $500 billones, representando el 33,46% del PIB. Esto incluye un gasto adicional de $78,4 billones hasta 2070 y de $500 billones hasta 2100 en comparación con el sistema actual.
Este aumento en el déficit y los altos costos proyectados han generado preocupación entre expertos. El exministro, José Manuel Restrepo, alerta que “Los jóvenes terminarán pagando esto o con más aportes de pensión (mínimo dos veces el aporte actual), o con nuevas reformas tributarias (mínimo 4 reformas tributarias adicionales) o con otra reforma pensional (para cambiar parámetros como elevar la edad de pensión)”
Además, el exministro asegura que el gasto presentado en el concepto fiscal no está en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto de Largo Plazo.
La viabilidad de la reforma pensional 2024 depende de un equilibrio entre los beneficios sociales y las restricciones fiscales. Mientras la Procuraduría advierte sobre riesgos significativos y la necesidad de ajustes, el Ministerio de Hacienda insiste en que la reforma es compatible con las proyecciones fiscales y los principios de equidad social.
