Escándalo de corrupción en Colombia: EPS intervenidas por el Estado habrían desviado fondos a paraísos fiscales
El escándalo de corrupción en Colombia que involucra a tres EPS intervenidas por el Gobierno colombiano y presuntos desvío de fondos a paraísos fiscales.
La corrupción en Colombia no da tregua. Esta vez, el sistema de salud colombiano está en el ojo del huracán con un nuevo y profundo escándalo de corrupción que ha encendido las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Estado.
La controversia involucra a directivos de tres EPS intervenidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes, según denuncias periodísticas y de la Superintendencia de Salud, habrían actuado bajo la influencia de Mario Andrés Urán, un poderoso lobista y contratista de una EPS privada. Este caso no solo pone en entredicho la eficacia de las intervenciones estatales, sino que también genera cuestionamientos sobre la gestión del actual gobierno en la lucha contra la corrupción en Colombia.
Le puede interesar: Intensas lluvias en Colombia exponen falencias estructurales en la gestión de desastres
El entramado de corrupción en Colombia
Las EPS implicadas en el escándalo —Emssanar, SOS y Asmet Salud— habían sido intervenidas meses atrás con la intención de mejorar su gestión. Sin embargo, según las denuncias, sus directivos actuaron bajo las órdenes de Mario Andrés Urán, quien, pese a no tener un cargo oficial en estas entidades, ejercía una influencia determinante. De acuerdo con la Superintendencia de Salud, Urán dirigió pagos y contratos hacia instituciones específicas, favoreciendo a ciertos hospitales, laboratorios y empresas vinculadas a la firma Patric Investment, domiciliada en las Islas Caimán.
El 26 de septiembre, Caracol Radio reveló correos electrónicos que evidencian cómo los directivos de estas EPS compartían información financiera y operativa con Urán. Entre los datos filtrados, se encontraban presupuestos, pagos a hospitales y propuestas de contratación. Estos documentos, según la denuncia, no solo reflejan un manejo irregular de los recursos públicos, sino también la concentración de contratos en entidades seleccionadas por el lobista.
Investigación de la Superintendencia de Salud
La Superintendencia de Salud, entonces liderada por Luis Carlos Leal, inició auditorías en las tres EPS el 25 de septiembre, tras recibir una denuncia anónima. Los hallazgos fueron contundentes: indicios de desvío de fondos hacia paraísos fiscales, contratación irregular y sobrecostos asociados a funciones delegadas a terceros no autorizados. Estas prácticas, según el organismo, configuraron una “presunta confabulación liderada por Mario Andrés Urán”.
El caso llegó a la Fiscalía el 22 de octubre. No obstante, días después, Leal fue destituido de su cargo, un movimiento que avivó aún más las críticas hacia el Gobierno. La Presidencia alegó razones administrativas para su salida, pero la oposición y algunos sectores de la opinión pública lo interpretaron como una represalia por destapar irregularidades que implican a funcionarios cercanos al Ejecutivo.
El papel de Mario Andrés Urán
Urán, descrito como un veterano del sector salud, ha ocupado cargos clave en entidades públicas y privadas. Su historial incluye haber sido presidente de Caprecom y gerente comercial del laboratorio Lafrancol. Según investigaciones previas, su trayectoria ha estado marcada por cuestionamientos éticos, como decisiones polémicas durante la pandemia de gripe A en 2009.
En este caso, su rol fue determinante para manipular decisiones clave en las EPS intervenidas. Sin embargo, a través de su abogado, Urán ha negado las acusaciones, asegurando que no tenía poder sobre las decisiones de las entidades. Coosalud, la EPS con la que mantenía un vínculo contractual, también buscó distanciarse del escándalo, argumentando que cualquier actuación irregular fue realizada a título personal por el contratista.
También le puede interesar: ¿El peor año de Ecopetrol? crisis financiera y reputacional golpea a la compañía
Se habrían desviado fondos a paraísos fiscales
Según los hallazgos preliminares de la Superintendencia de Salud, los pagos y contratos gestionados bajo la influencia de Mario Andrés Urán habrían sido canalizados hacia empresas vinculadas a Patric Investment, una firma registrada en las Islas Caimán.
Esta revelación pone de manifiesto el uso de jurisdicciones consideradas guaridas o paraísos fiscales para el desvío de recursos públicos, en este caso, destinados al sistema de salud colombiano.
Estas prácticas no solo constituyen un acto de corrupción, sino que también privan al Estado de recursos fundamentales para la inversión social. Estudios de organizaciones como Oxfam y Cedetrabajo han señalado que las grandes corporaciones y actores con poder adquisitivo utilizan estas jurisdicciones para reducir sus obligaciones fiscales, lo que impacta negativamente en el financiamiento de sectores clave como salud, educación e infraestructura.
Según el último informe de Oxfam, en lo que va de 2024, más de un tercio de la inversión directa de Colombia en el exterior se destina a un “refugio fiscal”, representando el 36 % del total de la inversión directa en el extranjero (IDCE) y el 37 % del presupuesto proyectado para inclusión social en 2025.
Para Cedetrabajo, la problemática de los paraísos fiscales alcanza niveles alarmantes, involucrando a figuras públicas, políticas y del mundo artístico como Martha Lucía Ramírez, Andrés Pastrana, César Gaviria, Gina Parody, y la cantante Shakira, han sido vinculadas al uso de paraísos fiscales.
En medio de este escándalo, surge el llamado a implementar mecanismos más transparentes y eficaces que permitan rastrear el destino de los recursos públicos y sancionar severamente a los responsables. El debate se intensifica mientras el país exige medidas contundentes para frenar la corrupción en Colombia y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos los colombianos.
¿Debe renunciar Laura Sarabia?
El caso ha generado un intenso debate en Colombia. Figuras como Jorge Enrique Robledo han señalado al Gobierno como responsable directo del escándalo. Argumentan que los nombramientos de los interventores en las EPS intervenidas obedecen a intereses políticos y no a criterios técnicos.
Además el ex senador exigió la renuncia de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, por: “aceptarle a Petro ser su correveidile en una historia tan torcida y por mandarle a la Fiscalía el mensaje de que debe actuar con sesgo petrista en este proceso”, en palabras de Robledo.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro intentó desmarcarse de las acusaciones. En un comunicado, afirmó que la principal implicada en el desvío de fondos es Coosalud, una EPS privada no intervenida. Además, defendió la reforma a la salud que impulsa su gobierno, argumentando que busca erradicar las prácticas corruptas en el sistema.
Sin embargo, el ex ministro de salud, Alejandro Gaviria, recordó que: “hay tres EPS intervenidas involucradas. La corrupción en Colombia está asociada a decisiones y funcionarios del Gobierno (…). Los interventores del GOBIERNO enviaban a Mario Andrés Urán correos y postulaciones de pago a clínicas. Ahora lo niegan. Mienten”.
