Asamblea Constituyente: la jugada del gobierno Petro rumbo a 2026
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó desde Shanghái el proyecto de ley con el que el presidente Gustavo Petro busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
La propuesta permitiría reformar la totalidad de la Constitución, otorgaría facultades extraordinarias al mandatario y mantendría en funciones al Congreso. Críticos advierten que el plan carece de sustento legal y de tiempo, y podría usarse como bandera política rumbo a las elecciones 2026.
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Asamblea Constituyente y “bloqueo institucional”: el argumento jurídico del Gobierno
Gustavo Petro ha justificado su iniciativa de la Asamblea Constituyente alegando que las instituciones colombianas impiden avanzar en las reformas sociales aprobadas por el voto popular. Según el mandatario, el Estado atraviesa un “bloqueo institucional” que obstaculiza la materialización de derechos fundamentales y limita la gobernabilidad.
El borrador del proyecto de ley propone una Asamblea Constituyente compuesta por 71 delegados elegidos por voto popular: campesinos, jóvenes, víctimas, sindicatos, pueblos étnicos y comunidades LGBTIQ+. Sesionaría durante tres meses y tendría competencia para reformar la totalidad de la Carta del 91, sin revocar el Congreso.
Además, otorgaría al presidente facultades extraordinarias por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de precisar requisitos y reglamentos del proceso.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro trinó que “el borrador que hace el ministro de justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas. El texto se presentará al Congreso, como ordena la Constitución, y será de iniciativa popular”.
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Reformar la Constitución o legitimar derrotas políticas
La iniciativa aparece tras los fracasos del Gobierno Petro en el Congreso y las Cortes. Las reformas pensional, a la salud y varias tributarias han sido frenadas, lo que, según el presidente, explica la urgencia de proponer una Asamblea Constituyente como vía para sortear la resistencia institucional.
El precandidato presidencial Sergio Fajardo denuncia que es una estrategia de distracción del gobierno frente a su mala gestión: “Vuelve y juega. La cortina de humo preferida: asamblea constituyente. Ante el caos total de un gobierno guiado por el delirio creciente del presidente, la confusión y el desorden son las formas del cambio que no fue. No va a haber constituyente”.
Al respecto, la senadora Paloma Valencia le ha dicho al presidente que “no nos divida más. Gobierne para todos. La creación de una buena Constitución requiere consenso, y este gobierno no ha logrado siquiera aprobar reformas puntuales como la pensional o la de salud”.
Elecciones 2026 y la estrategia electoral detrás de la Constituyente
Más allá del debate jurídico y político, el proyecto tiene una clara intención de campaña. El cronograma oficial propone que la Asamblea Constituyente sea tramitada por el Congreso que se posesionará el 20 de julio de 2026, justo antes de las elecciones presidenciales.
El economista y exministro José Manuel Restrepo advirtió que la idea “no tiene ni pies ni cabeza”, porque “copia el modelo venezolano, con cupos por sectores y grupos poblacionales que distorsionan la democracia representativa”. A su juicio, “más que una reforma real, es una plataforma política para hacer campaña, dividir al país y exacerbar los ánimos”.
De esta manera, el Gobierno convierte la convocatoria en un eje de campaña: la aprobación o rechazo de la Constituyente se transformará en un plebiscito sobre la continuidad del proyecto político de Petro.
En el discurso del 3 de octubre en Ibagué, Petro insistió en que el pueblo debe ser el protagonista del cambio, mientras acusa al Congreso de estar “lleno de politiqueros y corruptos”.
El presidente ha reiterado que Colombia entró en “modo constituyente”, alentando la creación de comités ciudadanos y la recolección de 2,5 millones de firmas. La Asamblea empieza a perfilar la narrativa de la campaña de 2026.
Los riesgos constitucionales de una Constituyente sin Congreso
constitucionalistas como Rodrigo Uprimny, Catalina Botero y Hernando Gómez Buendía sostienen que la vía propuesta no tiene soporte legal.
El artículo 376 de la Constitución es explícito: solo el Congreso puede convocar una Asamblea Constituyente mediante una ley que defina su competencia y composición. Cualquier intento por decreto o recolección de firmas implicaría, advierten, una ruptura constitucional.
El profesor Mauricio Gaona advierte que una Asamblea Constituyente que concentre poder sin contrapesos podría derivar en una regresión autoritaria. Además, recalca que el proyecto ignora la cláusula de no regresividad en derechos sociales y los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.
Incluso dentro del progresismo hay reservas. Algunos sectores del Pacto Histórico temen que insistir en la Constituyente, en lugar de fortalecer la gestión y los consensos, incremente la polarización y desgaste la legitimidad del Gobierno.
Montealegre argumenta que la Asamblea Constituyente no busca perpetuar el poder, sino “materializar los principios sociales y democráticos” de la Constitución del 91. Pero la ambigüedad del proyecto y su origen político alimentan los temores sobre una eventual concentración de poder en el Ejecutivo.
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Entre los argumentos de “bloqueo institucional” y los cálculos electorales, Colombia entra en un terreno incierto donde la línea entre reforma y ruptura se vuelve cada vez más delgada.
