¿El regreso del fracking a Colombia? Del «no» rotundo al «tal vez» y al “sí”

 

Si en los últimos meses ha sentido un golpe en el bolsillo al pagar la factura del gas, no está solo. Este drástico aumento es más que una simple preocupación económica; es el síntoma de una crisis energética que está reavivando uno de los debates más polarizantes del país: el fracking.

Una técnica que parecía políticamente enterrada vuelve a estar sobre la mesa. Pero las razones de este regreso no son sencillas y, a menudo, resultan sorprendentes. A continuación, exploramos los cuatro puntos más impactantes que explican por qué el fracking ha vuelto a la agenda nacional.

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1. El gesto político: cuando «jamás» se convierte en «lo estoy estudiando»

El cambio más visible ha ocurrido en la arena política. Posturas que antes eran firmemente anti-fracking hoy se han vuelto ambiguas o, en algunos casos, abiertamente favorables.

En su campaña de 2018, el entonces candidato Iván Duque fue categórico: «en Colombia no se hará fracking». Sin embargo, una vez en el gobierno, su postura cambió. 

Convencido por su ministra de Minas, María Fernanda Suárez, convocó a una comisión de expertos nacionales e internacionales. Siguiendo la recomendación de este panel, Duque impulsó proyectos piloto para estudiar los impactos de la técnica. Aunque los proyectos nunca llegaron a empezar por la fuerte oposición de grupos como el sindicato de Ecopetrol y la Alianza Colombia Libre de Fracking, marcaron un primer giro. 

El ejemplo más vehemente de este cambio es el de Claudia López. Durante su campaña a la alcaldía, su posición era intransigente: «en mi gobierno no va a haber fraquing no vamos a dañar el agua y los recursos naturales que tenemos por sacar unos cunchos de petróleo».

Hoy, su discurso es radicalmente diferente. Justifica su cambio de opinión argumentando que la tecnología ha avanzado, permitiendo un «fracking responsable», y subraya la necesidad de tener energía barata y confiable para la industrialización del país.

Este viraje no es un caso aislado. Sergio Fajardo, quien en 2018 dijo «no» al fracking, ahora responde que «lo estoy estudiando». Esto revela un cambio fundamental en el cálculo político: el dolor económico por la energía cara comienza a pesar más que el costo electoral de adoptar una postura que muchos sectores califican como anti  ambiental. 

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2. La razón de fondo: su factura del gas lo explica todo

El principal motor de este cambio no es ideológico, sino pragmático y económico. La discusión ha bajado de las altas esferas políticas para aterrizar en la realidad cotidiana de los colombianos.

El dato clave es que Colombia ya está importando alrededor del 18% del gas que consume diariamente. Este déficit tiene un impacto directo y tangible. Las facturas de gas, que antes rondaban los $15.000 o $20.000, se han triplicado, llegando a costar $60.000 o $70.000. Este golpe al bolsillo ha transformado la percepción pública sobre la seguridad energética.

El desabastecimiento de gas dejó de ser un problema teórico y futuro para convertirse en una preocupación presente y personal para miles de familias. Esta nueva realidad económica presiona a los políticos, quienes deben responder a la creciente preocupación ciudadana por el alto costo de la energía.

3. La fractura inesperada: la izquierda ya no es un bloque monolítico

Uno de los puntos más contra-intuitivos es la división que ha surgido en sectores de la izquierda, tradicionalmente unificados contra el fracking. Aunque candidatas como Susana Muhamad mantienen una postura firme en contra, han aparecido fisuras importantes en sus bases.

El caso más notorio es el de la Unión Sindical Obrera (USO), el poderoso sindicato de Ecopetrol. Recientemente, su presidente, César Losa, declaró que la USO aceptaba la realización de pilotos de fracking. Su argumento es pragmático y se centra en la seguridad energética.

La USO ha tomado la decisión de decirle sí a los pilotos con rigor técnico con seguimiento de los actores y porque los pilotos pueden decir ‘No, definitivamente en Colombia no es viable el fracking.’

La razón de Losa es el temor a que la disminución de la producción de hidrocarburos termine afectando los empleos de los trabajadores de la industria. Sin embargo, su declaración generó una reacción interna inmediata. Otros miembros del sindicato protestaron, recordando que una asamblea oficial en 2019 había fijado una postura anti-fracking.

Esta división dentro de un actor tan relevante como la USO demuestra la enorme complejidad del debate, donde las preocupaciones laborales y la seguridad energética chocan directamente con las posturas ambientalistas tradicionales.

4. El espejo estadounidense y la paradoja colombiana

El contexto internacional y una curiosa paradoja nacional también están influyendo en el debate. Estados Unidos sirve como un «espejo» para muchos en Colombia. Gracias a la revolución del fracking, EE. UU. pasó de ser un importador crónico de energía a producir, en 2023, más de la que consume.

Esta transformación, lograda en la última década, no solo cambió la geopolítica mundial, sino que también sirve de ejemplo para países que, como Colombia, buscan la autosuficiencia energética. Además, otros gobiernos de la región, incluso de izquierda como el de México o el de Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta, están implementando o explorando el fracking.

Aquí es donde surge la gran paradoja colombiana: Ecopetrol, la empresa estatal, ya obtiene el 15% de su producción total a través del fracking. La clave es que lo hace en Estados Unidos, específicamente en la Cuenca Pérmica (Permian Basin) y una parte de las crecientes importaciones de gas se obtienen por este procedimiento .

Esto crea una contradicción poderosa: las utilidades de Ecopetrol, que pertenecen al Estado colombiano, son impulsadas directamente por una técnica que sigue prohibida en suelo nacional. Este hecho desplaza el debate de un simple «sí o no» a una pregunta mucho más compleja sobre dónde está dispuesto el país a aceptar los riesgos de su consumo energético.

Entre la billetera y el planeta

El debate sobre el fracking ha regresado a Colombia impulsado por una crisis energética real, presiones económicas que afectan a todos los ciudadanos y un panorama político y sindical en plena transformación. Ya no es una discusión de blancos y negros, sino un dilema complejo lleno de matices y contradicciones.

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Frente a la urgencia económica y las serias advertencias ambientales, Colombia tiene el reto de tomar decisiones basadas en la evidencia científica sin las connotaciones ideológicas que han marcado el debate.