¿Reforma tributaria individual? El polémico cobro retroactivo de $9,4 billones a Ecopetrol

La medida, que ha sido calificada por la Unión Sindical Obrera (USO) como una “reforma tributaria individual”, ha encendido las alarmas sobre el impacto financiero para la empresa más grande del país y los riesgos que representa tanto para su operación como para la estabilidad del mercado fiscal colombiano.

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¿Qué está cobrando la DIAN y por qué ahora?

El requerimiento de la DIAN se basa en un concepto técnico que cambia la interpretación del Estatuto Tributario sobre el tratamiento del IVA en combustibles importados. Bajo este nuevo enfoque, la gasolina que Ecopetrol importó para abastecer el mercado interno entre 2022 y 2024 debería haber estado gravada con el 19% de IVA, a diferencia del 5% que aplica para los combustibles producidos en el país.

La cifra exigida incluye $6,1 billones de Ecopetrol directamente, $1 billón correspondiente a Reficar y $2,3 billones en intereses acumulados. No obstante, la preocupación va más allá: si la DIAN decide aplicar el mismo criterio a la importación de ACPM (diésel), la deuda podría alcanzar los $21 billones, equivalente a más de 5.000 millones de dólares. Esta situación pondría a la empresa estatal en una situación financiera extremadamente compleja, según han advertido sindicatos, analistas y exministros.

Impacto financiero: ¿una amenaza de quiebra?

La USO ha sido enfática: este cobro compromete seriamente la estabilidad de Ecopetrol. Según su presidente, César Loza, “estos cobros representan para Ecopetrol asumir una reforma tributaria individual, comprometen su estabilidad financiera, y ponen en riesgo de quiebra la empresa más importante de los colombianos”. De aplicarse el cobro completo, la empresa tendría que sacrificar inversiones estratégicas, recortar su plan de expansión y revisar su capacidad para asumir el pago de su deuda, lo que podría desencadenar una crisis interna.

El economista Amylkar Acosta calificó la interpretación de la DIAN como “absurda”, señalando que se trata de una aplicación retroactiva injustificada. Según Acosta, “le tuerce el pescuezo a la gallina de los huevos de oro”. La retroactividad, que exige el pago por operaciones ya cerradas entre 2022 y 2025, ha sido duramente cuestionada incluso por expertos tributarios, quienes afirman que esta decisión desborda las funciones administrativas de la entidad y vulnera principios constitucionales como el de legalidad tributaria.

Un síntoma de la crisis fiscal: ¿Ecopetrol como salvavidas del Estado?

El requerimiento a Ecopetrol no puede entenderse de forma aislada. Llega en un contexto en el que el Gobierno Nacional enfrenta una crisis fiscal estructural, agravada por una caída sostenida del recaudo tributario. Según el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, el objetivo del cobro es claro: “hacer caja y cubrir la caída de las finanzas”. Esta visión es compartida por diversos analistas económicos, quienes advierten que el Gobierno está trasladando sus problemas de liquidez a la estatal petrolera, como ya lo ha hecho mediante otros mecanismos.

Uno de estos mecanismos ha sido el uso intensivo de TES de corto plazo (TCO) para pagar la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con Ecopetrol. En 2024, el Ministerio de Hacienda emitió $7,7 billones en TCO para cubrir esta deuda y, en paralelo, exigió a Ecopetrol el pago de la misma suma como dividendos a la Nación. Este tipo de operaciones, según el Banco de Bogotá, tienen un costo elevado para Ecopetrol, dado que los TCO “tienen poca liquidez” y “transformarlos en efectivo tiene un costo alto en el mercado”.

Este traslado del riesgo fiscal del Estado hacia Ecopetrol, según diversos expertos, representa una “institucionalización de la emergencia fiscal”. El uso de estos instrumentos no solo afecta la caja de la petrolera, sino que además está distorsionando el mercado de deuda pública y generando incertidumbre entre los inversionistas.

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¿Una reforma tributaria por la puerta de atrás?

El carácter retroactivo y unilateral del cobro ha desatado un debate jurídico. La USO y varios expertos advierten que la DIAN está excediendo sus funciones al reinterpretar el Estatuto Tributario sin pasar por el Congreso. Esta actuación, según los críticos, equivale a imponer una reforma tributaria por vía administrativa, lo que vulneraría el principio de legalidad que rige el sistema fiscal colombiano.

“Pretenden usurpar las funciones del Congreso”, aseguró Loza. En efecto, el tratamiento diferencial del IVA —19% para combustibles importados frente a 5% para los producidos internamente— ha sido señalado como discriminatorio. La USO exige que se trate a ambos por igual, dado que se destinan al mismo fin: abastecer el mercado nacional.

Además, la organización sindical ha instado a la administración de Ecopetrol y a su Junta Directiva a iniciar de inmediato una defensa jurídica frente a la DIAN. “Debe evitarse que la auto habilitación de esa entidad para interpretar el Estatuto Tributario derive en una fuerte afectación que podría llevar a la quiebra a la empresa de todos los colombianos”, concluye el comunicado del sindicato.

Un conflicto estructural: lo que está en juego

El conflicto entre la DIAN y Ecopetrol expone las debilidades estructurales del sistema fiscal colombiano. La presión por obtener recursos para atender el servicio de la deuda y los compromisos sociales, sumada a la ausencia de una reforma tributaria estructural y a una política de privatización persistente, ha derivado en una creciente dependencia de medidas recaudatorias de corto plazo. En este contexto, Ecopetrol se ha consolidado como un pilar fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas, al aportar cerca del 12 % del presupuesto nacional a través de impuestos y dividendos.

El caso también plantea interrogantes sobre la estabilidad jurídica y la previsibilidad del régimen tributario. La aplicación retroactiva de decisiones fiscales y el uso recurrente de empresas estatales como fuente de liquidez abren un debate sobre los límites del manejo fiscal en el país.