El trabajo infantil: ¿en qué y para quién trabajan esos niños?
Manuela Narváez
Voluntaria en el área de educación en Alemania. Apasionada por la enseñanza, la escritura y la defensa de los derechos humanos.
1.843.828 niños afectados por el trabajo infantil en Colombia. La alarmante brecha entre las cifras oficiales y la realidad del trabajo infantil en Colombia exige atención urgente. ¿Cuándo cumplirá el gobierno colombiano sus obligaciones con nuestros niños y niñas?
La diferencia preocupante entre las cifras oficiales de trabajo infantil publicadas por el DANE (2022), en las que figuran un total de 369 mil niños trabajando en Colombia, y la estimación de 1.843.828 niños realizada por los académicos Lichand y Wolf (2022), debería ser motivo de atención nacional.
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Sin embargo, esta desgarradora realidad se ignora en el marco del plan nacional, incluso se la ha dejado por fuera de la reforma laboral, uno de los principales proyectos del gobierno.
Esto resulta especialmente alarmante considerando que es precisamente en las industrias más relevantes para la economía colombiana donde está más presente el trabajo infantil: Ladrillo (arcilla), carbón, café, esmeralda, oro, frutas y caña de azúcar, de acuerdo con el reporte Child Labor and Forced Labor Reports, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
Asimismo, estas industrias son líderes de las exportaciones en Colombia y sus principales destinos son la Unión Europea y los Estados Unidos. Estos países usan esta producción como insumo en sus cadenas de suministro, por lo que son igualmente responsables.
Trabajo infantil: la clave del problema
La deficiente supervisión y el subregistro del trabajo infantil en Colombia dificulta el desarrollo de planes públicos y privados adecuados.
Esto es producto de la metodología inadecuada de las encuestas oficiales. Al estar basadas en encuestas a los padres, la presencia de sesgos en los reportes es significante y las organizaciones no han encontrado una manera de solventar esta imprecisión.
En cambio, en el reporte de Lichand y Wolf, académicos de la universidad de Zürich (actualmente en la universidad de Stanford) y la universidad de Pensilvania respectivamente, demuestra que un estudio que tenga la presencia de terceros neutrales hace una gran diferencia.
Este es el caso de ENVERITAS, la certificadora de cacao y café, utilizado en el estudio ya mencionado como dato novedoso de terceros, que identificó a los niños y niñas que trabajan en este sector mediante imágenes satelitales, inteligencia artificial y algoritmos de machine learning, probando así que los padres no declaraban el trabajo infantil en al menos un 60%.
Tal como demostró la metodología del estudio de Lichand y Wolf, se requiere un seguimiento preciso para tener intervenciones adecuadas. De otro modo, los gobiernos no serán capaces de garantizar los derechos de los niños.
La información precisa es crucial para crear iniciativas nacionales públicas y privadas que aborden el problema real, sea este los bajos salarios, la falta de acceso a la educación o la exclusión social, entre otros.
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¿Quiénes son responsables?
De acuerdo con Rosa D’Amato, diputada al Parlamento Europeo, “desde la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, todos los Estados miembros,… tienen la obligación legal de proteger a los menores en sus cadenas de suministro”.
En ese sentido, el gobierno colombiano es el encargado de garantizar los derechos de los niños y las niñas en el país y de hacer un seguimiento de su bienestar, especialmente si a nivel internacional los países del G7 ignoran este asunto y permiten que las multinacionales se lucren del trabajo infantil.
Las leyes que regulan a los agricultores y fabricantes en Colombia, así como a las grandes empresas que adquieren sus productos a nivel nacional e internacional, son insuficientes.
Aunque existen regulaciones en el papel para los productores colombianos, su aplicación es escasa. Y en el caso de las multinacionales y las grandes empresas, las leyes les permiten desentenderse del origen de sus insumos, eximiéndose de garantizar la transparencia en la cadena de suministro.
¡Cumplan sus promesas!
El trabajo infantil está afectando la vida de 300 millones de niños y niñas alrededor del mundo, vulnerando sus derechos fundamentales, afectando su desarrollo y poniendo en peligro su integridad física y psicológica (OIT, 2023). Esto lo admiten las ONG y las naciones del G7, que han firmado múltiples compromisos para eliminar el trabajo infantil.
Sin embargo, no hay acciones contundentes ni una planeación clara. Hasta ahora, ningún gobierno ha utilizado las herramientas políticas que tiene a su alcance para poner fin a esta tragedia.
Como colombianos, nuestro trabajo está en tener cero tolerancia con el trabajo infantil y en presionar a nuestro gobierno para que tome medidas contundentes.
El gobierno colombiano tiene un compromiso inquebrantable con las infancias de nuestro país, incluyendo a los 1.843.828 niños que trabajan.
Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la agricultura, la industria manufacturera y la minería sigan explotando a nuestros niños y niñas, ni tampoco que las multinacionales, las empresas y las grandes economías globales, como Estados Unidos y la Unión Europea, se sigan lucrando de esto.
Cada niño merece vivir en un mundo en el que sean libres de ser solo niños y de gozar todos sus derechos. Es hora de que el gobierno y la comunidad internacional cumplan con sus obligaciones.
