Crisis energética en el Caribe: deudas, subsidios atrasados y aumento en tarifas de energía 

El riesgo de apagones en el Caribe colombiano y el incremento en las tarifas de energía en la región se deben a una combinación de factores climáticos y financieros. Las empresas eléctricas en la costa Caribe enfrentan dificultades financieras significativas. Air-e está bajo intervención estatal, y Afinia enfrenta impagos tanto de usuarios como del Estado.

La deuda total con las empresas energéticas en Colombia alcanzó los 7 billones de pesos al cierre de 2024, de los cuales el 60 % corresponde a déficit público. De esta cifra, 3,3 billones provienen de la “opción tarifaria”, un subsidio creado durante el gobierno de Iván Duque para aliviar el pago de las facturas de energía durante la pandemia, mientras que 2,7 billones corresponden a subsidios represados por la actual administración.

El billón restante es adeudado por organismos y entidades oficiales. Esta situación ha evidenciado las fragilidades financieras de las pequeñas empresas departamentales como la Empresa de Energía del Amazonas, la Empresa de Energía del Putumayo, Electrohuila y DISPAC en el Chocó.

Además, los bajos niveles de los embalses han afectado la generación hidroeléctrica, que representa cerca del 70% de la energía del país. Este escenario ha generado preocupaciones sobre posibles incrementos en las tarifas de energía, dado que el costo de generación podría elevarse con el uso de fuentes térmicas.

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A pesar de que Air-e solicitó al Gobierno Nacional su intervención en septiembre de 2024 debido a una crisis financiera que comprometía su capacidad para garantizar el servicio a cerca de 5 millones de habitantes en la región, la situación no ha mejorado.

Y de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios asumió el control de la compañía, nombrando a Carlos Diago como gerente interventor, con el objetivo de estabilizar la operación y asegurar la continuidad del servicio eléctrico. La crisis financiera en la prestación del servicio eléctrico no se ha solucionado, lo que ha llevado a un debate sobre las tarifas de energía y su impacto en la población.

Por otro lado, Afinia es una empresa de capital mixto. Es una filial del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), una entidad industrial y comercial del Estado de propiedad del municipio de Medellín. Esto significa que, aunque Afinia es gestionada como una empresa privada, sus recursos y control pertenecen al sector público a través de EPM.

Problemas financieros detrás del alza en las tarifas de energía

Según el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, todas las empresas del sector enfrentan problemas de iliquidez, insolvencia y dificultades de flujo de caja, lo que explica las intervenciones gubernamentales. Destacó que Afinia, filial de EPM, ha advertido sobre posibles racionamientos si el Gobierno no paga los subsidios pendientes, mientras el Ministerio de Hacienda solo ha hecho abonos parciales.

El Gobierno adeuda 2,4 billones de pesos a Afinia por subsidios a los estratos 1, 2 y 3, la opción tarifaria y otras obligaciones. Aunque recientemente se abonaron $68.000 millones, esto equivale a menos del 3 % de la deuda total. Además, explicó que los ingresos de Afinia entre enero y septiembre de 2024 fueron de $4,9 billones, por lo que la deuda representa casi el 50 % de sus ingresos, poniendo en riesgo el suministro de energía a 1,8 millones de usuarios y aumentando la presión sobre las tarifas de energía.

Las pérdidas de energía alcanzan el 22 %, el bajo nivel de recaudo, las deudas acumuladas y el atraso en la modernización de la infraestructura encarecen el costo del kilovatio. Sin los subsidios, este desequilibrio financiero se agrava, reflejándose directamente en las tarifas de energía que pagan los usuarios.

Julio César Vera Díaz, presidente de XUA Energy, alertó que la alta concentración de usuarios de bajos ingresos en Afinia requiere un respaldo decidido del Gobierno Nacional y de las entidades regionales y locales. Advirtió que, sin este apoyo, la región de Bolívar, Sucre y Córdoba podría enfrentar un apagón financiero y restricciones crecientes en el servicio eléctrico.

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¿De dónde vienen las deudas?

Las deudas que enfrentan las empresas de energía en la región Caribe colombiana tienen su origen en una combinación de factores estructurales, regulatorios y financieros acumulados durante años.

Uno de los principales problemas proviene del déficit generado por la Opción Tarifaria, un mecanismo implementado en 2020 durante la pandemia de COVID-19 que permitió a los usuarios diferir el pago de sus facturas de energía para aliviar su carga económica. El Gobierno Nacional no ha reembolsado a las empresas el dinero correspondiente a estos pagos diferidos, lo que ha generado un déficit acumulado de aproximadamente 4,6 billones de pesos.

A este problema se suma la falta de pago de los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3, que en el Caribe representan cerca del 80 % de los usuarios. Estas familias tienen derecho a tarifas de energía reducidas, pero el Estado no ha cumplido con el pago a las empresas.

Otro factor determinante es el alto nivel de pérdidas de energía en la región, que supera el 30 % de la energía distribuida, frente al promedio nacional del 15 %. Este problema se debe, en parte, al robo de electricidad y a la falta de infraestructura adecuada, lo que reduce significativamente la rentabilidad de las empresas.

Cuando Air-e y Afinia asumieron la prestación del servicio en 2020, heredaron el problema que dejó Electricaribe, cuya liquidación dejó deudas superiores a los 5 billones de pesos y una infraestructura deteriorada que las nuevas operadoras debían modernizar.

¿Qué dice la Liga de Usuarios?

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos ha manifestado su preocupación por la crisis energética en la región Caribe colombiana. Recientemente, denunció un nuevo incremento en las tarifas de energía en la zona.

La empresa Air-e incrementó el cobro en la opción tarifaria aplicada. Según la Liga, este cargo aumentó de 13 a 16,14 pesos por kilovatio/hora, a pesar de que los usuarios ya habían asumido este costo y el gobierno se había comprometido a cubrirlo.

Además, el presidente de la Liga, Javier Gaviria Betancur, propuso que las centrales generadoras de energía en el departamento de Córdoba suministren electricidad directamente a la región Caribe, con el objetivo de reducir intermediarios y costos.

La Liga también ha instado al Gobierno Nacional a acatar las medidas del Tribunal del Atlántico que ordenan eliminar costos adicionales que encarecen las tarifas de energía en la región. Además, solicita revisar y modificar la fórmula tarifaria utilizada por la CREG, que, según la Liga, favorece a las empresas privadas y mantiene costos elevados para los consumidores.