Hacienda estudia bajar de 18 a 13 ministerios y recortar $43,4 billones en dos años: los empleados públicos verán menos cargos

El Gobierno estudia reducir de 18 a 13 el número de carteras y ajustar el tamaño del Estado, dijo Miguel Gómez Martínez en entrevista con Semana el 14 de septiembre de 2026. Se trata de una propuesta en estudio: no anunció cuáles dependencias cambiarían.

Para empleados públicos y contratistas, el anuncio anticipa menos cargos y planes de ahorro en cada entidad. Todavía no permite saber qué puestos u órdenes de prestación de servicios resultarían afectados, ni desde cuándo.

El recorte anunciado suma $43,4 billones entre 2026 y 2027 y, según el ministro, subir impuestos «sería la última opción». Nada de esto está todavía en un proyecto de ley.

¿Cuáles ministerios se fusionarían?

El ministro no los nombró y no existe una lista oficial de posibles fusiones o supresiones. El número final de carteras todavía está en estudio. Cualquier lista que circule sobre cuáles desaparecerían no salió del Gobierno.

El Manual de Estructura del Estado de Función Pública, consultado el 15 de septiembre de 2026, permite identificar estas 18 carteras en funcionamiento:

El manual enumera 19 porque incluye Igualdad y Equidad, que se encuentra en liquidación. Esa dependencia va aparte del conteo de las 18 que siguen funcionando.

¿Quién decide y cuándo?

La decisión corresponde al Congreso mediante una ley. El presidente no puede suprimir o fusionar carteras por su sola voluntad. También podría hacerlo con facultades extraordinarias, precisas y por un máximo de seis meses, pero solo si el Ejecutivo las solicita y la mayoría absoluta de ambas cámaras las aprueba.

Así lo establecen los numerales 7 y 10 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991 publicada por la Secretaría del Senado. Los numerales 15 y 16 del artículo 189 tampoco bastan: someten esas facultades presidenciales a lo dispuesto previamente por la ley.

Una nota de Infobae del 14 de septiembre de 2026 sobre la entrevista indicó que una parte iría en el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta legal que fija metas e inversiones del cuatrienio, y otra en un proyecto independiente durante 2027.

Al cierre no había iniciativa radicada ni solicitud de facultades extraordinarias. Gómez ubicó la presentación de esa hoja de ruta en el primer bimestre de 2027, pero el calendario anunciado no sustituye el trámite ni asegura la aprobación.

El antecedente reciente muestra el papel del Legislativo y de la justicia: la Ley 2281 de 2023 creó la cartera de Igualdad, pero la Sentencia C-161 del 8 de mayo de 2024 de la Corte Constitucional la declaró inexequible por vicios de trámite y difirió los efectos durante dos legislaturas.

Después, el Decreto 626 del 19 de junio de 2026, publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), ordenó la liquidación por un plazo inicial de un año y suprimió el cargo de quien encabezaba esa dependencia.

¿De dónde salen los $43,4 billones?

La suma proviene de dos periodos distintos: $22 billones que, dijo Gómez, ya se bajaron del presupuesto de 2026 y otros $21,4 billones que se recortarían en 2027. Los $43,4 billones son el total anunciado para dos vigencias, no el plan de austeridad exclusivo del próximo año.

En la entrevista de Noticias Caracol con el ministro de Hacienda del 14 de septiembre de 2026, publicada a las 10:10 de la noche, explicó que $20 billones equivalen al 1 % del producto interno bruto (PIB), el valor de los bienes y servicios producidos en el país.

Para el siguiente presupuesto mencionó $2,8 billones menos en compras como computadores, papel y servicios eléctricos. También señaló “otras transferencias”, obligaciones creadas por más de 260 leyes y “gastos hormiga”, sin publicar una tabla que distribuya todo el ajuste.

La nota oficial de Presidencia sobre la alocución del 13 de septiembre de 2026, realizada a las 8 de la noche, habló de cerca de $17,4 billones de austeridad para 2027: casi $13 billones en transferencias, cerca de $3 billones en compras y $2,5 billones en inversión no prioritaria.

Las cifras difieren porque el total mayor incorpora recortes y aplazamientos de 2026, además del ajuste propuesto para 2027. Ni el ministro ni la nota de Presidencia explican por qué, para 2027, uno habla de $21,4 billones y la otra de cerca de $17,4 billones.

¿Me van a subir los impuestos?

No hay una decisión de aumentarlos ni una promesa de mantenerlos sin cambios. Gómez dijo: “Subir impuestos sería la última opción”. Añadió “no descartamos nada” y sostuvo que, si el recorte no bastara, pedirían apoyo a los colombianos, aunque “no con los sistemas tradicionales de impuestos”.

La anunciada “ley de rescate de la economía” vendría después de aprobar el presupuesto y antes del plan cuatrienal. Aún no ha sido radicada, no tiene número ni fecha, y el funcionario la definió así: “Esto no es una reforma tributaria, es una reforma fiscal, arranca fundamentalmente con el gasto”.

Su argumento es que desde 1991 se han aprobado 21 reformas tributarias y existen 19 impuestos nacionales. Planteó como ideal tener tres o cuatro tributos grandes, pero no presentó tarifas, bases, personas obligadas ni un articulado que permita calcular efectos en el bolsillo.

¿Qué pasa con los cargos y los contratos?

Habrá propuestas de reducción, pero aún no se conoce cuántos puestos o contratos abarcarían ni en qué entidades. “También habrá recorte en cargos”, afirmó Gómez. Agregó que “cada ministerio tiene que presentar su plan, que tiene que ser ambicioso”, de modo que el alcance depende de ejercicios todavía pendientes.

Sobre las órdenes de prestación de servicios indicó que su peso es “muy variable”. También reconoció que “liquidar personas no es fácil”. Sin un documento, una cifra o criterios publicados, esas declaraciones no permiten identificar empleados, contratistas, funciones o fechas de terminación.

Los jefes de cartera tienen, además, hasta finales de septiembre para entregar a las autoridades los hallazgos de presunta corrupción de la administración anterior. Ese plazo se refiere a reportes de posibles irregularidades, no a una fecha anunciada para retirar personal.

¿Cuánto pesa la deuda en el presupuesto de 2027?

El proyecto asciende a $635 billones: $281 billones, equivalentes al 44 %, provendrían de deuda, mientras $300 billones serían ingresos corrientes. El servicio de la deuda llegaría a $155 billones, unos $55 billones más que en 2026. Esa carga ayuda a explicar la presión para reducir otros gastos.

De cada 100 pesos presupuestados, 24 irían al pago de obligaciones financieras y 14 quedarían para inversión. El funcionamiento absorbería el 62 % y crecería 2,8 % en términos reales; el servicio de los compromisos financieros aumentaría 48 % después de descontar la inflación.

La nota de Presidencia sobre la radicación del presupuesto, del 27 de agosto de 2026, registró que el déficit primario de 2026 sería 4,4 % del PIB, frente al 2,1 % previsto, y que se buscaría bajarlo a 3,3 % con recortes y aplazamientos.

El déficit primario excluye los intereses de la deuda; el déficit fiscal total, que sí los incorpora, fue señalado en 7,8 % del PIB. Por eso esos dos porcentajes no se pueden comparar como si midieran exactamente lo mismo.

El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), organismo que dirige la política fiscal, activó en el gobierno anterior la cláusula de escape de la regla fiscal para 2025, 2026 y 2027. Esa herramienta permite apartarse temporalmente de las metas ordinarias.

El documento técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), órgano técnico independiente, sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), proyección de las finanzas públicas, del 25 de junio de 2026, estimó para 2026 un déficit primario cercano a 4,1 % y uno total de 7,4 %.

Las comisiones económicas conjuntas aprobaron el 14 de septiembre un monto de $634,9 billones, como explicó Más Colombia en su nota sobre el presupuesto de 2027 y la deuda. Esa votación fijó el tamaño global, no aprobó por sí sola la reorganización anunciada.

Ninguna de las cifras del ministro está aún en un documento oficial: al cierre no había proyecto de ley, decreto ni comunicado del Ministerio de Hacienda sobre la reforma.