¿Qué esperar de la reforma de la salud que se tramita en el congreso?
Bernardo Useche
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, PHD en Sexualidad Humana del IASHS de San Francisco, CA y PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston.
Los proyectos de ley estatutaria de la salud de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático son más de lo mismo de la ley 100 y peor, pues obedecen directamente a los dictados de la banca internacional.
El Proyecto de Ley (PL) 312 de Petro se acumuló con el 135 de las sociedades médicas, radicado por la pequeña bancada alternativa. Hoy hay entonces una ponencia en la Cámara de Representantes conciliada entre estos dos proyectos de ley, pero lo más grave, como lo señala Anwar Rodríguez, vicepresidente de salud de la ANDI, es que la ponencia se debatirá en el marco y con los criterios del proyecto de ley presentado por el gobierno de Petro.
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El articulado de esta ponencia conciliada tiene todos los elementos para que el gobierno busque aprobar una reforma a la salud que deje satisfechas a las EPS y mantenga el modelo de la ley 100 con algunas variantes.
De entrada, la ponencia presenta un problema. En el concepto dado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al PL 312 se advierte que el modelo que se apruebe debe ceñirse a la regla fiscal y a la disponibilidad de presupuesto.
Mientras tanto, el sistema de salud agoniza. La peor parte la llevan los usuarios y pacientes, los trabajadores de la salud y los hospitales públicos y privados. También los proveedores de medicamentos de capital nacional.
Por esta razón se observa un incremento de los reclamos, quejas y protestas de las agremiaciones que representan a estos sectores en el sistema de salud, tales como las asociaciones de Usuarios de EPS y hospitales, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, y proveedores de medicamentos como Audifarma.
Por su parte, los gremios económicos y de las EPS (ANDI, ACEMI, AFIDRO, ANIF y otros) y el grupo de exministros de salud que durante 30 años han implementado la Ley 100, para acomodarse a las circunstancias derivadas del modelo preventivo y predictivo del proyecto de Gustavo Petro, ya están diseñando un nuevo modelo de salud que responda a su interés económico. Parte de la continuación del aseguramiento, ya no como EPS sino bajo el nombres de GESTORAS, y propicia el recorte del plan de beneficios con el argumento cierto de la insuficiencia de la UPC, para así ampliar el mercado de los seguros privados.
Los ponentes del Pacto Histórico han expresado que el proyecto de ley no solo se acumuló con el de bancada alternativa, sino que además “en esta nueva propuesta vienen unos (…) consensos con sectores muy adversos a la reforma que son las EPS”.
Tanto al gobierno como a los partidos políticos que en el congreso representan a las EPS les conviene aprobar una reforma a la salud en la que los dos sectores que han sostenido una aguda polarización obtengan beneficios de importancia. Es de prever que las concesiones más importantes son las que van a tener lugar durante el trámite en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República.
En ese sentido, lo que se apruebe no va a reformar estructuralmente la ley 100; las EPS, ahora gestoras, aceptarán limitar las funciones que han venido ejerciendo como EPS, siempre y cuando el pago y la rentabilidad con recursos públicos por el papel que continuarán ejerciendo les sean suficientes. La bancada petrista hará todas las concesiones siempre y cuando el gobierno pueda ufanarse de haber establecido un modelo “de atención primaria en salud” y de haber consolidado el fondo único de financiación del sistema, la ADRES. En su estrategia es evidente la pretensión de nuevamente hacer proselitismo con la reforma de la salud en las elecciones de 2026.
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¿Qué se puede esperar de una reforma de la salud que, más que un sistema integral coherente y apropiadamente financiado, va a ser el resultado de una superposición de intereses económicos y políticos?
¿Qué se puede esperar de una reforma de la salud que no resuelve el problema de fondo de la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo del sistema de salud, en un país cuya reindustrialización está lejos de ser realidad? Un país que, en palabras del Banco Mundial, “crece menos que el promedio de la región más lenta del planeta”.
¿Qué se puede esperar de una reforma cuyo objeto es “garantizar el derecho fundamental a la salud”, mientras el gobierno que la promueve poco o nada hace por impedir la vulneración diaria de ese derecho en la mayoría de la población?
El gobierno ha utilizado la normativa vigente en salud para tomar medidas inefectivas como la intervención de EPS, entre ellas Nueva EPS y Sanitas, y para contratar equipos territoriales de salud con poca capacidad de resolución. Sin embargo, no ha usado la reglamentación vigente para resolver los problemas de insuficiencia de la UPC, ni para garantizar que se cumplan los plazos de entrega de medicamentos y asignación de citas como lo establecen la Sentencia T-259 de 2019, el Decreto 019 de 2012 y la Resolución Ministerial 1552 del 14 de mayo de 2013 entre otras, lo que se traduce en la continua vulneración al derecho fundamental a la salud.
Poco se puede esperar de una reforma que inicia su nuevo trámite en estas condiciones.
Desde ya urge adoptar medidas oficiales que garanticen el acceso sin barreras a los servicios de salud para toda la población. No da espera resolver el problema de las deudas a los hospitales, que se ahogan en la iliquidez. Se está en mora de mínimamente establecer remuneración digna a los profesionales y trabajadores de la salud. Es intolerable que la corrupción continúe permeando el sistema de salud.
