Reactivación económica en Colombia: ¿es necesario reformar la regla fiscal?

Las propuestas para la reactivación económica de Colombia están ligadas al cumplimiento de la regla fiscal. El discurso contradictorio con respecto al cumplimiento de la misma ha influido en la percepción de incertidumbre sobre la marcha de la economía nacional.

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Estabilidad, más que reactivación económica

El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un documento que el gobierno debe presentar anualmente de acuerdo a lo establecido en la ley 819 de 2003 y en el cual se establecen las proyecciones macroeconómicas y fiscales para los siguientes 10 años. 

La ley 1473 de 2011 estableció la Regla fiscal mediante la cual se establece un marco que busca la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. Esta regla busca el equilibrio entre los gastos e ingresos estructurales del gobierno, sin tener en cuenta los ingresos ocasionales debidos a los ciclos económicos.

La regla fiscal se materializa a través del Marco Fiscal de Mediano plazo y los distintos proyectos del gobierno como el plan de desarrollo, el presupuesto y el plan de inversiones debe sujetarse a las definiciones de la regla contenidas en el MFMP.

El decreto que estableció la regla fiscal establece como límite de la deuda el 71% del PIB y el ancla de la deuda en 55% del PIB o sea el valor alrededor del cual puede variar esta deuda en el mediano plazo.

El MFMP establece los objetivos de endeudamiento dados una serie de supuestos sobre el crecimiento de la economía, las exportaciones, los ingresos tributarios y los gastos, de tal manera que la economía oscile en torno a los niveles de endeudamiento previstos.

En realidad la regla fiscal se refiere más a los objetivos de estabilidad macroeconómica que a una política de crecimiento productivo o reactivación económica.

Mensajes reiterados y contradictorios sobre las modificaciones a la regla fiscal

Cuando el gobierno habla de modificar la regla fiscal, habla de la posibilidad de lograr un endeudamiento mayor de lo establecido, modificar la contabilidad de los ingresos y gastos o diferir en el tiempo algunas de las metas establecidas.

El actual gobierno ha señalado en varias oportunidades su intención de modificar la regla fiscal. En noviembre de 2023 Gustavo Petro y su ministro de economía hablaron de la estrategia ante el bajísimo crecimiento del PIB que en el tercer trimestre de ese año había caído un 0,35%. Ya a finales del 2023 el DNP había hablado de una regla fiscal verde, modificando la existente.

Posteriormente, el ministro de Hacienda aclaró que se trataba de iniciar la discusión sobre la modificación de la regla.

Para febrero de 2024 Bonilla informó satisfecho que el gobierno había cumplido la regla fiscal, pero que el déficit fiscal que había sido proyectado en 3,8% para el 2023, había sido ajustado al 4,3% y el resultado final había sido un déficit del 4,2%.

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Los ojos puestos en el cumplimiento de la regla fiscal

Durante 2023 el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF que es el vocero oficioso del FMI en Colombia alertó sobre las posibles violaciones de la regla dado la no contabilización del costo de varias reformas.

En marzo del 2024 este mismo comité, al analizar el plan financiero del gobierno señaló que se estaban contabilizando en el presupuesto ingresos inciertos como los productos de la conciliación de litigios con deudores y recomendó un ajuste a la baja de por lo menos 10 billones de pesos.

En mayo de 2024 el gobierno anunció un programa de reactivación económica uno de cuyos puntos fue nuevamente la flexibilización de la regla, para lo cual debe presentar un proyecto al Congreso que fue entregado en la pasada legislatura y cuya concreción anunció se presentará el 20 de julio.

Como ya se expidió el programa Financiero de Mediano Plazo y se hicieron las proyecciones para este año y el siguiente, las eventuales modificaciones a la regla fiscal debería pasar por un complejo proceso legislativo , una negociación con el FMI y tener el visto bueno de el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, lo cual puede significar una demora adicional que no tendría impacto inmediato en la reactivación económica.

Mientras tanto el FMI ha venido siguiendo la discusión e insistido en el cumplimiento de la regla fiscal. El último reporte del FMI sobre la economía colombiana, realizado en febrero de 2024 alertó sobre una necesaria reducción del gasto en caso de que no se presenten el crecimiento y el recaudo previstos, invitó a la elevación del precio del diésel e hizo un llamado a la prudencia fiscal.

Por su parte, las calificadoras de riesgo como Moodys bajaron nuevamente sus previsiones sobre la economía colombiana y aunque mantuvieron el nivel de la calificación, la pasaron de estable a negativa.

La respuesta del gobierno, a pesar de haber hablado durante dos años de la modificación a la regla fiscal tema sobre lo cual no han presentado ningún proyecto al Congreso, fue elevar parcialmente el precio del diésel para grandes consumidores y recortar el gasto en 20 billones de pesos, aumentar el techo de la deuda y no cerrarse a nuevos recortes y futuros aumentos en los precios del diésel.

Con ello, el gobierno se acogió plenamente a las posiciones del FMI y reconoció que los pronósticos en materia de recaudo debían ser menores a los iniciales, aunque con la disminución de la inflación y el ligero descenso en la tasa de interés decretado por el Banco de la República, calcula un crecimiento de la economía en 1,7%, que parece optimista con relación a los cálculos del FMI y diversos actores económicos.

En medio de esta situación y con las señales persistentes de cambios en la regla fiscal que no se concretan, se está contribuyendo al clima de incertidumbre que muchos empresarios han manifestado como una de las causas principales del mediocre desempeño y la poca reactivación económica.