Aris Mining terminó el estudio ambiental de la mina Soto Norte, cerca de Santurbán: en octubre lo presentará a tres municipios
Terminar el estudio no autoriza construir la mina. Al 30 de septiembre de 2026 no estaba radicado ante la autoridad ambiental y no había convocatoria oficial.
Aris Mining anunció en su comunicado del 30 de septiembre de 2026 que terminó el estudio de impacto ambiental y social de Soto Norte. Este análisis identifica posibles efectos y plantea cómo prevenirlos, manejarlos o compensarlos.
En octubre presentará el estudio en Matanza, Suratá y California, recibirá comentarios y considerará sugerencias antes de solicitar la licencia. Aún no había radicación, convocatoria oficial ni fechas exactas para esas reuniones.
La canadiense compró el 20 % de Soto Norte en 2022, subió al 51 % en 2024 y adquirió en 2025 la participación restante de Mubadala: hoy es dueña del 100 % del proyecto.
¿Qué es Soto Norte y qué promete la empresa?
Soto Norte es un proyecto de oro y cobre en Santander, cerca del páramo de Santurbán. La empresa afirma que la mina quedaría fuera del páramo y de su zona de amortiguación, pero el nuevo estudio todavía no ha sido presentado ni evaluado por una autoridad ambiental.
Sus cálculos, no cifras oficiales, plantean reservas de 4,6 millones de onzas de oro, 22 años iniciales de operación y unas 203.000 onzas al año. La onza que se usa para el oro equivale a unos 31 gramos.
También proyecta 3.500 toneladas diarias, 750 para material de mineros locales, 2.300 empleos de construcción y 675 de operación. La compañía promete producir concentrado sin usar cianuro ni mercurio; el concentrado es material enriquecido en minerales que requiere procesamiento posterior.
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La firma sostiene que la Agencia Nacional de Minería (ANM), autoridad que administra los títulos mineros, aprobó el 29 de julio la modificación del plan técnico del título 0095-68. No se encontró el acto de la ANM que confirme esa aprobación.
¿Qué falta para que tenga licencia?
Primero deben ocurrir las reuniones anunciadas; después, la empresa debe radicar el estudio y la solicitud. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tendrá que evaluar el proyecto antes de autorizarlo. Es la entidad que decide si obras de este tipo son ambientalmente viables.
Una licencia ambiental fija condiciones obligatorias para construir y operar; no es el estudio presentado por el interesado. El plan minero tampoco permite iniciar obras. Solo con la licencia obtenida la compañía decidiría si construye.
¿Por qué se frenó la primera vez?
La autoridad archivó el trámite anterior porque la información seguía siendo insuficiente, incluso después de pedir datos adicionales. El archivo de 2020 no fue una negativa de fondo a la licencia, explica la noticia de la ANLA del 3 de octubre sobre el Auto 09674 del 2 de octubre de 2020.
Había vacíos sobre el área de influencia —la zona donde podría haber efectos—, estabilidad del terreno, aguas superficiales y subterráneas, riesgos y valoración económica. También quedaron problemas en el depósito de relaves, los residuos de la mina, y contradicciones sobre la conexión entre el agua subterránea del páramo y la operación.
El Informe de Gestión 2020 del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga calificó asuntos como “insubsanables” y advirtió posibles afectaciones a las fuentes de agua metropolitanas. Esa posición evaluó el diseño de 2019 y 2020, no el nuevo estudio.
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental regional, conceptuó en 2019 que aquel proyecto no era viable. El concepto de la CDMB tampoco evalúa la propuesta actual.
¿Qué cambió en las reglas de Santurbán?
La reserva temporal minera vuelve a vencer el 4 de marzo de 2027 y la reserva definitiva de La Baja quedó sin efecto, tras dos revocatorias del Ministerio de Ambiente en agosto y septiembre. La delimitación participativa del páramo sigue sin terminar.
Una reserva temporal frena nuevas concesiones y licencias mientras se estudia una protección duradera. La creada en 2025 cubre 75.344,65 hectáreas de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga. La prórroga hasta 2029 fue revocada el 28 de septiembre, explicó Más Colombia en su nota del 29 de septiembre de 2026.
La reserva La Baja, de unas 1.499 hectáreas en California, nació el 6 de agosto y fue revocada una semana después. El comunicado del Ministerio de Ambiente del 19 de agosto de 2026 citó fallas de participación, una decisión judicial y una recusación pendiente. La revocatoria no rechazó los fundamentos técnicos de protección.
Delimitar el páramo significa fijar su frontera oficial y las restricciones que aplican dentro de ella. La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional anuló la delimitación de 2014 por falta de participación y ordenó rehacerla, con la condición de que la nueva no proteja menos que la anterior.
La minera dice que la Resolución 1278 del 28 de septiembre revocó la delimitación parcial del 6 de agosto. Al 30 de septiembre ese acto no estaba publicado por el Ministerio de Ambiente ni en el Diario Oficial; ningún medio lo había reportado, así que no es una decisión confirmada.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán rechazó las revocatorias. Lo registró La Silla Vacía en su nota del 29 de septiembre de 2026. Hasta el 30, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga no se habían pronunciado sobre el anuncio.
