sábado, 1 de abril de 2023
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La sentencia del espejo

Leonardo Arbeláez Lamus, Columnista, Más Colombia

Leonardo Arbeláez Lamus

Ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, Excontralor Delegado de Minas y Energía de la Contraloría General de la República. Docente de Posgrado en la UNAB, Esp. Gerencia de Recursos Energéticos. Director Ejecutivo de CALD SAS.

Hay certezas que provienen de los espejos. El gobierno actual está en proceso de cumplir esa premisa. Parece que estamos en la misma película de la Alcaldía de Bogotá (2012-2015). 


Un primer gabinete idóneo y a los tres meses renuncia su mentor y funcionario con mayor experiencia y conocimiento del ejecutivo: Antonio Navarro. Posteriormente, con una dura carta, su asesor político desde la Constitución del 91: Daniel García-Peña y, por ende, su esposa (nieta de Gaitán), María Valencia Gaitán. 

Hoy, en la presidencia, más de lo mismo. 

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Francamente pensé que, dado su pragmatismo electoral demostrado en campaña, se tendría un cambio de liderazgo hacia la moderación y la capacidad de pilotar diferentes posiciones políticas en pro de fortalecer la visión de país. No ha sido así. 


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En retrospectiva, analizando la campaña a la presidencia, se rodeó con todo contra lo que luchó en el pasado. La beligerancia frente a la clase política tradicional que lo encumbró en el Senado de la República se vio matizada por la necesidad de la “Realpolitik”, aceptando lugartenientes otrora uribistas acérrimos, alfiles de su mayor y más enconado rival político. 

Basta recordar igualmente un episodio que retrata la necesidad de llegar con el todo vale, que lo llevó a cerrar un acuerdo político con el partido Liberal. Por fortuna, el país le debe a la Vicepresidenta el descalabro de ese absurdo negocio preelectoral. 

En lo sectorial espero de verdad equivocarme. Sin embargo, basta con recordar la obsesión con la cual manejó la gestión de las basuras en Bogotá, principios y justificación que incluso aplaudimos muchos, pero cuya desastrosa ejecución careció de los más elementales conceptos de la administración pública: planeación, pertinencia, idoneidad y eficacia, por referir algunos. 

Si tal situación es igual de obsesiva como fuerza motriz de la política energética de este gobierno, mucho me temo que la sociedad colombiana va a pagar los platos rotos más caros de su historia. 


El Presidente ha demostrado su intolerancia a la crítica, a voces disonantes, al argumento contrario. Desarrolla su propuesta de cambio mediante líneas críticas de ejecución, tal como sucedió con las basuras de Bogotá. 

Si la transición energética que será puesta en conocimiento de la opinión pública la semana entrante se desarrolla sosteniendo el camino de la negación del combustible fósil como plataforma inicial de su concepción, ojalá la tecnología que se requiere para promover el cambio de la matriz energética no llegue como los carros recolectores de residuos que se importaron en la alcaldía de Petro: aerogeneradores (antiguos) de primera generación, proyectos fotovoltaicos de precaria calidad, infraestructura para producción de hidrógeno sin las especificaciones técnicas requeridas, etc. 

Migrar la matriz energética requiere esfuerzos monumentales: técnicos, financieros, administrativos, logísticos y de gobernanza. Todos, elementos fundamentales que necesitan recursos para ejecutarlos con los más altos estándares de calidad y cumplimiento. 

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Decisiones de esta índole abrazadas a sinos obsesivos y sin claridad en su financiación, pueden colocar al sector energético en Colombia como lo estuvo la apuesta del Alcalde de Bogotá frente a las basuras: demandada la nación (Bogotá fue multada con 60 mil millones por la Superintendencia de Industria y Comercio), con tecnología vetusta, dependiendo de países productores para su abastecimiento energético, deterioro de la inversión privada, reducción drástica del presupuesto nacional (regalías y renta petrolera) y un largo etcétera. 


En síntesis, Colombia con certeza va a volver a la situación anterior a Petro en materia energética, pero con pérdida de valor tanto en el costo de oportunidad referente a la explotación del recurso natural (hidrocarburos), como frente a los activos o infraestructura petrolera desmantelada por el cambio de política (ya diferentes empresas petroleras están solicitando suspensión de sus contratos); tal como sucedió en Bogotá dos años después de finalizar la alcaldía de Petro y por orden judicial (ver enlace aquí). 

Espero, por el bien de Colombia, que el Espejo se equivoque en su sentencia.

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