¿Inversionistas, oportunistas del lobby o simplemente red de corrupción?

Ramiro Rueda
Ingeniero eléctrico con MBA y 40 años de experiencia en el sector energético público y privado.
Inversionista es aquella persona natural y/ o jurídica que utiliza y coloca en riesgo su capital (o su capacidad de endeudamiento) en la construcción, adquisición y/o compra de activos con el fin de generar las utilidades necesarias que le permitan durante un tiempo razonable (la vida útil del activo) recuperar el capital de su inversión, producir una rentabilidad sobre su inversión proporcional al riesgo asumido (durante toda la vida útil) y a las condiciones del mercado y reemplazarlos al cumplir su periodo productivo.
Con la decisión de invertir, el inversor, único responsable de sus decisiones, espera, con las tarifas o precios de venta del producto, incrementar su patrimonio vía la recuperación de SU capital invertido y su rentabilidad, en un horizonte de plazo razonable y a una tasa de mercado para el crecimiento continuo y sostenible del negocio. No siempre es así, en momentos difíciles, por malas decisiones y malas evaluaciones o valoraciones del inversionista, las cosas pueden ser negativas, siendo necesario que el inversionista decida retirarse de esa inversión asumiendo las pérdidas como único responsable de sus decisiones; esto es parte del riesgo evaluado y remunerado.
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Los buenos inversores, asumen su compromiso, basado en habilidades éticas y sostenibles como la capacidad de tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas, la capacidad de asumir riesgos y tolerar la incertidumbre y la habilidad para mantener la disciplina y seguir un plan a largo plazo. Sin embargo, en muchos casos el LOBBY OPORTUNISTA PRIVADO (¿seudo inversionista?), consentido por los “stakeholders” y que muchos disfrazan de “networking”, distorsionan estos atributos y responsabilidades, con desastrosas consecuencias para la sociedad, verbigracia los insostenibles incrementos en tarifas de servicios públicos y peajes.
En nuestro país, por ejemplo, en el sector de los servicios públicos domiciliarios, las concesiones de carreteras y el transporte, entre otros muchos negocios que se hacen con los dineros (capital) de los ciudadanos, han ocurrido y ocurren muchas consideraciones excepcionales que distorsionan la calidad de inversionista ético y afectan al personaje de a pie y su salud, como en el caso del etiquetado de los alimentos que a pesar de la obligación del ministerio de salud de acuerdo con la ley, no lo hizo por presión de los fabricantes de alimentos procesados.
Vale la pena destacar aquellos aspectos que han permitido aceleradamente incrementar de manera sustancial, fácil y mínimo riesgo (¿éticas?) los flujos de caja y el patrimonio de las empresas prestadoras del servicio, con cargo a las altas tarifas (al bolsillo) democráticamente distribuidas entre los usuarios, que publicitan como gran gestión gerencial del sector privado. Tarifas y tasas sustancialmente más altas y más recurrentes comparadas con el mercado internacional en sus propios sectores.
- Las empresas se compran muy por debajo del valor de sus activos depreciados (con teorías de flujos de caja traídos a valor presente y a tasas de riesgo muy muy por encima del mercado mundial del sector) y al otro día, y sin haber aportado un solo peso adicional, los ujieres de la regulación, para efectos de determinar la tarifa que se cobra a los usuarios, modifican esas teorías financieras y valoran las inversiones con base en el precio de los activos, con un pequeño ajuste, estos activos se reconocen a costo de reposición a nuevo o con poquísima depreciación (muchas veces con antigüedades superiores a los 25 años). Esto es, activos como si se acabarán de construir. Se remunera en la tarifa la inversión a precio de compra de activo nuevo o recién construido a pesar de haber sido comprado a precio de huevo.
Es como fijar la tarifa de taxi con base en un TESLA 2024 pero cuyo servicio se presta realmente con un Volkswagen escarabajo comprado a precio de carroza equina en virtud de su capacidad en relación con el número de viajes.
- Las inversiones se reconocen vía tarifas de manera anticipada, esto significa que antes de construirse los usuarios ya empiezan a pagar su utilización.
Es decir, cuando se construyen los proyectos es porque los clientes han aportado el capital suficiente vía tarifa y sin reconocerles el costo financiero de sus aportes, para poder ejecutarlos. A propósito, ¿la infraestructura que han pagado los usuarios, no debería ser de su propiedad? ¿Los activos no son de quien los paga?
Lo anterior equivale a pagar intereses (rentabilidad) y abonar al capital de forma anticipada hasta el momento de completar el dinero (que Ud. aportó) que Ud. recibirá en préstamo. ¿Bonito negocio no?
En ningún momento el inversionista (seudo inversionista) aporta capital.
De ñapa, el regulador le autoriza cobrar rentabilidades por encima del mercado del sector en el mundo sobre el capital que ahorraron los usuarios y con una tasa sobre dimensionada del riesgo del capital que no invertí.
Dirán los áulicos, sibilinos y turiferarios de la regulación económica y financiera en Colombia que es por el alto riesgo país o peor aún, porque el servicio más costoso es aquel que no se tiene. Aquellos que nos tienen con las tarifas en los niveles siempre por encima del IPC y que siguen pontificando sobre lo que se debe hacer y que no hicieron cuando tuvieron su oportunidad.
- Las consideraciones sobre la vida útil o la vida residual de los activos no son tenidas en cuenta de manera razonable, en muchos casos consideradas para calcular la rentabilidad y la recuperación del capital como totalmente nuevos.
La vida útil real de muchos activos ha sido superada y siguen productivos, sin embargo, en las tarifas las pagamos como recién fabricados, puestos en operación e inaugurados.
- Las pérdidas por robo (mala gestión), en todo negocio, son responsabilidad del inversionista que lo gerencia y obviamente hacen parte del riesgo que se le remunera. En ningún negocio se reconoce un valor extraordinario que penalice el costo del producto por cantidades robadas por mala gestión en la operación. Hacerlo de otra forma, no solo significa sobrecostos injustos para el cliente, muchas veces proporcionalmente mayor a las inversiones de toda la base de activos, sino que termina remunerando dos veces una misma infraestructura y desestimulando buscar la eficiencia de la gestión comercial.
- Las restricciones, debilidades de inversión en la infraestructura que limitan la atención de la demanda en condiciones normales de libre competencia, deben ser excepcionales en el reconocimiento de tarifas, no costos recurrentes. Su permanencia durante años en la determinación de la tarifa son clara evidencia que para muchos es más rentable la remuneración vía infraestructura inexistente que construirla oportunamente y/o promueve que el inversionista desvíe los recursos a otras inversiones o muchas veces a su bolsillo, caso Electricaribe.
También denota fallas en la planeación del sistema (como las rentas extraordinarias creadas al sobre estimar) y una autista supervisión y control sobre el negocio y sus compromisos y responsabilidades, no existe auditoria de calidad sobre la cantidad de clientes y de activos que realmente están en la explotación generando rentas extraordinarias permanentes, porque el control y la supervisión por la Superintendencia es más reactiva y no obedece a un plan debidamente estructurado de control.
- Es como si en un supermercado no se pudiera atender toda su demanda y no hubiera otra sede alterna para recibir los clientes excedentarios y en tal virtud, la solución es autorizar aumentar el precio de los productos que puede atender agudizando la mala calidad del servicio.
- El modelo de venta de energía en bolsa, permite la especulación financiera vía las integraciones verticales y monopolios con fuentes de generación de costo significativamente diferente. Ej. en un momento determinado de precios de bolsa por las nubes, operaciones muy frecuentes, saco de servicio infraestructura remunerada más barata argumentando mantenimiento y obligando al despacho de activos de mi propiedad que me la remuneran a mucho mayor precio, perfectamente al doble o más.
- La integración vertical de los negocios oligopólicos (en la práctica monopólicos) entre los eslabones de la cadena del negocio facilita operaciones comerciales de Yo con Yo a precios especulativos, suenan como las EPS, lejos de la libre competencia y con muy fuerte poder de negociación (¿o de opresión?), que van con cargo a los costos de producción y al precio final de venta significativamente.
- Sumado a todo lo anterior, vale destacar que ha venido haciendo carrera la sistemática queja (¿o chantaje?) de crisis financiera periódica del negocio, a pesar del incremento anual de sus tarifas por encima de la inflación y el salario mínimo, que obliga, según el (¿seudo?) inversionista, a no continuar prestando el servicio o a retirarme por insuficiencia financiera o desequilibrio económico, acompañado de la posible demanda al Estado solo definible en tribunales internacionales, gracias a los contratos de estabilidad jurídica, donde siempre los Estados pierden.
Ojalá el gobierno, en todos los casos y no solo en el de estos excepcionales inversionistas, saliera a apoyar y salvar a las empresas de manufactura que se supone quiebran. ¿Será viable? o ¿es solo para privilegiados?
Así las cosas, es necesario ir más allá de la retórica y definir políticas públicas claras para medir impacto, permitir la comparación y monitorear el progreso de este tipo de inversionistas a partir de plantear los siguientes interrogantes y elaborar las respuestas concretas alejadas de las teorías financieras esotéricas y privilegiadas por parte de cada lector, seleccionando su propia respuesta.
Lo que existe en nuestro país, destacado permanentemente como orgullosa inversión privada en lo público y gestión particular hiper eficiente, en sectores como servicios públicos domiciliarios y transporte público entre otros muchos negocios:
- ¿Es un verdadero modelo ético y responsable de INVERISONISTA o son oportunistas del lobby y el tráfico de influencias o son simples especuladores financieros o sencillamente son redes de corrupción con soporte académico y amparo gubernamental y la complicidad en algunos casos de medios de comunicación propiedad de estos inversores? coincidiendo en todas las opciones en que claramente es a cargo del bolsillo de todos los colombianos (aportantes del capital).
- ¿No es acaso una ley universal, en el mundo financiero y legal, que la propiedad de los activos corresponde a todos aquellos quienes aportan su capital y los hayan pagado? ¿Por qué en Colombia en ciertos negocios no se cumple?
Captan el capital de los clientes, con este compran los activos a menosprecio a su nombre y con posterioridad los arriendo (anticipadamente) a los aportantes cobrándoles un servicio por encima del precio de mercado (en muchos casos el cliente paga por un servicio que aún los activos remunerados no prestan).
- ¿Este modelo de inversionista realmente está ayudando a construir mejor la productividad, la competitividad y el desarrollo del conocimiento del país para exportarle al mundo? Sino exportamos no sobreviviremos.
¿Hasta cuándo nos seguiremos sintiendo orgullos y agradecidos (o aguantaremos) con este modelo de inversión?
¿SERÁ POSIBLE QUE, EN ESTE GOBIERNO, que se dice del cambio, se promueva de verdad, acciones no discursos, ¿para alcanzar un real CAMBIO del modelo de inversión en sus exigencias y compromisos?