El mercado laboral colombiano adolece de graves problemas estructurales. La tasa de desempleo es alta, las vacantes son escasas, y los salarios reales son bajos. Un poco más del 80% de los trabajadores formales ganan menos de dos salarios mínimos, y un poco menos del 60% de ellos son informales.

El desempleo, la informalidad y los bajos salarios empeoran la distribución del ingreso y aumentan la pobreza. Colombia necesita urgentemente una reforma laboral que incentive la formación de empleo productivo, mejore la remuneración de los trabajadores y reduzca la informalidad.

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El pasado mes de agosto, el gobierno de Gustavo Petro presentó una reforma laboral. Se propone mejorar las condiciones laborales, garantizar la estabilidad contractual y reducir la desigualdad salarial. Estos objetivos son socialmente deseables, sin embargo, la reforma planteada no aborda apropiadamente las causas del problema que pretende solucionar.

Las rigideces del mercado laboral (reflejadas en sobrerregulaciones e impuestos a la contratación formal), la baja productividad de la mano de obra y la baja demanda laboral calificada, son las causas principales de los problemas laborales que afronta el país.

La reforma laboral planteada por el gobierno de Gustavo Petro hace caso omiso de ellas. Comete la falacia de mitigar los síntomas sin atacar las causas. Esto reduce la eficacia de esa reforma para solucionar estructuralmente el problema.

¿Qué podemos hacer?

Una reforma laboral eficaz debe tener en cuenta conjuntamente oferta y demanda de trabajo. Empecemos con la oferta laboral. Mejorar la oferta de trabajo exige una reforma educativa que aumente la productividad de los trabajadores. Los bajos salarios que tiene Colombia reflejan graves problemas de calidad en su sistema educativo.

El Estado debe fomentar la competencia entre instituciones educativas a través de subsidios a la demanda en lugar de la oferta, con el objetivo de aumentar la calidad de la educación y, al mismo tiempo, incentivar aquellas universidades que diseñen y elaboren proyectos de investigación y desarrollo.

Esto tiene dos efectos. Primero, incentiva a las universidades a la actualización de su planta docente en función de su capacidad para producir conocimiento aplicado que redunde en crecimiento económico. Segundo, mejora el perfil laboral de sus egresados a través de transferencia de conocimiento que redundará en menor desempleo estructural.

La otra parte del mercado laboral es la demanda, la cual realizan las empresas. Primero, es necesario promover la formación y financiación de empresas nacionales, y reducir las barreras a la entrada de empresas internacionales, para fortalecer el sistema productivo. Esto aumentaría la demanda laboral y, por consiguiente, los salarios.

Segundo, reducir los impuestos parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de compensación familiar) que son una de las principales causas de la informalidad laboral. Dada la inelasticidad de la oferta laboral en Colombia, los impuestos parafiscales se traducen en menor empleo formal y peores salarios. El Estado debe facilitar y flexibilizar la contratación laboral formal.

Tercero, reducir el impuesto a la renta corporativo, principalmente a las empresas que implementen proyectos de investigación y desarrollo. Esto aumentaría la proporción de medianas y grandes empresas y la demanda de empleo calificado, que la podrían satisfacer las universidades con el esquema anteriormente propuesto.

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La integración entre universidad y empresa es la clave para reducir el desempleo estructural. Actualmente, parte del sistema educativo está desconectado del sistema productivo y esto se refleja en que las empresas no encuentran en los egresados todas las habilidades necesarias para desarrollar trabajos calificados.

Colombia necesita una reforma laboral eficaz. La reforma planteada por el gobierno de Gustavo Petro es insuficiente y puede incluso empeorar el problema. Necesitamos incentivar simultáneamente oferta y demanda laboral para garantizar mejor empleo y remuneración.

La reforma laboral que planteo aquí exige dos reformas adicionales, una fiscal y otra educativa.

Por el lado fiscal, es necesario crear incentivos para la formación de empresas productivas que inviertan en proyectos de investigación y desarrollo. Por el lado educativo, es necesario incentivar a las instituciones para que aumenten la calidad de la enseñanza y formulen este tipo de proyectos. Los proyectos de investigación y desarrollo aumentan la productividad y, por tanto, generan crecimiento económico que redunda en más empleo y mejores salarios. Esta estrategia mejoraría el desarrollo económico y social del país en el mediano plazo.

La educación superior está en crisis ¿cómo salvarla?