Escándalos de corrupción ponen en aprietos el Presupuesto de 2025
El gobierno nacional arrancó el 2025 con graves problemas: los escándalos de corrupción no dan tregua y, en el frente fiscal, pues en 2024 el déficit fiscal fue el más alto en 20 años sin contar la pandemia, de 6,8%. Esto genera presiones sobre los gastos que podrá tener el Estado en 2025, un año marcado por la incertidumbre económica, política e internacional.
El desajuste en las finanzas públicas tiene origen en la pandemia y se agravó por cuenta de un manejo irresponsable de la política fiscal, pues el gasto público creció de forma desproporcionada frente al comportamiento de la economía.
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Corrupción y sobreestimación de ingresos y de gastos
Para Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal, el gasto social aumentó durante 2020 y 2021 de forma extraordinaria por cuenta de la pandemia. Esto se financió con deuda pública y no se proyectó su reducción en los años posteriores.
El gobierno actual amplió aún más las necesidades de financiamiento desde su llegada. En septiembre de 2022 el gobierno adicionó $14 billones al presupuesto de 2023, el cual había sido radicado por la administración anterior. Así mismo, se aprobó la reforma tributaria de Ocampo por $20 billones, que fueron adicionados al presupuesto de 2024.
De acuerdo con Jairo Villabona, exdirector de la DIAN, los cálculos que se hicieron en 2024 estuvieron sobreestimados. Los $10 billones esperados por litigios no llegaron por que requería de que el congreso aprobara normas.
Otros $6 billones no llegaron por la caída de la no deducibilidad de las regalías. Por gestión extraordinaria se iban a recoger inicialmente $13,4 billones y antes del primer semestre de 2024 bajaron la proyección a $3,4 billones, es decir $10 billones menos.
En total se sobreestimaron ingresos por al menos $26 billones. Además, la actividad económica tuvo un mal año, creció al 0,6%, lo cual golpeó fuertemente el recaudo general.
De acuerdo con la DIAN, en 2024, se recaudaron $267,2 billones en impuestos, un 4,4 % menos que en 2023 ($279,4 billones). Esta cifra también está por debajo de la meta ajustada de $289 billones del Plan Financiero 2024.
Los recortes serán la norma
El gobierno recortó $28,3 billones del presupuesto de 2024. Este ajuste es inferior al que el mismo gobierno presupuestó en el MFMP de 2024 y, en términos de contabilidad fiscal, el recorte real es de solo $20 billones, pues $8,3 del recorte corresponden a recursos destinados al pago de la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).Ahora estos recursos se conseguirán mediante deuda.
A pesar del recorte presupuestal, a finales de 2024 el gobierno no pudo honrar los compromisos de programas sociales o el pago de la nómina en diversas entidades del Estado, como el DANE o Agrosavia.
Lo más preocupante es que, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el presupuesto deberá ser recortado en más de $40 billones, por lo que según Mauricio Salazar la inversión podría caer hasta un 26% en términos reales.
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Soluciones empantanadas
Colombia hace en promedio una reforma tributaria cada 18 meses. Sin embargo, no se ha incrementado sustancialmente el recaudo en relación con el PIB. De hecho, Colombia recauda poco, entre el 14% y 15% del PIB, mientras que en la OCDE este indicador se encuentra entre el 23% y el 30%.
Para el exdirector de la DIAN Jairo Villabona el sistema tributario está agotado. Pierde cerca de $100 billones por evasión, $50 billones por corrupción y unos $10 billones por contrabando. Controlando el 20% de estos fenómenos se recauda lo de una Reforma Tributaria ambiciosa.
Sin embargo se enfrentan problemas estructurales para atender estos fenómenos. En primer lugar está la infiltración de la DIAN por parte de organizaciones criminales. Entre los escándalos de corrupción que han dado de qué hablar está el de Papá Pitufo, que puso en evidencia el tamaño del problema que lleva más de 30 años.
En segundo lugar, la DIAN no cuenta con el personal necesario para cubrir estos fenómenos. Con la reforma tributaria de Ocampo se aprobó la ampliación de la planta de la DIAN. Sin embargo, los concursos tuvieron problemas.
Hasta 2021 eran unos 10.000 funcionarios y la idea es que a 2027 sean cerca de 20.000 funcionarios. El último concurso fue para la vinculación de 4.700 cargos, el cual se ejecutó por la Comisión Nacional del Servicio Civil. El proceso ha estado plagado de tutelas, más de 1.000.
En tercer lugar, la Dian tiene muchos problemas de tecnología. De acuerdo con Villabona hay más de 120 sistemas de información, muchos de ellos desarticulados, los cuales se deberían reducir.
Recientemente se aprobó un proceso de modernización tecnológica con recursos del BID por USD 250 millones a través del Fondo DIAN. A pesar de los incumplimientos en la ejecución del proyecto, en los últimos meses se logró la aprobación de las partes para prorrogar el cumplimiento de los compromisos pactados, pero los avances son muy pocos.
Por último, la inestabilidad política del gobierno ha jugado en contra del recaudo. Este gobierno ha tenido tres directores, en promedio uno por año, lo cual preocupa teniendo en cuenta que conocer la entidad toma por lo menos un año, según expertos.
En conclusión, como afirma Mauricio Salazar, la deuda pública seguirá creciendo en un contexto de riesgo por la sostenibilidad y eficiencia del Estado.
