La cruzada contra la corrupción exige autoridades absolutamente independientes: ¿cómo lograrlo?

Por Sandra Avellaneda Avendaño
Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública

¿Qué tan independiente puede ser una autoridad frente a quienes tuvieron el poder de elegirla? La pregunta incomoda, pero Colombia debe hacérsela precisamente hoy, cuando el Congreso de la República elige al Contralor General para los próximos cuatro años. No están en discusión los candidatos ni la competencia constitucional del Congreso para elegirlo. Lo que debemos preguntarnos es algo mucho más profundo: ¿el diseño institucional garantiza la independencia absoluta de quien tendrá la misión de controlar el poder?

Hace cuatro años planteé en Ámbito Jurídico la necesidad de repensar el método de elección de los altos cargos del Estado. Hoy ratifico esa propuesta y considero necesario llevarla más lejos: Colombia debería discutir una reforma constitucional que transforme la forma de elegir a sus máximas autoridades de control.

Lo ocurrido desde entonces fortaleció aquella tesis. En 2023, el Consejo de Estado anuló la elección del Contralor General para el período 2022-2026. Encontró, entre otros aspectos que motivaron la nulidad, la elaboración de una tercera lista de elegibles y la modificación injustificada de parámetros de evaluación cuando ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la valoración de las hojas de vida.

Cuatro años después, la reflexión está vigente: ¿procesos de elección de autoridades determinantes para la protección del patrimonio público y la lucha contra la corrupción garantizan la independencia y autonomía?

Allí está la paradoja.

La Constitución exige independencia a quien debe vigilar la gestión de lo público. Sin embargo, para llegar al cargo necesita obtener los votos de congresistas pertenecientes a partidos y movimientos que participan activamente en el ejercicio del poder. Esto significa algo institucionalmente más importante: el sistema deposita sobre la integridad personal del elegido una garantía que debería ofrecer su propio diseño.

Las democracias sólidas no pueden depender de héroes institucionales. Necesitan instituciones construidas para que actuar con independencia sea la regla y no un acto extraordinario de carácter.

Esta discusión es todavía más urgente porque la corrupción también cambió. Los delitos que más le cuestan a Colombia no necesariamente ocurren en la oscuridad. Muchas veces suceden a plena luz, con acta de inicio, firma digital y registro en el SECOP: sobrecostos, anticipos respaldados con documentos falaces, recibos a satisfacción que no satisfacen necesidades públicas, materiales de inferior calidad e interventorías capturadas por aquellos a quienes deberían vigilar.

La corrupción moderna funciona en red. Se alimenta del clientelismo, la captura institucional y las desviaciones del poder. Como en Matrix, el error consiste en mirar únicamente a los agentes que aparecen en escena cuando el verdadero desafío es desmontar la arquitectura invisible que sostiene el sistema.

Y precisamente para enfrentar esa arquitectura Colombia dispone hoy de capacidades que hace una década parecían imposibles y para potenciar esas herramientas y articularlas necesitamos autoridades con gran capacidad de gobernanza y con autonomía absoluta para perseguir sin cuartel a cualquier actor que afecte el patrimonio, el interés público y sea agente de actos de corrupción.

Entre 2022 y 2026, según cifras de la Contraloría General, el control fiscal representó $10,1 billones en beneficios para el país, de los cuales $7,3 billones estuvieron asociados al uso de macrodatos e inteligencia artificial. Es el tránsito del control que llega cuando el dinero ya desapareció al control capaz de detectar el riesgo mientras el patrimonio público todavía puede protegerse.

Pero existe algo que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar: la independencia de quien decide dónde mirar, cuándo actuar y hasta dónde llegar.

Podemos construir algoritmos capaces de cruzar millones de registros, identificar contratos sospechosos, reconstruir relaciones empresariales y seguir hasta su último hilo las telarañas de la corrupción. Pero la tecnología encuentra señales; son las instituciones las que deben tener la independencia para seguirlas, incluso cuando conduzcan hasta los escenarios más poderosos.

Por eso, la revolución tecnológica del control necesita una revolución institucional equivalente.

Propongo avanzar hacia una verdadera “maestría-concurso” para seleccionar a las máximas autoridades de control: un proceso público de extraordinaria exigencia, sustentado en mérito verificable, trayectoria, conocimientos, experiencia, competencias e integridad; con reglas definidas desde el comienzo, pruebas técnicamente estructuradas, trazabilidad digital, auditoría independiente y participación ciudadana.

Pero no basta con perfeccionar la convocatoria existente. Si queremos reducir estructuralmente la tensión entre elección e independencia, debemos discutir una reforma constitucional que disminuya decisivamente la incidencia política en la determinación del ganador.

El mérito no debería servir solamente para llegar a una lista. Debería ser determinante para definir la elección.

Esta conversación tampoco debería terminar en la Contraloría. Colombia debe revisar progresivamente la forma de seleccionar aquellas altas autoridades cuya legitimidad depende precisamente de su autonomía frente a los poderes que deben controlar, investigar o juzgar. Cada institución exige una solución particular, pero todas deberían superar una misma prueba: ¿el método de elección fortalece la independencia que después exigimos al elegido?

Y hay otra dimensión igualmente importante: una autoridad verdaderamente independiente debe tener el criterio, conocimiento y capacidad para perseguir las acciones u omisiones dañosas y los actos de corrupción, sin importar el poder de quien sea responsable, pero también la serenidad para no perseguir sin justa causa al gestor público honesto. No es lo mismo corrupción que error; desviar o defraudar lo público que incurrir en una falla administrativa; no es lo mismo actuar con dolo que asumir responsablemente los riesgos inherentes a gobernar -considerando que la peor decisión es no decidir-.

Colombia necesita que el corrupto tiemble ante un Estado fuerte y articulado, pero también que el servidor íntegro tenga la certeza de que actuar honestamente no pondrá injustamente en riesgo su dignidad, su patrimonio o su libertad. Perseguir al corrupto y respaldar al buen gestor no son propósitos contradictorios: son las dos caras de un Estado legítimo.

Hace cuatro años propusimos repensar el método. Hoy la realidad nos lleva a ratificar la propuesta y plantear el siguiente paso: una reforma constitucional que haga del mérito, la transparencia y la independencia los únicos pilares de la elección de quienes tienen la misión de controlar el poder.

Hoy el Congreso elige Contralor. Mañana habrá un nombre. Pero el desafío está latente ¿quién se atreverá a promover una reforma que garantice elecciones futuras 100% meritocráticas para nuestras autoridades de investigación y control?

Podemos tener mejores leyes, inteligencia artificial, miles de millones de datos y sofisticados sistemas de alerta. Pero la herramienta más poderosa contra la corrupción y la ineficacia seguirá siendo una autoridad capaz de mirar a cualquier poder a los ojos sin deberle su independencia y controlarlo sin importar quién lo ostente.

Porque la independencia no comienza después de la elección. Comienza en la forma misma de elegir.

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