Emergencia por lluvias en Colombia: Gobierno designa $1,7 billones para atender desastres
Las lluvias en Colombia han afectado a miles. La primera fase de atención de desastres costaría $1,7 billones. Los retos financieros, la falta de prevención y la sombra de la corrupción complican la respuesta.
El Gobierno Nacional ha destinado 1,7 billones de pesos para atender la emergencia causada por las lluvias en Colombia.
Estos fondos se canalizarán a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la única entidad con capacidad para contratar maquinaria amarilla, distribuir mercados y movilizar ayudas de forma inmediata. “Simplemente necesita caja para poder hacerlo”, explicó Bonilla.
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El plan de inversión parcial determina que los sectores con mayor inversión serán la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ($423.000 millones), el Ministerio de Defensa ($300.000 millones), el Ministerio de Transporte ($202.000 millones), y el Departamento de Prosperidad Social ($107.000 millones), de acuerdo con lo publicado por El Espectador.
Sin embargo, el origen de estos recursos sigue siendo incierto. El Consejo de Ministros designará un ministro ad hoc para supervisar la asignación, debido a investigaciones en curso que involucran a Bonilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda examina qué recortes realizar en el presupuesto general.
Según Bonilla, se están evaluando recursos no comprometidos, aunque no se ha especificado cuáles carteras serán afectadas. La declaratoria de desastre permite redirigir fondos de programas ya asignados hacia la atención de la emergencia, lo cual genera interrogantes sobre el impacto en otras áreas estratégicas del país.
El recorte presupuestal del Gobierno
Colombia enfrenta un desajuste fiscal de proporciones significativas. El gobierno debe recortar 33 billones de pesos del presupuesto para cerrar el año, una medida impulsada por el incumplimiento de metas de recaudo de la DIAN. Solo en impuesto de renta se dejaron de percibir 20 billones. Aunque 20 billones en recursos no comprometidos fueron congelados en mayo, el Ministerio de Hacienda debe identificar otros 13 billones antes de fin de año.
Por otro lado, el Presupuesto General de la Nación para 2025, estimado en 523 billones, también enfrenta incertidumbres. Se espera que 12 billones provengan de la Ley de Financiamiento, pero si no se logra tramitar, será necesario decretar una suspensión presupuestal a inicios del próximo año.
La credibilidad perdida de la UNGRD tras el escándalo de corrupción
El escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha socavado gravemente la confianza en esta institución clave, especialmente en un momento crítico de emergencia nacional opr las lluvias en Colombia. Revelaciones como el soborno de más de 7.200 millones de pesos, el aumento desproporcionado en la contratación de carrotanques —con un incremento del 700% en cuatro años— y la implicación de altos funcionarios han expuesto profundas falencias en la gestión de recursos destinados a mitigar desastres.
Los procesos judiciales contra exdirectivos y contratistas han evidenciado la falta de controles internos y la permisividad con prácticas corruptas, debilitando la percepción de la UNGRD como una entidad confiable para responder a emergencias.
Por otro lado, la Contraloría General de la República ha señalado pérdidas por más de $80.000 millones y señalado irregularidades en los procesos de contratación entre 2020 y 2024. A esto se suma la preocupación de las comunidades afectadas, como las de La Guajira, que no han recibido respuestas efectivas, a pesar de los fallos judiciales que exigen soluciones estructurales.
La sombra de la corrupción pone en entredicho la capacidad de la UNGRD para gestionar los 1,7 billones de pesos destinados a la emergencia actual, y los llamados a fortalecer la supervisión de recursos son urgentes. Este caso no solo refleja una crisis de gestión en una entidad esencial para la respuesta a desastres, sino que también exige la mayor transparencia para recuperar la confianza perdida.
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¿Una solución de fondo o pañitos de agua tibia?
El panorama financiero es preocupante y plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para responder con eficiencia a la emergencia por lluvias en Colombia. Los recortes y redireccionamientos de recursos evidencian una improvisación que, lejos de solucionar el problema estructural, amenaza con afectar programas esenciales. Mientras tanto, las comunidades damnificadas, especialmente en regiones como Chocó y La Guajira, esperan que las promesas de ayuda no se pierdan en el entramado burocrático ni en la sombra de la corrupción.
La emergencia invernal en Colombia exige más que una inyección de recursos: demanda una reestructuración integral de las políticas de gestión del riesgo y del sistema financiero público. Sin un cambio real, el país seguirá enfrentando los mismos desastres año tras año, con costos humanos y económicos cada vez mayores.
Intensas lluvias en Colombia exponen vulnerabilidades estructurales
La grave crisis por intensas lluvias en Colombia que han afectado a departamentos como La Guajira, Chocó, Santander y Cesar. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro declaró estado de desastre nacional el 10 de noviembre. Aunque el Ideam aclaró que las lluvias no están relacionadas con el fenómeno de La Niña ni con el cambio climático, sí responden a factores atmosféricos locales, como la acumulación de humedad y patrones de viento, exacerbados por problemas estructurales como deforestación, urbanización desordenada y falta de mantenimiento de sistemas de drenaje.
Las lluvias, parte del ciclo invernal colombiano que este año inició con retraso, no han superado récords históricos, pero su concentración en áreas vulnerables ha magnificado los daños. Expertos como Max Henríquez recalcan que estos eventos, aunque comunes, reflejan las dinámicas normales de un país con alta pluviosidad y no cambios globales en el clima. Sin embargo, las emergencias derivadas, como inundaciones y deslizamientos, podrían adelantar el pico de enfermedades respiratorias, lo que agrava aún más el impacto social y sanitario.
