Presidencia ordenó un protocolo para que la Policía entre a universidades públicas: hoy la ley lo limita a imperiosa necesidad
El artículo 163 de la Ley 1801 solo permite entrar sin orden por imperiosa necesidad: auxilio, incendio, flagrancia o explosivos. El protocolo anunciado el 13 de septiembre no tiene texto, plazo ni responsable.
El Gobierno ordenó crear un protocolo nacional para que la Policía sea la primera autoridad operativa ante la preparación de actos vandálicos o terroristas desde campus públicos. El presidente Abelardo De La Espriella lo anunció el domingo 13 de septiembre en la nota oficial de Presidencia sobre la alocución del 13 de septiembre.
La instrucción presidencial no creó una nueva facultad de ingreso. Mientras no cambie el marco jurídico, estudiantes, profesores y familias siguen sujetos a las reglas vigentes para la entrada de la fuerza pública a un inmueble sin orden escrita.
No existe un protocolo publicado. Al corte de las 7 de la mañana del 15 de septiembre, tampoco aparecía en los decretos de septiembre de 2026 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), la entidad que brinda apoyo administrativo al jefe de Estado, ni en sus apartados de directivas y resoluciones.
Por eso, aún no se conocen el texto, el responsable de elaborarlo ni su fecha de expedición.
¿Qué anunció exactamente el presidente?
La instrucción busca distinguir la protesta legítima de situaciones de violencia, flagrancia —cuando alguien es sorprendido durante un delito o inmediatamente después—, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. El mandatario afirmó que «la protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno».
El protocolo pondría a la Policía como «primera autoridad operativa» en esas situaciones. De La Espriella dijo que podría actuar cuando desde los campus se prepararan actos vandálicos o terroristas, y calificó algunas instituciones como «santuarios de la violencia».
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También sostuvo que la autonomía no es una «patente de impunidad» y advirtió que iría «incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar». No indicó qué entidad redactará el instrumento ni fijó un plazo.
¿Ya puede entrar la Policía a una universidad?
El anuncio no amplió las facultades existentes. Hoy, el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, permite entrar a un domicilio o inmueble sin orden escrita ante «imperiosa necesidad», una urgencia que no permite esperar una orden. La actuación exige informe escrito inmediato.
Las causales incluyen auxiliar a quien lo pida, apagar un incendio o atender inundaciones y riesgos similares. También abarcan capturar a una persona en flagrancia, responder a un acto violento cometido desde el interior y proteger la vida ante explosivos u otros elementos peligrosos.
La sentencia C-212 de 2017 de la Corte Constitucional, del 5 de abril, avaló estas situaciones estrictas, acompañadas por reporte posterior y controles. La norma no contiene una excepción específica para los campus.
En cambio, la sentencia C-223 de 2017, del 20 de abril, del mismo tribunal, tumbó el ingreso con orden escrita de una autoridad administrativa previsto en el artículo 162, por falta de límites y controles.
De este marco se desprende una lectura jurídica: un protocolo administrativo no podría ampliar por sí solo las causales fijadas por la ley.
¿Qué protege la autonomía universitaria?
La autonomía permite que las instituciones definan su gobierno y vida académica dentro de la ley; no contiene una regla especial sobre el ingreso de agentes. Su alcance institucional no elimina la aplicación de la Constitución ni convierte los campus en espacios ajenos a las autoridades.
El artículo 69 de la Constitución Política garantiza que estos centros puedan darse sus directivas y regirse por sus estatutos. También ordena un régimen especial para los establecimientos del Estado.
El artículo 28 de la Ley 30 de 1992 desarrolla esa garantía: abarca modificar estatutos, designar autoridades, crear programas, organizar labores, otorgar títulos, seleccionar profesores, admitir alumnos y administrar recursos. No regula la entrada de la fuerza pública.
¿Qué precisó el Ministerio de Justicia?
El comunicado del Ministerio de Justicia y del Derecho del 14 de septiembre de 2026, firmado por el ministro Iván Cancino González, separó dos escenarios: ante manifestaciones pacíficas «deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales»; ante hechos concretos de violencia pueden ejercerse las facultades legales.
Esas circunstancias comprenden flagrancia, peligro para la vida o la integridad, daños graves a bienes y los demás casos expresamente previstos. La actuación «deberá responder a las circunstancias concretas de cada caso, estar jurídicamente sustentada y emplear los medios necesarios y proporcionales».
El texto añadió que la autonomía debe protegerse, pero no coloca a las instituciones por fuera de la Constitución, la ley o las competencias legítimas. También recordó la asistencia militar del artículo 170: apoyo temporal de las Fuerzas Militares a la Policía, que corresponde ordenar al presidente cuando se cumplan los presupuestos legales.
¿Qué dicen los rectores y el Congreso?
Las reacciones combinan respaldo condicionado, pedidos de participación y rechazo. En una entrevista de Caracol Radio del 14 de septiembre de 2026, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña Reyes, sostuvo que la fuerza pública «tiene todo el derecho de entrar» si encapuchados cometen delitos y luego se refugian allí.
En una entrevista de El Colombiano del 14 de septiembre de 2026, Peña insistió en que «la solución es inteligencia» e identificación individual. Advirtió que, ante explosivos, armas, machetes o hachas, el ingreso de un «tanque» puede ser contraproducente y pidió precisión en el protocolo.
Jairo Torres Oviedo, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), la red que agrupa a las instituciones públicas, pidió participar en la construcción y evitar riesgos para la comunidad. Solicitó individualizar y judicializar responsables en declaraciones recogidas por GS Noticias el 14 de septiembre de 2026; no se halló un comunicado oficial del organismo.
El senador Iván Cepeda rechazó el ingreso anunciado. En una publicación de su cuenta oficial en X del 14 de septiembre de 2026, calificó de «falaz» la justificación y afirmó que se busca «relativizar y violar» la autonomía.
Cepeda concluyó: «La juventud no puede volver a ser perseguida ni tratada como enemiga interna y enemiga del Estado».
¿Por qué llega el anuncio ahora?
El anuncio llegó después de cuatro episodios violentos registrados durante 2026 en tres instituciones estatales. Estos casos forman el contexto reciente, pero Presidencia no afirmó que fueran la causa directa de la instrucción. Tampoco corresponde atribuir las conductas a los estudiantes como grupo.
El 27 de febrero, encapuchados lanzaron una «papa bomba» en el campus Meléndez de la Universidad del Valle. La onda afectó al vicerrector de Bienestar y a empleados, informó el comunicado de la Dirección Universitaria del 27 de febrero de 2026.
El 3 de junio hubo disturbios dentro y alrededor de Ciudad Universitaria, la sede de la Universidad de Antioquia en Medellín. La rectoría los atribuyó a una minoría que ocultó su identidad y restableció las actividades al día siguiente, como registró el comunicado de la Universidad de Antioquia del 4 de junio de 2026.
El 29 de julio, tres estudiantes resultaron heridos con arma blanca por encapuchados en la Universidad Nacional; el caso quedó en la Fiscalía, de acuerdo con Infobae y un pronunciamiento del rector.
El 11 de septiembre, encapuchados causaron daños y obligaron a evacuar el campus de Bogotá hacia las 6 de la tarde. La Hemeroteca Nacional estuvo entre los lugares afectados, informaron Blu Radio y La FM.
¿A cuántos estudiantes toca?
El alcance potencial comprende a las comunidades de las 34 universidades públicas que integran el sistema: 17 nacionales y 17 territoriales. Más de 939.000 alumnos de pregrado estudian con gratuidad, equivalentes al 97 % del pregrado del sistema universitario público.
La cifra aparece en el comunicado del Ministerio de Educación Nacional del 7 de abril de 2026. No equivale al total de matriculados: corresponde únicamente a quienes tienen gratuidad.
El Ministerio de Educación reprodujo el 14 de septiembre la nota de Presidencia en su sala de prensa, sin añadir plazos ni responsables para el protocolo.
