Gobierno dijo que el último ministro no ha entregado llaves: $16.844 millones es un valor documental de donaciones
El vocero presidencial habló de llaves no entregadas, no de mercancía desaparecida. Los $16.844 millones corresponden al valor documental de nueve resoluciones de salida de donaciones que no habían sido reconocidas contablemente en su totalidad.
El vocero presidencial Miller Soto afirmó el 3 de septiembre de 2026 que el último ministro de Igualdad aún no entrega las llaves de unas bodegas con mercancías de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la autoridad tributaria y aduanera de Colombia, por cerca de $16.800 millones.
La frase no afirmó que la mercancía hubiera desaparecido ni que existieran faltantes físicos. Hasta esa fecha no había un inventario público ni una inspección pública que permitiera probarlos.
La afirmación fue una declaración hablada en la transmisión oficial El Gobierno le habla a la Patria. No había un comunicado escrito del Ministerio de Igualdad ni de la Presidencia sobre el asunto.
Además, los $16.844.402.220,80 aparecen en un informe de empalme del Ministerio como valor documental de nueve resoluciones de salida de donaciones no reconocidas contablemente en su totalidad. No son un avalúo nuevo de mercancía contada dentro de una bodega.
¿Qué dijo exactamente el Gobierno?
El vocero presidencial Miller Soto dijo: “El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la DIAN”. La declaración fue hecha el 3 de septiembre de 2026 durante la transmisión oficial El Gobierno le habla a la Patria.
Soto habló de presuntas irregularidades y afirmó que se revocaron 60 contratos firmados a última hora por la administración anterior. No hubo un comunicado escrito oficial que desarrollara la afirmación sobre las bodegas.
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¿Desapareció la mercancía?
No hay información pública que permita afirmarlo. El vocero dijo que no se habían entregado las llaves de unas bodegas que contendrían mercancía; no dijo que los bienes hubieran desaparecido. Tampoco existe un inventario público ni una inspección pública que pruebe faltantes físicos o confirme cuánto sigue almacenado.
La falta de entrega de unas llaves y la ausencia de mercancía son hechos distintos. La declaración solo sustenta el primero y, por sí sola, no demuestra el segundo.
Tampoco se pudo verificar cuántas bodegas son, dónde están, quién es su propietario ni quién las custodia. El vocero las mencionó en plural, pero no precisó su número ni su ubicación.
¿De dónde sale la cifra?
Los $16.844.402.220,80 aparecen en el informe de gestión y empalme del Ministerio de Igualdad de enero de 2026. El documento los relaciona con nueve resoluciones de salida de donaciones de la DIAN que, según ese mismo informe, no habían sido reconocidas contablemente en su totalidad.
Se trata de un valor documental de donaciones, no de un avalúo comercial actualizado ni del resultado de contar mercancía dentro de bodegas. No se pudo verificar que el vocero hubiera calculado la suma mediante un inventario físico o una inspección.
El informe tampoco permite confirmar que la totalidad de ese valor continúe almacenada. Sus páginas 25 y 26 relacionan resoluciones, fechas y valores.
¿Qué mercancía es y de quién era?
El informe se refiere a bienes procedentes de donaciones de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas por la DIAN. Estaban destinadas a apoyar a población vulnerable, víctimas y organizaciones sociales. No provenían de un contrato mediante el cual el Ministerio de Igualdad hubiera comprado esos bienes.
No se pudo verificar qué productos concretos integraban los $16.844 millones ni a qué programa, población u organización correspondía cada lote. Tampoco se conoce públicamente la identidad del propietario de las bodegas mencionadas por el vocero.
¿A quién se está señalando?
El vocero se refirió al “último ministro”, pero no pronunció un nombre. Alfredo Acosta Zapata fue el último titular de la cartera, según el Decreto 0078 del 27 de enero de 2026. Esa identificación surge al comparar la frase con el decreto, no de una mención nominal de Soto.
No hay responsabilidad probada de Acosta Zapata ni de otra persona por las presuntas irregularidades. La declaración pública y la correspondencia documental sobre quién ocupaba el cargo no equivalen a una decisión judicial o disciplinaria.
¿Hay denuncias radicadas?
El vocero afirmó que ya se habían radicado 13 denuncias: seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales. Sin embargo, no se pudo verificar que incluyan específicamente el asunto de las llaves, que estén dirigidas contra Alfredo Acosta Zapata, ante qué entidades fue presentada cada una o cuáles son sus radicados.
Soto relacionó las denuncias de manera general con “estas irregularidades”. Hasta el 3 de septiembre de 2026, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría no habían publicado números de radicado verificables sobre esas 13 actuaciones.
Una denuncia comunica hechos a una autoridad para que los verifique; no demuestra responsabilidad ni equivale a una condena. Toda persona conserva la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en firme.
¿Qué ha dicho el señalado?
Hasta el cierre del 3 de septiembre de 2026 no se encontró un pronunciamiento público de Alfredo Acosta Zapata ni del equipo saliente sobre las llaves, las bodegas o la cifra. Esto describe el resultado de la revisión del canal público identificado por el Ministerio para Acosta; no significa que se haya negado a responder.
Por la misma razón, no es posible atribuirle una explicación, una admisión o un rechazo de lo dicho por el vocero. Lo verificable se limita a la ausencia de un pronunciamiento público conocido hasta ese corte.
¿Había antecedentes en ese ministerio?
Sí había actuaciones documentadas de los organismos de control, pero corresponden a asuntos diferentes del caso de las llaves y no prueban esa afirmación. Incluyen una auditoría y una advertencia fiscal de la Contraloría, además de una indagación previa de la Procuraduría sobre contratación del programa Jóvenes en Paz.
La auditoría examinó FonIgualdad, el fondo que financia políticas de igualdad, durante 2024. Estas cifras no deben sumarse a los $16.844 millones porque tienen objetos y fechas distintos.
| Entidad | Fecha | Hallazgo o actuación | Cifra |
|---|---|---|---|
| Contraloría General de la República | 7 de enero de 2026 | Primera auditoría de cumplimiento a FonIgualdad sobre 2024: pagos equivalentes al 3,08 %, 12 de 25 programas sin ejecución y deficiencias de planeación en Jóvenes en Paz. | 3,08 % de $1,9 billones |
| Contraloría General de la República | 15 de julio de 2026 | Advertencia fiscal por riesgo en cinco contratos con Laborando S.A.S. para personal en misión, sin resultados verificables que demostraran aporte a la finalidad del fondo. | $140.910.903.849 |
| Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal | 3 de agosto de 2026 | Indagación previa sobre un contrato con Laborando S.A.S. para hasta 1.270 personas de Jóvenes en Paz. | Contrato por $30.275.999.986; anticipo superior a $9.082 millones |
Una advertencia fiscal identifica un riesgo y no es una condena. Una indagación previa busca establecer hechos y no equivale a un fallo disciplinario.
En materia presupuestal, la apropiación vigente publicada para 2026 era de $323.442.835.064. Al 30 de abril se habían obligado $42.803.971.411, equivalentes al 13,32 %, todos en funcionamiento, mientras la inversión figuraba en 0 %.
Ese dato tiene corte en abril, no en septiembre. Al 3 de septiembre, el portal público del Ministerio solo mostraba informes mensuales de 2026 hasta abril, por lo que no se pudo verificar una ejecución más reciente.
¿Qué sigue ahora?
Si las denuncias penales informadas por el vocero ingresaron a la Fiscalía, corresponde asignarlas a un fiscal para verificar si los hechos constituyen delito y recaudar elementos. Esa labor puede terminar en archivo o en una formulación de imputación; ninguna de esas etapas debe darse por ocurrida sin información oficial verificable.
La Ley 906 de 2004 fija un plazo general de dos años desde la noticia criminal. Es de tres años si hay concurso de delitos o tres o más investigados, y de cinco años para delitos de competencia de jueces especializados.
No se conoce públicamente si alguna de las 13 denuncias incluye el asunto de las llaves ni su estado. Una investigación, si existe, deberá establecer los hechos; mientras tanto, no hay responsabilidad probada y rige la presunción de inocencia.
