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domingo, 14 de julio de 2024
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Reforma a la salud: ¿Rompecabezas o Colcha de Retazos?

Bernardo Useche, Columnista, Más Colombia

Bernardo Useche

Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, PHD en Sexualidad Humana del IASHS de San Francisco, CA y PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston.

Llegada la hora de discutir la reforma a la salud en el Congreso de la República y con la introducción por parte de los partidos Conservador y de la “U” de 133 proposiciones modificatorias del texto, esta se parece a un rompecabezas muy particular en el cual el gobierno Petro y los partidos opositores pretenden ensamblar dos figuras diferentes.

Mientras tanto, y a juzgar por la entrevista concedida por el ministro Prada a Yamit Amat finalmente va a darse un acuerdo, se corre el riesgo de que la reforma a la salud termine siendo una colcha de retazos en la que no haya transformaciones de fondo y permanezca lo esencial del negocio del aseguramiento en salud, así se fortalezca la atención primaria, de tal manera que los dos bandos puedan reclamar victoria.


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El enfoque que Petro y su ministra de Salud le dieron a la reforma condujo a la polarización en torno a la eliminación o permanencia de las EPS y se perdió la oportunidad de consensuar una reforma en la que, manteniendo el modelo de aseguramiento existente, se regulara con rigor el manejo de los recursos públicos de la salud.

Al desconocer el carácter de aseguradoras de las EPS, identificándolas como meras intermediarias administrativas y financieras, el petrismo subestimó la dimensión de la industria aseguradora en el sector de la salud, representada incluso en los partidos Liberal, Conservador y de la “U”, sus propios aliados en la coalición de gobierno.

Las 133 propuestas de modificación del informe de ponencia radicado en la Comisión 7ª de la Cámara de Representantes son un intento de respuesta a las incongruencias, ambigüedades y vacíos del proyecto de ley presentado por el gobierno. Contienen las razones que explican muy bien por qué aún no termina el fiero forcejeo entre los hasta ahora partidos de la bancada mayoritaria.

La principal de las contradicciones del proyecto del gobierno tiene que ver con el modelo mismo de salud que propone. En el artículo 3º de la ponencia se adopta como parte integral de la reforma a la salud el modelo de “aseguramiento social en salud” (ASS). Este modelo es el mismo de la Ley 100, y no es compatible con la función de “pagador único” que le asigna la ponencia en el artículo 66 a la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (ADRES). 

El ASS es básicamente un sistema de financiación desarrollado conjuntamente por el Banco Mundial y la Universidad de Harvard, que fue adoptado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005.


El objetivo del ASS es ampliar el mercado de los seguros privados de salud a la totalidad de la población de los países en desarrollo de Asia, África y América Latina. La forma de alcanzar esa cobertura universal no es otra que poner a pagar al Estado por la prima de aseguramiento de la población pobre (ver enlace aquí).

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Hacer de la ADRES el “pagador único” del sistema de salud implicaría cambiar el modelo de aseguramiento social que ya opera con “múltiples pagadores”, tantos pagadores como EPS estén habilitadas. En el lenguaje técnico, los términos asegurador y pagador son intercambiables. Implicaría también que la ADRES, que es una entidad estatal, asumiera el equivalente a la denominada Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS), función que ha estado en manos de las EPS.

Es a través de la GIRS y particularmente de la gestión del riesgo financiero, que las EPS, como cualquier otra compañía aseguradora, calculan qué porción del fondo de recursos públicos acumulados por la UPC que reciben por sus afiliados pueden destinar a pagar a los hospitales y demás prestadores que contratan. Esta gestión está atada a la autorización —y por tanto a la restricción de servicios para los pacientes—, así como a la auditoría de las cuentas y facturas que pasen los prestadores. Solo de esa manera garantizan sus utilidades.

No es sorpresa entonces que, entre las 133 proposiciones que Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda exigen incluir en la reforma a la salud, las consideradas fundamentales se refieran al aseguramiento social en salud, entendido como un sistema en el que el Estado provee los recursos financieros y que es operado “…con la participación de los particulares” mediante “un sistema de gestión de riesgos de salud y financieros”.

Tampoco es de extrañar la insistencia en que poco importa el cambio de nombre de las EPS a Gestoras, siempre y cuando estas empresas conserven las funciones que tenían asignadas, principalmente dicha gestión del riesgo.

Esto no es construir sobre lo construido, y mucho menos formular alternativas para superar las barreras de acceso, prevenir muertes evitables o aliviar el sufrimiento cotidiano de amplios sectores de la población urbana y rural. Es simplemente consolidar lo existente.

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