La JEP acudió a la Corte Penal Internacional por un recorte de $100.000 millones: víctimas y testigos perderían la protección
El Congreso vota antes del 20 de octubre el traslado de $100.000 millones propuesto por el senador Enrique Gómez y respaldado por el presidente De la Espriella. La JEP quedaría con menos presupuesto que en 2026: $721.803 millones frente a $744.658.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado para juzgar los crímenes más graves del conflicto, acudió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal que juzga los crímenes internacionales más graves. Lo hizo ante un traslado presupuestal que aún no ha sido aprobado.
En el Comunicado 117 de la JEP, del 18 de septiembre, la jurisdicción calificó la propuesta como «el más grave ataque que ha sufrido la justicia transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial».
El presidente Abelardo de la Espriella respondió este 20 de septiembre que no comparte «ni el contenido, el alcance ni el tono» de la comunicación de la JEP. La controversia se resolverá en el Congreso durante el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN), el plan anual de ingresos y gastos del Estado.
¿Qué propuso el senador y qué dijo el presidente?
El senador Enrique Gómez propuso reducir el presupuesto de funcionamiento del tribunal y trasladar esa partida al administrador de la justicia ordinaria. De la Espriella respaldó públicamente la iniciativa y después sostuvo que el ajuste responde a límites fiscales, no a una represalia contra la jurisdicción.
En una publicación de Enrique Gómez en X del 17 de septiembre, el congresista informó que había radicado dos proposiciones para modificar las partidas del sector justicia. Las dos proposiciones sacan $100.000 millones del funcionamiento de la JEP y los pasan al Consejo Superior de la Judicatura.
La primera reacción presidencial fue «¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!». En su respuesta en X del 20 de septiembre, el mandatario amplió su posición: «No es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal».
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¿Cuánta plata tiene la JEP y cuánta tendría?
La JEP tiene $744.658 millones en 2026 y el proyecto de 2027 le asigna $821.803 millones, 10,4 % más. Con el traslado de $100.000 millones quedaría en $721.803 millones, menos que este año y lejos de los $947.642 millones que pidió.
El dato de la vigencia actual proviene del Informe de Ejecución Presupuestal de la JEP al 28 de febrero de 2026. La apropiación no equivale al dinero ya gastado: es el monto autorizado para la vigencia.
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Apropiación 2026 | 744.658 |
| Lo que pidió la JEP para 2027 | 947.642 |
| Proyecto de PGN 2027 | 821.803 |
| Si prospera el traslado de $100.000 millones | 721.803 |
| Faltante que calcula la JEP frente a lo pedido, sin la compra de la sede | 84.663 |
El faltante calculado por la jurisdicción excluye la compra de una sede propia. Por eso no corresponde simplemente a restar el proyecto gubernamental de la solicitud total: es una estimación institucional sobre necesidades operativas que deja por fuera esa adquisición.
¿Qué dice la JEP que dejaría de funcionar?
La jurisdicción afirma que la reducción agotaría tres rubros esenciales: protección, operación de sedes y tecnología. Su cálculo dejaría sin financiación los convenios que resguardan a víctimas y testigos, los gastos de sus oficinas en Bogotá y el centro de datos que conecta sus sistemas judiciales.
| Rubro | Monto |
|---|---|
| Convenios de protección con la UNP | 62.478 |
| Arriendos, servicios y mantenimiento de las sedes de Bogotá | 29.362 |
| Datacenter e interoperabilidad | 8.160 |
La Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad que protege a personas en riesgo extraordinario, ejecuta los convenios del primer rubro. Estas son consecuencias advertidas por la JEP para el escenario del traslado, no servicios que ya hayan sido suspendidos. Datacenter significa el centro tecnológico que aloja y procesa la información.
¿A dónde iría la plata y por qué la Rama Judicial la reclama?
Los recursos irían al Consejo Superior de la Judicatura, el órgano que administra la Rama Judicial. La justicia ordinaria reclama más financiación porque su administradora calcula una brecha de $6,1 billones entre lo solicitado y lo incluido en el proyecto presupuestal.
El comunicado del Consejo Superior de la Judicatura del 9 de septiembre advierte que el faltante pondría en riesgo el funcionamiento cotidiano. La planta que debe sostener está integrada por más de 37.352 servidores judiciales.
El artículo de Más Colombia «Cómo funciona la Rama Judicial en Colombia», del 25 de febrero de 2025, explica que allí están juzgados y tribunales que atienden asuntos civiles, penales y laborales. El traslado fortalecería esa estructura ordinaria, no el tribunal transicional.
¿Qué le pidió la JEP a la Corte Penal Internacional?
Ramelli pidió a la Fiscalía internacional tomar nota formal, evaluar las implicaciones del traslado y reforzar la comunicación con el Gobierno y la jurisdicción. También solicitó acompañamiento para preservar su independencia, autonomía y capacidad de funcionar, y para proteger los derechos de las víctimas.
La carta de Ramelli a la CPI, fechada el 18 de septiembre y reproducida por Infobae el 19 de septiembre, vincula la preocupación con el acuerdo de cooperación firmado con esa Fiscalía. La comunicación ya fue enviada; una intervención de ese organismo no está decidida.
Además, anunció que informará al Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano responsable de la paz y seguridad internacionales, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano regional que vigila esos derechos. Esos contactos anunciados son distintos de la carta ya remitida.
¿Quién decide y cuándo?
La decisión corresponde al Congreso: primero a las comisiones económicas conjuntas y después a las plenarias de Senado y Cámara. La proposición solo modificará la asignación si obtiene los votos necesarios durante el trámite del presupuesto, que debe concluir antes del 20 de octubre.
La nota de la Cámara de Representantes sobre el PGN, del 14 de septiembre, registra que las cuatro comisiones económicas aprobaron el monto global y debían continuar con el primer debate. Ese aval general no aprobó por sí solo el traslado controvertido.
La reforma de la Justicia Penal Militar, jurisdicción que juzga delitos militares, denunciada por la JEP no tenía proyecto radicado. La advertencia alude a una revisión de fallos sobre la Fuerza Pública y a su posible efecto sobre el Acuerdo Final de Paz, el pacto de 2016 que cerró el conflicto con las FARC.
Al 20 de septiembre no se conocía una reacción de la ONU ni de los países garantes. Tampoco había una respuesta pública de la CIDH a los contactos anunciados por el presidente del tribunal.
