Los peajes de Andes, Fusca y Unisabana subieron 5,92 % en julio pese al anuncio de la ministra: los conductores pagan $16.100

Los peajes ya subieron dos veces en 2026: 5,10 % el 16 de enero en las 38 estaciones del Instituto Nacional de Vías y en las concesiones, y 5,92 % el 1.º de julio en Andes, Fusca y Unisabana, donde la categoría I pasó de $15.200 a $16.100.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, dijo el 18 de septiembre que el Gobierno «no tiene planes de aumento de tarifas de peajes»; eso no detiene los ajustes que ya están en los contratos.

Detrás está la recuperación del congelamiento de 2023, que se ha cobrado por partes desde enero de 2024. A eso se suman los corredores que volvieron al Estado y $16 billones en pretensiones que discuten los tribunales.

¿Qué dijo exactamente la ministra?

Elsa Noguera dijo que no hay planes de aumentar las tarifas de los peajes ni de cobrar valorización para financiar infraestructura. La afirmación aparece en la entrevista de Semana con la ministra de Transporte, publicada el 18 de septiembre de 2026, y describe la intención del Ejecutivo.

Esa respuesta no anunció un congelamiento ni suspendió los ajustes ya programados. Esta semana no se publicó un decreto, una resolución o un comunicado de la cartera, la Presidencia o las agencias viales que modificara las tarifas.

¿Cuánto subieron los peajes en 2026?

El ajuste general de enero replicó la inflación anual anterior y el movimiento de julio añadió $900 a la categoría I en tres estaciones. Fueron decisiones distintas: la primera actualizó tarifas ordinarias y la segunda aplicó una normalización progresiva prevista para los accesos del norte de Bogotá.

La Resolución 0062 del Instituto Nacional de Vías, del 15 de enero de 2026, actualizó las estaciones bajo su administración. El componente del Fondo de Seguridad Vial, destinado a programas de control y prevención en las carreteras, quedó en $553 por vehículo.

Las concesiones aplicaron el mismo ajuste ordinario desde el día siguiente. El comunicado de la Agencia Nacional de Infraestructura del 10 de enero de 2026, entidad que gestiona las concesiones nacionales, precisó que algunas estaciones sumarían un componente de normalización del congelamiento y otras, porcentajes contractuales adicionales.

En Andes, Fusca y Unisabana el alza de julio fue un incremento contractual progresivo, no el ajuste anual por inflación. Así lo explicó el comunicado de la Agencia Nacional de Infraestructura del 30 de junio de 2026.

¿Por qué venían subiendo por partes?

El atraso nació cuando el Gobierno suspendió durante 2023 los incrementos en las estaciones nacionales y concesionadas para contener la inflación. El Decreto 50 de la Presidencia de la República, expedido el 15 de enero de 2023, ordenó además reconocer los ajustes mediante mecanismos contractuales.

La recuperación posterior debía ser gradual y buscaba normalizar el esquema tarifario. El Decreto 2287 de la Presidencia de la República, del 29 de diciembre de 2023, impartió las instrucciones para retomar los aumentos que habían quedado pendientes.

La normalización combinó la inflación ordinaria con fracciones del ajuste aplazado. El comunicado del Ministerio de Transporte del 15 de enero de 2024 documentó el reinicio; el comunicado de la misma cartera del 30 de diciembre de 2024 dividió el saldo siguiente en dos momentos.

¿Cuántos peajes hay y cuánto recaudan?

No existe un total nacional exacto que pueda obtenerse sumando los cortes disponibles. Las cifras separan estaciones administradas directamente de las concesionadas y cambian con reversiones, suspensiones y puntos de conteo; el corte operativo de la agencia concesionaria registra 117 peajes.

Las concesiones recaudaron $5,75 billones durante 2025 y registraron 311,5 millones de pasos vehiculares. El Boletín anual 2025 de la Operación Estadística de Tráfico y Recaudo de la Agencia Nacional de Infraestructura reportó esas cifras preliminares.

Los carros de categoría I aportaron 195 millones de pasos y $2,547 billones del recaudo concesionado. Ese dinero cubre inversiones, costos financieros, mantenimiento, operación y servicios asociados a cada proyecto, no una bolsa única de libre destinación.

La propuesta de separar los peajes por al menos 150 kilómetros todavía no es una regla vigente. La nota de Más Colombia del 9 de septiembre de 2026 explicó que la iniciativa del senador Luis Carlos Rúa también planteó tarifas diferenciales para vecinos, pero aún no era una ley aprobada.

¿Qué pasó con las concesiones que volvieron al Estado?

Las concesiones no fueron canceladas en bloque: regresaron por vencimientos, acuerdos de terminación anticipada o decisiones arbitrales. La aclaración de la Agencia Nacional de Infraestructura del 15 de julio de 2026 señaló que la infraestructura debe entregarse al Instituto Nacional de Vías cuando termina cada contrato.

Fontibón–Facatativá–Los Alpes venció en marzo de 2024 y quedó liquidada en abril de 2026; Córdoba–Sucre venció en abril de 2025. Bucaramanga–Pamplona se entregó en junio de 2025 tras un acuerdo, mientras la Perimetral de Oriente de Cundinamarca regresó en junio de 2026 por orden de un tribunal.

Autopistas del Caribe pasó a operación estatal el 22 de julio de 2026. El comunicado de la Agencia Nacional de Infraestructura del 21 de julio de 2026 confirmó la transición; una pretensión cercana a $1,3 billones terminó en un acuerdo por $480.000 millones.

Los 172,5 kilómetros de Devimed quedaron bajo administración pública desde el 1.º de agosto de 2026. El comunicado de la Agencia Nacional de Infraestructura del 31 de julio de 2026 precisó que el contrato concluyó y que el corredor del oriente antioqueño fue entregado formalmente.

Ruta al Mar tiene prevista su reversión para febrero de 2027. Para los tres corredores que dijo haber recibido, la ministra planteó evaluar una nueva concesión, un contrato de operación y mantenimiento o la administración directa, sin identificar cuáles correspondían a ese grupo.

¿Cuánta plata está en pleito?

Hay 46 arbitrajes activos con pretensiones cercanas a $16 billones y 18 amigables composiciones por $81.000 millones. El comunicado conjunto de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado del 27 de agosto de 2026 contó 25 procesos internacionales y 21 nacionales.

Esos $16 billones son reclamaciones en discusión, no una deuda reconocida del Estado. La estrategia anunciada busca coordinar la defensa, revisar las controversias en curso y explorar arreglos directos cuando resulten convenientes.

La declaración de la ministra no es un decreto ni una resolución. Los ajustes de los contratos siguen su calendario y cualquier cambio tendría que expedirse mediante un acto administrativo.