Fiebre aftosa: en peligro la soberanía sanitaria de Colombia
Enrique Daza
Exsecretario de la Alianza Social Continental y de la Red Colombiana frente al Libre Comercio, Recalca. Director del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo
La vacunación del hato ganadero colombiano contra la fiebre aftosa es una práctica que se ha realizado sistemáticamente, gracias a lo cual Colombia está catalogado como país libre de aftosa con vacunación y ha logrado comercializar los productos de la cadena ganadera en los mercados internacionales.
La fiebre aftosa es una enfermedad viral no zoonótica, es decir que no se transmite al ser humano. Su importancia radica en el alto impacto que tiene en la economía y en la seguridad alimentaria de los países, dado su agresivo y rápido contagio entre los bovinos y demás especies de pezuña hendida —como cerdos, ovejas y cabras—, lo mismo que entre especies silvestres como venados, chigüiros, dantas, etc., las cuales también son susceptibles y pueden ser portadoras del virus.
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Esta vacunación se realiza dos veces al año y las vacunas son suministradas por dos laboratorios nacionales: VECOL, que aporta un 70%, y LIMOR, con el 30% restante. Esto es posible gracias a su gran capacidad instalada, que no solo deja al país con plena soberanía sanitaria en el control de esta importante enfermedad sino que les permite exportar a otros países de la región.
Históricamente, estos dos laboratorios han suministrado las vacunas en forma oportuna, con las calidades requeridas por el ICA y satisfaciendo plenamente los estándares internacionales. A pesar de esto, y debido a irregularidades en las pruebas que realiza en ICA, recientemente se presentó la amenaza de una escasez de vacunas para 2025.
Dentro de estas irregularidades sobresalen los impedimentos para que los laboratorios participen en los procedimientos de inspección, control y verificación de las pruebas, cosa que se ha realizado en el pasado y que es una práctica internacional.
En situaciones similares ocurridas en el pasado, los laboratorios productores han demostrado que las fallas técnicas en los procedimientos del ICA han llevado a rechazar lotes de vacunas que sí cumplían los requisitos técnicos, y por consiguiente se han tenido que revertir las decisiones.
El rechazo de lotes de vacunas tiene importantes efectos tanto sanitarios como económicos y puede precipitar la importación de vacunas. Estas vacunas no solo cuestan cinco veces más que las nacionales, sino que su uso masivo genera el riesgo de que las vacunas no sean las adecuadas para las cepas de aftosa que predominan en el país. Además, se lesionan empresas nacionales que, al tener enormes inversiones y un desarrollo técnico y científico de alto nivel, pueden incurrir en enormes pérdidas que afectan su sobrevivencia.
En caso de que VECOL no esté en capacidad de producir todas las vacunas necesarias para la vacunación de 2025, ya sea por adecuaciones, mantenimientos y/o huelgas, etc., golpear a LIMOR precipitaría las importaciones y se afectaría de materia grave la soberanía sanitaria del país.
Para las pruebas oficiales, los laboratorios presentan al ICA-LANIP (Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios) los lotes de vacunas de aproximadamente 2,5 millones de dosis debidamente cuarentenados, refrigerados y custodiados, y dicha entidad se toma hasta 150 días para su examen.
El ICA hace pruebas sobre una muestra de bovinos cuyas condiciones iniciales no son adecuadamente examinadas, con técnicas y reactivos vulnerables a errores humanos, y cuyos resultados dependen de la debida aplicación de la vacuna, pero también del estado de salud, alimentación y estrés de los animales.
La utilización de pruebas con dudosa calidad técnica, como la prueba ELISA CFL de PANAFTOSA, requiere que se ofrezcan garantías a los laboratorios productores. De ser necesario, se debe hacer una verificación de las pruebas en centros de control de otros países que cuenten con la calidad científica suficiente. Sin embargo, esta posibilidad se le ha negado a LIMOR.
LIMOR tiene una trayectoria de más de 58 años en el suministro de insumos para el agro colombiano y una experiencia de 27 años en la producción de vacunas contra la fiebre aftosa, con más de 400 millones de dosis producidas y una gran capacidad exportadora que se debe justamente a que su alta calidad es aceptada a nivel internacional. Es, además, un generador importante de empleos calificados.
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Desde agosto de 2023, varios lotes de vacunas rechazados, así como la negación del ICA a dar garantías para la verificación de las pruebas, han causado pérdidas superiores a los 30 mil millones de pesos a LIMOR, lo que implica un grave detrimento económico a un laboratorio que cumple los estándares científicos y técnicos, y ha recibido auditorías y consultorías externas con resultados satisfactorios. También se está viendo afectado el laboratorio VECOL (con 82% de participación estatal), al no poder atender los mercados de exportación.
En Colombia la Ley 395 de 1997 asignó carácter de interés nacional a la erradicación de la fiebre aftosa del territorio, determinando que la distribución de la vacuna se realice a través del Administrador del FONDO NACIONAL DEL GANADO – FNG, que ha sido la Federación Nacional de Ganaderos – Fedegán.
Esta entidad, que se encarga de la planeación y ejecución obligatoria de la aplicación del biológico por “barrido” en todos los predios con explotación ganadera del país, ha planteado la necesidad de mantener la vacunación con producción de los laboratorios nacionales y de brindarles a estos garantías suficientes para verificar la idoneidad de las vacunas. Ha insistido, además, en adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión de estas en 2025.
Por su parte, Demogán señaló la conducta del ICA como un industricidio y alertó sobre las políticas que ponen en riesgo a las empresas productoras de vacunas, la salubridad del hato ganadero colombiano y las exportaciones.
Para mantener la condición de país libre de fiebre aftosa con vacunación, promover la exportación de productos de la cadena ganadera y defender la industria nacional es necesario que el Gobierno remueva los obstáculos que impiden el desarrollo de los laboratorios nacionales. De no adoptar medidas urgentes se pone en riesgo tanto la salud animal como el bienestar de miles de colombianos que dependen directa o indirectamente de esta cadena.
