El balance de las reuniones de la COP es negativo para la biodiversidad y la agenda de la transición energética. La financiación de la lucha contra los efectos del cambio climático quedó en veremos.

Tras las reuniones de la Conferencia de las Partes en 2024 (COP16 y COP24), las negociaciones no fueron efectivas para cerrar la brecha financiera norte-sur en la financiación de la lucha contra el cambio climático. La falta de acuerdos concretos refleja la persistente distancia entre los compromisos declarados y las acciones reales.

Las opiniones de la sociedad civil y organizaciones ambientales no dan un parte positivo de las conclusiones de las reuniones y los documentos propuestos. Además consideran poco ambiciosos e insuficientes los desafíos planteados por parte de los países menos desarrollados.

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Pocos acuerdos en la COP 16

La COP16, enfocada en la biodiversidad y realizada en Colombia en el mes de octubre, estuvo marcada por los incumplimientos de la mayoría de los países que son parte, ya que solo 35 de 196 presentaron el Plan de Acción para Proteger la Biodiversidad, que deberían integrar el cumplimiento de los 4 objetivos y 23 metas establecidos en Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. Por otra parte, la evaluación y tendencia a mejorar de acuerdo a estos informes quedó en veremos. 

Colombia presentó el Plan de Acción para la Biodiversidad a 2030, con 191 acciones estratégicas para revertir la pérdida de biodiversidad. Entre las principales estrategias destacan: impulsar 50 proyectos en siete sectores relacionados con la conservación y restauración de ecosistemas, realizar reconversión productiva en 3 millones de hectáreas, desarrollar 32 agendas departamentales de bioeconomía, y aumentar al 68% el tratamiento de aguas residuales.

Estas propuestas se quedan cortas para atender los problemas más graves que enfrenta Colombia en términos de biodiversidad y adaptación al cambio climático y enfrentan dificultades de financiamiento dadas las condiciones presupuestales del gobierno para 2025. La deforestación en regiones claves como la orinoquia y la amazonía se incrementan año a año y los planes para controlar las especies exóticas invasoras no han dado resultados positivos. 

Se requiere de más inversión en ciencia, investigación y tecnología para afrontar los desafíos, así como una política nacional coherente con la protección de la biodiversidad y no los acuerdos con EEUU para militarizar áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Isla Gorgona y más cooperación militar para la amazonía, incluyendo la posibilidad de crear una OTAN amazónica como lo propuso el presidente Gustavo Petro.

Tras la COP16, de biodiversidad, no se lograron acuerdos vinculantes frente a la biopiratería, para que países poderosos, multinacionales y farmacéuticas hagan los aportes necesarios para compensar la extracción de recursos genéticos del país, tengan en cuenta a las comunidades y no se apropien de su conocimiento y riqueza cultural además de la apropiación de derechos exclusivos sobre los recursos y conocimientos a través de patentes de invención, otro tema por el cual la cop16 se cataloga como un fracaso. Para colmo de males Colombia no ha ratificado el Protocolo de Nagoya que le hace frente a la biopiratería, o sea, la apropiación indebida de los recursos genéticos o bioquímicos. 

El gobierno nacional ha dado un parte de éxito, y destaca algunos acuerdos como la creación de un órgano permanente con el fin de buscar  Fondos directos para las comunidades indígenas y comunidades locales y se reconoció el papel de los afrodescendientes como custodios de la biodiversidad.

El acuerdo “paz con la naturaleza” que el gobierno colombiano caracteriza como un logro es apenas un lema sin mayor alcance ya que aunque a este acuerdo se sumaron 20 países, no es vinculante y no contiene acciones concretas, según la Ministra Susana Muhammad, más que un documento técnico es una declaración política intentando incidir en las decisiones de los países poderosos frente a la biodiversidad, un propósito poco probable. 

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Fracasa la COP 29

En la COP29, que terminó el 22 de noviembre en Azerbaiyán, la financiación de la lucha contra el cambio climático fue el tema central. Este se refiere a los fondos necesarios para ayudar a los países de ingresos más bajos a hacer la transición a una economía sin emisiones de carbono, y a las comunidades más afectadas a adaptarse a los efectos del cambio climático y elaborar un nuevo objetivo para la futura financiación climática.

La COP 29 se desarrolló en un ambiente hostil en el marco de la elección de Trump como  presidente de los EEUU  y el retiro del presidente de argentina de la convención, con serias dudas sobre el compromiso de financiación estadounidense para latinoamérica y los proyectos sustentables del presente y el futuro, ya es conocido el ánimo negacionista del presidente electo Trump frente al cambio climático. 

De acuerdo con el economista Michael Roberts, aunque se estima que se requieren USD $5 billones para abordar los desafíos climáticos globales, en la COP29 solo se solicitó una fracción de esta cifra: USD $1,3 billones, de los cuales únicamente se garantizaron USD $300.000 millones. 

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Evans Njewa, diplomático de Malaui y jefe del bloque de Países Menos Desarrollados y representantes de países como Bolivia, Kenia, Panamá, e incluso el Jefe del Organismo de la ONU para el Clima, Simon Stiell y la  ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, manifestaron su decepción por la cifra acordada, la califican de insuficiente y de ser un insulto para las necesidades de la financiación climática. 

El evento terminó sin acuerdos definitivos. Las negociaciones sobre la financiación del clima evidencian una brecha entre los países ricos y los países en desarrollo. Tampoco hay acuerdo entre los países productores de petróleo ni una declaratoria de la renuncia a explorar y explotar hacia una descarbonización de la economía.

El mundo está a la expectativa del resultado enunciado en el borrador New Collective Quantied Goal (NCQG) que plantea la financiación en materia de adaptación y mitigación a partir de 2026 del Norte al Sur global,  hasta las metas globales sobre adaptación y la implementación del nuevo Balance Global de Emisiones. 

Las soluciones de mercado no resuelven el problema

De acuerdo con el FMI, las soluciones de mercado no funcionarán porque, para las empresas capitalistas, no es rentable invertir en la mitigación del cambio climático. Según el FMI, la inversión privada enfrenta altos costos e incertidumbres que no siempre se pueden valorar. Además, las inversiones para una economía baja en carbono están expuestas a riesgos políticos, falta de liquidez y rendimientos inciertos, lo que hace difícil que las empresas privadas se comprometan de manera significativa. Esto demuestra que no existe un mercado adecuado para la mitigación climática, ya que las emisiones de carbono aún no tienen un precio claro. 

Sin embargo, las declaraciones de organismos multilaterales y de las potencias occidentales, como Estados Unidos y Europa, insisten en la necesidad de la participación del sector privado y del sistema financiero en la solución del cambio climático. 

Este enfoque implica la mercantilización del problema, trasladando las soluciones al ámbito de mercado. Esto refleja un sesgo hacia la rentabilidad económica, que limita la capacidad de implementar acciones transformadoras y socialmente inclusivas.

En este sentido, el gran ganador es el capital financiero, ya que se acordó la entrega de bonos de biodiversidad para Colombia, una nueva figura de especulación con la naturaleza y bonos verdes que suman USD $75 millones provenientes del Banco Mundial, de Suecia y de Noruega.

La estrategia es aprovechar los recursos fósiles

Frente a las estrategias para enfrentar los estragos del cambio climático, diversos modelos de estimación del impacto económico de los fenómenos climáticos (como los de Nordhaus o Stern Review) sugieren que la peor estrategia sería renunciar a la exploración y explotación de combustibles fósiles. 

Similar al caso del tabaco, las políticas basadas en precios del carbono y en impuestos permiten controlar y reducir emisiones sin eliminar la producción y el consumo en su origen. Esto destaca la necesidad de enfoques más pragmáticos, que balanceen las metas ambientales con las realidades económicas, en lugar de apostar únicamente por prohibiciones o restricciones radicales.

Un plan global debería redirigir las inversiones hacia necesidades sociales, como energía renovable, transporte público y sistemas de salud y educación, y también ayudaría a equilibrar el desarrollo entre el Norte y el Sur. Además, podría generar empleos para aquellos trabajadores desplazados por la reducción de industrias dañinas. Sin una planificación global, como la que se necesita, las soluciones actuales no serán suficientes.

Actualmente, no es posible lograr un consenso global efectivo en la lucha contra el cambio climático debido a varios factores. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos y la ascensión de gobiernos negacionistas en Europa y América han reforzado la resistencia al cambio climático en algunas de las principales potencias mundiales.

Además, la creciente polarización geopolítica y los conflictos bélicos y comerciales entre Occidente y Oriente dificultan aún más la cooperación internacional. A esto se suma la falta de atención a las economías más afectadas por el cambio climático, especialmente en el Sur Global, lo que complica las perspectivas de un acuerdo global equitativo y comprometido con soluciones reales.