La crisis de escasez de medicamentos en Colombia se ha convertido en una de las amenazas más graves para la salud pública y el bienestar general de la población.

En el transcurso de los últimos años, pero, con mayor intensidad en el 2023 y en lo que va del 2024, hemos sido testigos de cómo este fenómeno no solo persiste, sino que se agudiza, afectando desde los tratamientos para afecciones crónicas hasta la disponibilidad de medicamentos esenciales para la vida, como la insulina, el acetaminofén y fármacos oncológicos, entre otros.

Este escenario plantea serios interrogantes sobre la eficacia de nuestras políticas de salud y la capacidad institucional para garantizar el derecho fundamental a la salud.

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La situación en Colombia refleja una problemática global exacerbada por la pandemia de COVID-19, que puso de manifiesto las fragilidades de las cadenas de suministro internacionales y la dependencia excesiva de mercados externos para la provisión de medicamentos.

Sin embargo, el contexto local agrega capas adicionales de complejidad, donde factores como los retrasos burocráticos en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA (por ejemplo, la demora del nombramiento en propiedad de su director durante muchos meses), la falta de políticas efectivas de fomento a la producción nacional, y una regulación inadecuada de precios, confluyen para agravar la crisis.

La escasez de medicamentos en Colombia no es solo un problema logístico o económico; es una crisis de derechos humanos que impacta directamente en la calidad de vida y la dignidad de las personas.

Los efectos son palpables y devastadores: tratamientos interrumpidos, manejo inadecuado de enfermedades crónicas, aumento del riesgo de complicaciones y muertes evitables, y un creciente sentimiento de desesperanza entre pacientes y familias.

Esta situación también profundiza las desigualdades sociales, golpeando con mayor fuerza a las comunidades vulnerables y marginadas, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a alternativas de tratamiento.

La respuesta a esta crisis debe ser multifacética y urgente. Primero, es fundamental fortalecer instituciones como el INVIMA (entidad encargada de ejercer inspección vigilancia y control sobre los alimentos en Colombia y sobre la forma en que estos se anuncian), garantizando su capacidad para actuar de manera eficiente y transparente.

Esto implica no solo agilizar los procesos de aprobación y distribución de medicamentos sino también adoptar un enfoque proactivo en la identificación de riesgos de escasez y en la implementación de estrategias de mitigación.

En segundo lugar, Colombia debe trabajar hacia una mayor independencia farmacéutica. Esto no solo es cuestión de seguridad nacional sino también de soberanía sanitaria.

El fomento de la producción nacional de medicamentos, acompañado de inversiones en investigación y desarrollo, puede ofrecer soluciones duraderas a la dependencia externa y crear un ecosistema de salud más resiliente.

Y, en tercer lugar, pero no menos importante, es esencial promover un diálogo inclusivo y colaborativo entre el gobierno, la industria farmacéutica, los profesionales de la salud y la sociedad civil. Solo a través de la cooperación y la construcción de consensos podremos superar los desafíos actuales y futuros en el acceso a medicamentos.

Así mismo, la crisis de escasez de medicamentos en Colombia es un llamado a la acción para todos los actores del sistema de salud y la sociedad en general. No podemos permanecer indiferentes ante una situación que compromete la salud y la vida de tantas personas.

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Es hora de priorizar la salud pública, de tomar decisiones valientes y de trabajar juntos hacia un futuro donde el acceso a medicamentos no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos.

Por otro lado, la salud de la nación está en vilo, y la solución requiere más que simples ajustes: requiere una revisión profunda de nuestras prioridades, políticas y prácticas. Solo así podremos esperar construir un sistema de salud que esté a la altura de las necesidades de la población colombiana, resiliente ante las crisis y firme en su compromiso con la equidad y la justicia sanitaria.

La crisis actual ofrece una oportunidad crítica para reflexionar sobre el estado de nuestro sistema de salud y la dirección hacia la cual queremos avanzar. La resiliencia sanitaria no se logra únicamente con la acumulación de recursos o la expansión de infraestructuras; se construye sobre la base de sistemas equitativos, políticas previsoras y el compromiso inquebrantable con los derechos humanos.

Nuestro país se encuentra en un punto de inflexión. La acción colectiva, el liderazgo visionario y el compromiso con acciones profundas son imperativos para superar la escasez de medicamentos en Colombia y otras crisis de salud pública.

Y aunque actualmente hay una reforma a la salud en curso, independientemente de su aprobación o archivo en el Congreso, es hora de mirar más allá de las soluciones temporales y de trabajar hacia un sistema de salud que no solo responda a las emergencias del momento, sino que también esté preparado para los desafíos del futuro.

Por último, al abordar la escasez de medicamentos en Colombia con determinación y compasión, el país puede dar pasos significativos hacia un futuro más saludable y equitativo.

Este es un llamado no solo a los responsables de la formulación de políticas y a los profesionales de la salud sino a todos los ciudadanos: la salud es un bien común que debemos proteger y promover juntos. Frente a la adversidad, nuestra resiliencia, solidaridad y capacidad para innovar pueden ser nuestras mayores fortalezas.

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