Función Pública muestra que los docentes ocupan el 56 % de los empleos nacionales: solo el 5 % es de libre nombramiento

Función Pública registra 638.639 empleos en entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y órganos autónomos incluidos en su base «Cantidad de empleos y tipos de planta por entidad», con corte de planta a octubre de 2025.

De ese universo, Función Pública reporta 357.396 empleos de planta docente, el 56 %, y 32.223 de libre nombramiento y remoción, el 5 %, en la misma base con corte a octubre de 2025.

La cifra de 1,4 millones de servidores públicos atribuida a Función Pública circula en medios, pero no aparece en un documento ni en un conjunto de datos oficial que haya podido verificarse. Esto no permite confirmarla ni declararla falsa.

Tampoco hay un decreto, proyecto de ley o acto administrativo publicado que ordene el recorte. Hasta este martes 8 de septiembre de 2026, cualquier cantidad de empleos que se eliminarían corresponde a un anuncio, no a una decisión en firme.

¿Cuántos empleos públicos hay realmente, según las bases oficiales?

La respuesta depende de qué se mida. Función Pública cuenta 638.639 empleos nacionales en su base de planta de octubre de 2025; en otra base registra 290.288 servidores nacionales y territoriales inscritos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, con corte a junio de 2026.

De esos 290.288 servidores, 151.200 son mujeres y 139.084 hombres.

La base de cantidad de empleos y tipos de planta de Función Pública, actualizada en el portal el 27 de noviembre de 2025, cuenta empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y órganos autónomos incluidos allí.

La Caracterización del Empleo Público de Función Pública, actualizada el 19 de agosto de 2026, cuenta servidores inscritos en el sistema conocido como SIGEP: 158.892 del orden nacional y 131.396 del territorial, con corte a junio de 2026.

Las bases no se suman ni se comparan directamente: una cuenta empleos y la otra, servidores registrados. Función Pública tampoco presenta ninguna como un censo de todo el Estado.

¿De dónde sale la cifra de 1,4 millones?

No se pudo establecer su origen en una publicación oficial. La cifra de 1,4 millones circuló en medios atribuida a Función Pública, pero no está en los dos conjuntos de datos oficiales citados en esta nota ni pudo verificarse en otro documento oficial. Por eso no se confirma ni se niega.

La diferencia no autoriza a concluir que 1,4 millones sea una cifra falsa. Sí obliga a distinguirla de los 638.639 empleos de la base de planta de octubre de 2025 y de los 290.288 servidores inscritos que reporta la caracterización de Función Pública a junio de 2026.

¿Quiénes son la mayoría de la nómina del Estado?

Los docentes son el grupo más numeroso dentro de la base nacional examinada. Función Pública registra 357.396 empleos de planta docente, equivalentes al 56 % de los 638.639 empleos incluidos en «Cantidad de empleos y tipos de planta por entidad», con corte a octubre de 2025.

Ojo con la tabla: las categorías responden a clasificaciones distintas y no forman una partición exacta del total. Por eso sus cantidades no deben sumarse para reconstruir los 638.639 empleos.

Por sectores, Función Pública registra 361.030 empleos en Educación, el 56,5 % de la base de planta de octubre de 2025. Después aparecen Hacienda y Crédito Público con 40.134, Defensa con 28.924 y Justicia y del Derecho con 22.225.

Por entidades, el Ministerio de Educación Nacional encabeza la base con 332.370 empleos, una cifra que incluye la planta docente. Le siguen la Corte Suprema de Justicia con 30.800, la Fiscalía General de la Nación con 24.749, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con 21.937 y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con 18.595.

¿A cuántos empleos podría llegar un recorte por decisión del Gobierno?

El grupo que un gobierno puede cambiar por decisión propia y sin concurso suma 32.223 empleos de libre nombramiento y remoción. Función Pública señala que equivalen al 5 % de los 638.639 empleos incluidos en su base nacional de planta, cuyo corte corresponde a octubre de 2025.

Ese 5 % describe un tipo de vinculación, no el alcance de un recorte anunciado. No existe un acto publicado que precise cuántos cargos se eliminarían, cuáles entidades resultarían afectadas o qué mecanismos jurídicos usaría el Gobierno.

Función Pública registra además 191.645 empleos de carrera administrativa, el 30 % de la base nacional de octubre de 2025. Estos cargos pueden suprimirse, pero la Ley 909 de 2004 establece derechos específicos para quienes los ocupan.

Si soy de carrera administrativa y suprimen mi cargo, ¿qué me deben?

La Ley 909 de 2004, artículo 44, dispone para esos casos que el empleado de carrera tiene derecho preferencial a ser incorporado en un empleo igual o equivalente. Si eso no es posible, puede elegir entre la reincorporación y una indemnización.

La protección aplica cuando el cargo desaparece por liquidación, reestructuración, fusión o modificación de planta, según el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 publicado en el gestor normativo de Función Pública.

El parágrafo del mismo artículo prohíbe suprimir empleos de carrera que obliguen a pagar una indemnización sin disponibilidad presupuestal suficiente. El artículo 45 añade que, si la incorporación es a un empleo igual, no pueden exigir requisitos distintos de los acreditados al ingresar al Registro Público de Carrera Administrativa.

Esto no vuelve intocables los cargos de carrera: la Ley 909 de 2004 regula los derechos cuando son suprimidos. Los docentes tienen un régimen de carrera propio, por lo cual estas reglas generales no se les pueden aplicar automáticamente.

¿Ya hay una decisión en firme?

No. Al martes 8 de septiembre de 2026 no hay un decreto, proyecto de ley ni acto administrativo publicado que ordene el recorte. Sin ese documento no están definidos el número de empleos, las entidades, el calendario ni el mecanismo, de modo que el anuncio todavía no constituye una decisión ejecutable.

Las bases de Función Pública tampoco son una orden de supresión. La de planta describe cargos con corte a octubre de 2025, mientras la caracterización registra servidores inscritos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público a junio de 2026.

¿Qué se sabe y qué no se sabe todavía?

Se conoce la composición de las dos bases oficiales y los derechos generales de la carrera administrativa. Todavía no se conoce un acto que concrete el recorte ni pudo verificarse el origen oficial de los 1,4 millones. Tampoco puede afirmarse que alguna base represente a todo el Estado.

La base de planta de Función Pública tiene corte a octubre de 2025, por lo que no describe la nómina del 8 de septiembre de 2026. La caracterización de Función Pública tiene corte a junio de 2026 y se limita a servidores inscritos en el sistema.

Ninguna de las dos bases incluye miembros de la fuerza pública ni cubre toda la Rama Judicial, los órganos de control y los entes autónomos. Además, una mide empleos nacionales y la otra servidores registrados de los órdenes nacional y territorial.

Por esas diferencias, los 638.639 empleos y los 290.288 servidores no pueden sumarse. Tampoco permiten modelar cuántos cargos desaparecerían: para eso haría falta una decisión oficial que delimite entidades, vinculaciones y procedimiento.

¿De dónde sale esta información?

Las cifras de planta, sectores y tipos de vinculación provienen del conjunto «Cantidad de empleos y tipos de planta por entidad» de Función Pública, con fuente de planta de octubre de 2025 y actualización del portal del 27 de noviembre de 2025.

Las cifras de servidores nacionales y territoriales provienen de la «Caracterización del Empleo Público» de Función Pública, basada en la segunda versión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, con corte a junio de 2026 y actualización del portal del 19 de agosto de 2026.

Los derechos por supresión de cargos de carrera provienen de los artículos 44 y 45 de la Ley 909 de 2004 en el gestor normativo de Función Pública.