Protestas, dura advertencia a la Federación Nacional de Cafeteros, producción y exportaciones en picada: ¿Qué está pasando en el sector?

Durante su intervención en el encuentro de cafeteros que hubo ayer en el municipio de Pitalito, en Huila, el presidente Gustavo Petro anunció que si no se reestructura la Federación Nacional de Cafeteros, pondría fin al contrato que le entrega la administración del Fondo Nacional de Cafeteros (FoNC). 

“Tenemos la existencia de un contrato entre el gobierno y la Federación de Cafeteros que maneja un recurso público: el Fondo Nacional del Café. ¿Qué hacemos con ese contrato? Ese contrato va a finiquitar, tiene una fecha de terminación, podemos… porque Santos nos enseñó cómo se hace, porque lo hizo con el Fondo Nacional Ganadero, que también era un recurso público que administraba Fedegán… ¿Hacemos lo mismo?”, expresó el alto mandatario de la República en el encuentro con caficultores del Huila.

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Y agregó, a manera de ultimátum: “Voy a dejar esto como puntos, si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo con las base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la federación Cafetera”.

La advertencia hecha por el presidente, Gustavo Petro, llega luego de roces con el gremio a raíz de la elección del sucesor de Roberto Vélez en la gerencia de la Federación, que condujo a la elección de Germán Bahamón. 

Llega, asimismo, en un contexto de caída de la producción y las exportaciones, y un día antes de que cientos de caficultores salieran a protestar por la crisis del sector, marcada por factores como los altos precios de los insumos, el alto costo de vida y el envejecimiento de los cafetales.

El Fondo Nacional del Café es un fondo de recursos públicos que administra la Federación Nacional de Cafeteros y que se nutre con la contribución cafetera, es decir, con los aportes de los caficultores. Esta contribución se paga por cada libra de café exportado: 6 centavos de dólar ( USD ¢) por cada libra de café verde exportado, USD ¢ para extracto de café, USD ¢o,48 por libra de café soluble y USD ¢ 1,08 por libra de café tostado.

En concreto, el presidente Gustavo Petro se refirió al contrato de administración del FoNC 219 de 2016, que firmó la Federación Nacional de Cafeteros, en cabeza de Roberto Vélez, con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos por diez años. Este contrato termina en el año 2026 y, si el gobierno no lo renueva, se daría por terminada la administración de los recursos por parte de la Federación Nacional de Cafeteros.

Sin embargo, mientras se desarrollaba la reunión de Pitalito, el gobierno nacional y las directivas de la Federación Nacional de Cafeteros sostenían el Comité Nacional de Cafeteros. El comunicado, emitido al finalizar el encuentro, señaló “que se desarrolló en un ambiente de cordialidad, unidad y trabajo en equipo”.

Por parte del gobierno nacional estuvieron presentes en el Comité Nacional de Cafeteros los ministros de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla; de Comercio Industria y turismo, Germán Umaña; la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván Gonzáles. 

En representación de la Federación Nacional de Cafeteros estuvieron 15 miembros del comité directivo de la Federación y el gerente general, Germán Bahamón.

¿Qué sucede con el FoNC y su administración por parte de la Federación Nacional de Cafeteros?

Anoche y esta mañana ha habido varias voces que han criticado la advertencia del Presidente. Una de estas fue la del exministro de Agricultura, Andrés Valencia, quien aseguró que solo la Federación Nacional de Cafeteros tiene la capacidad para administrar el FoNC.

Por su parte, el profesor de de Economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, citó un análisis del Financial Times sobre la producción cafetera en el mundo: “El aumento de las temperaturas significa que hasta la mitad de las tierras de cultivo de café actuales pronto podrían quedar inutilizables”.

Frente a esta amenaza climática, el académico cuestiona la tensión entre el gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros “¿Qué hará Colombia, además de ver la disputa del gobierno contra la Federación por el Fondo?”. 

Sin embargo, la crisis en la administración del Fondo Nacional del Café plantea serios interrogantes. Uno de los principales es el que tiene que ver con los contratos de venta de café a futuro, que la Federación ha promovido desde hace varios años. 

Estos contratos se han vuelto un dolor de cabeza para el Fondo Nacional del Café, pero también para los productores, las cooperativas y la misma Federación. Esto se debe a los incumplimientos en la entrega del café pactado por parte de algunos productores, ante factores como el aumento de los costos de producción, el alto endeudamiento y la diferencia entre el precio pactado y el que rige al momento de tener que entregar el grano. 

Los incumplimientos no solo han tenido un grave costo reputacional a nivel mundial para el sector, sino que le han generado pérdidas multimillonarias al Fondo Nacional del Café. Según El País, de España, las pérdidas ascenderían a los $500.000 millones. 

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Ahora, la advertencia del presidente Gustavo Petro se suma a la caída en la producción de café, la escasez estacional de mano de obra y la caída de los precios internacionales del grano.

Los caficultores colombianos volvieron a protestar

El anuncio del presidente Petro fue la antesala de las protestas de caficultores programadas para hoy 17 de agosto en Armenia. Estas fueron protagonizadas por más de dos mil productores de los departamentos del Tolima, Huila, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca. 

De acuerdo con los líderes de los caficultores, las protestas buscan que sus reclamos tengan un efecto en la administración de la Federación Nacional de Cafeteros y en las políticas públicas agropecuarias de Colombia. Además, advirtieron que, de ser ignoradas las peticiones, se irían a paro indefinido. 

“Los cafeteros somos una sola familia, integrada por 550 MIL FAMILIAS. ¡Y no somos limosneros, somos cafeteros!”, dijeron los asistentes.

Los reclamos de los caficultores están basados en cuatro puntos fundamentales:

1. Reformar la Federación Nacional de Cafeteros. 
2. Proteger la caficultura colombiana por medio de un apoyo al precio interno del café, que asegure que las ventas no se realizarán a pérdida, y un aumento de los aranceles a las importaciones de café.
3. No implementar, por parte de la alta dirección de la Federación, el factor de rendimiento de compra 94-88, debido a que la medida reduce el valor que se otorga a las familias caficultoras por su producción.
4. Detener el cobro de impuestos como el Catastro y el predial al sector agropecuario.

Situación de los caficultores colombianos

La producción cafetera ha sido una constante preocupación en el último año, durante el cual disminuyó 11% en comparación con el año anterior, debido a factores como los bajos márgenes de ganancia de los caficultores frente a los altos costos de producción, el deterioro de los cafetales, así como el cambios de las condiciones climáticas de la región cuyo impacto se refleja en la productividad del grano. 

Sin embargo, las cifras de la Federación Nacional de Cafeteros señalan que la producción en julio mostró signos de estabilidad por segundo mes consecutivo y alcanzó los 947.000 sacos de 60 kg.

Por su parte, las exportaciones cayeron 17% en julio, respecto a las reportadas el mismo mes de 2022, con la venta de 846 mil sacos de café.

En relación con la tenencia de tierras cafeteras, los datos de la Federación Nacional de Cafeteros señalan que el 50% (330.655) de las fincas cafeteras está en manos de caficultores que son poseedores, el 48% (317.057) de las fincas tienen tenencia de propietarios y tan solo el 2% (10.813) de las fincas son arrendadas.

Sobre la tenencia de tierras por parte de los caficultores, el presidente Gustavo Petro dijo en su intervención que el gobierno debe comprometerse a que al final del mandato 330 mil familias tengan el título de propiedad sobre su tierra.

Frente a estos datos, el alto mandatario aseguró que su administración busca “apropiar al pequeño que no tiene la propiedad” y ordenó avanzar con un programa de formalización masiva de la pequeña propiedad rural para esas familias. Sin embargo, todavía no se conocen detalles de cómo va a alcanzar esta meta.

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