Aprobado el uso de retroviral contra el VIH en Colombia: Dolutegravir beneficiará a miles de pacientes

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) emitió un fallo a favor de Colombia en el que se establece que el país no ha incumplido con los compromisos de propiedad industrial de la Comunidad Andina al implementar una licencia obligatoria para el uso de un retroviral contra el VIH.

Este dictamen se enmarca en la decisión del gobierno colombiano de permitir la importación y producción del medicamento Dolutegravir, un retroviral contra el VIH crucial para tratar la enfermedad. La medida garantiza que este medicamento contra el VIH llegue a las poblaciones más vulnerables, incluyendo migrantes venezolanos y personas recientemente diagnosticadas en Colombia. Le contamos qué hay detrás del fallo.

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Colombia autoriza el uso de Dolutegravir, retroviral contra el VIH

En abril, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia autorizó la licencia obligatoria, permitiendo al Ministerio de Salud y Protección Social utilizar este retroviral contra el VIH en su versión genérica.

Este medicamento retroviral contra el VIH es esencial porque, en esencia, bloquea la replicación del virus, mejorando así la calidad de vida de las personas afectadas. Con esta licencia, el gobierno pretende asegurar el acceso a este retroviral contra el VIH para grupos que enfrentan limitaciones económicas y barreras de acceso.

La medida establece la distribución de este retroviral contra el VIH entre personas que presentan resistencia a otros tratamientos, migrantes recientemente diagnosticados y aquellos que requieren profilaxis post exposición. En el contexto actual de aumento en los casos de VIH, esta decisión es una respuesta urgente de salud pública para frenar la expansión del virus y asegurar el acceso al retroviral contra el VIH.

Pleito legal por supuesta violación a la propiedad intelectual

El conflicto inició cuando los titulares de la patente de Dolutegravir expresaron su preocupación ante la SGCAN en agosto de 2024, aludiendo a que la medida colombiana violaba las normativas de propiedad intelectual andinas. Argumentaron que la licencia para el retroviral contra el VIH carecía de un límite temporal definido, lo cual, a su juicio, podría constituir una violación al régimen de propiedad industrial estipulado en el artículo 65 de la Decisión Andina 486.

Este artículo permite las licencias obligatorias para situaciones excepcionales, como emergencias de salud pública, cuando se cumplen ciertos requisitos para proteger los derechos de los titulares de patentes. Sin embargo, la SGCAN concluyó que, dada la naturaleza de la medida, no es viable establecer una duración específica para la licencia del retroviral contra el VIH. La duración de esta medida dependerá de factores como la situación epidemiológica y el acceso de la población a este retroviral contra el VIH.

El acuerdo también estipula que el Ministerio de Salud y Protección Social compensará a los titulares de la patente con $0,11 por cada miligramo de este retroviral contra el VIH en su forma genérica. Esto permite al Ministerio adquirir 50 miligramos de este retroviral contra el VIH en una presentación de 30 tabletas a un costo de aproximadamente $15.000, lo cual es considerablemente menor al precio del medicamento de marca, que ronda los $450.000.

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El respaldo de la SGCAN a la decisión colombiana de ofrecer este retroviral contra el VIH representa un avance en la construcción de un modelo de salud pública que prioriza el bienestar de la población. Con esta decisión, la Comunidad Andina apoya el uso de licencias obligatorias para proteger el acceso a medicamentos esenciales, como el retroviral contra el VIH, en situaciones de emergencia.

Esta resolución también persigue reducir el número de nuevos casos de VIH en el país, que en 2022 alcanzaron los 9.389. Al facilitar el acceso a este retroviral contra el VIH, se busca mejorar la calidad de vida de quienes viven con el virus y reducir la transmisión. La inclusión de migrantes venezolanos como beneficiarios del retroviral contra el VIH representa una política pública de atención a los grupos más vulnerables, asegurando tratamientos accesibles y de calidad en favor de una sociedad más saludable y equitativa.