lunes, 6 de febrero de 2023
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Seguro de desempleo en Nueva York: así va la propuesta

Desde el emblemático puente de Brooklyn, en Nueva York, la coalición que logró el Fondo de Trabajadores Excluidos en 2021 lanzó la propuesta Puente de Desempleo, para cubrir con seguro de desempleo a trabajadores que actualmente no pueden acceder a este.

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La historia fue relatada por el periodista Fernando Martínez para El Diario, un medio centrado en la ciudad de Nueva York, luego de que se hiciera el lanzamiento de la propuesta el pasado miércoles, 11 de enero, en la Gran Manzana y en varias ciudades del estado de Nueva York. 


La coalición que promueve la propuesta “Puente de Desempleo” (Unemployment Bridge Program) espera que el programa cubra con un seguro de desempleo a inmigrantes sin autorización de trabajo, trabajadores por cuenta propia, trabajadores domésticos y expresidiarios. 

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Un informe de la Iniciativa de Investigación de Inmigración estima que la población elegible está conformada por 750 mil trabajadores, dentro de los cuales se incluyen 180 mil independientes –peluqueros, jornaleros, vendedores ambulantes y jardineros, entre otros–.

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Para esto, Puente de Desempleo necesita la aprobación de un presupuesto estatal de 500 millones de dólares estadounidenses (USD) anuales, con el cual los trabajadores beneficiados podrían acceder a un seguro de desempleo (Unemployment Insurance, UI, por sus siglas en inglés) de USD $1.500 mensuales, en promedio, en caso de perder su trabajo. 


Si bien en el Estado de Nueva York ya existe un seguro de desempleo, no todos los trabajadores pueden acceder a él, razón por la cual el programa propone ampliar su alcance para proteger a “cualquier persona que pierda su trabajo”. 

Esta coalición es la misma que logró la aprobación del Fondo de Trabajadores Excluidos en abril de 2021, una medida diseñada para dar alivio de la pandemia a los trabajadores excluidos de los beneficios de desempleo.  

¿Qué se requiere para que el programa entre en vigencia?

Para lograr que la propuesta sea aprobada, la coalición se propone persuadir a los líderes de la Asamblea Estatal —órgano que deberá aprobarla— y a la gobernadora Kathy Hochul, quien tiene plazo para firmarla hasta el 1° de abril de este año, de manera que entre en vigencia en 2023.

Jessica Ramos, senadora estatal de Nueva York en representación de Queens (Distrito 13) e hija de inmigrantes colombianos, señaló que el programa propuesto por los activistas daría tranquilidad a miles de familias:


“No sabemos cuándo se va a generar la próxima crisis. Nos quedan tres meses de lucha para que la gobernadora lo incluya en el próximo presupuesto. Llamamos a todos los legisladores de Nueva York a que se unan a esta solicitud. Muchos dan la espalda cuando se trata de pensar en beneficios para la clase trabajadora”. 

Alex Bores, miembro de la Asamblea de Nueva York por el Distrito 73, también se mostró de acuerdo con la iniciativa, y manifestó que “CADA trabajador en Nueva York merece seguridad económica”.

Por su parte, la Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro NICE, New Immigrant Community Empowerment, expresó en su cuenta de Twitter: “¡Cuando luchamos por el desempleo, estamos luchando por nuestras VIDAS! No tener acceso a protecciones nos obliga a aceptar trabajos inseguros y explotadores que se aprovechan de nuestra comunidad, como nuestro miembro Juan Chonillo, quien murió en 2017 en un lugar de trabajo en Manhattan. ¡Decimos NO MÁS!”. 

Otra ONG sin ánimo de lucro, Make The Road NY, manifestó: “Hoy [11 de enero], casi 500 trabajadores se están tomando las calles de Nueva York para presentar el Programa Puente de Desempleo. Si se aprueba, cerraría las brechas en nuestra red de seguridad para que los trabajadores puedan acceder al apoyo que necesitan cuando pierden sus trabajos”.


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De ser aprobada, ¿a quién cubriría?

De acuerdo con las cifras reportadas por el periodista de El Diario, en el estado de Nueva York existen 470 mil inmigrantes sin autorización de trabajo; 180 mil trabajadores por cuenta propia (vendedores ambulantes, escritores, fotógrafos, taxistas por cuenta propia y trabajadores de salones de belleza independientes, entre otros trabajadores autónomos); 80 mil trabajadores domésticos, paisajistas y jornaleros, y 20 mil personas que retornan a las fuerza laboral luego de haber sido encarceladas o en estado de detención migratoria. 

Según el Informe Domestic Workers Are Essential Workers, del Instituto de Política Fiscal, se estima que solo en el trabajo del cuidado hay 66.000 limpiadoras de casas, niñeras y asistentes domiciliarias independientes. 

En cuanto a los trabajadores de la construcción, se estima que son al menos 26 mil quienes trabajan en pequeñas obras. 

Como se explicó anteriormente, los trabajadores convencionales de Nueva York ya cuentan con un seguro de desempleo (UI), cuyo presupuesto es administrado por el Departamento del Trabajo.


Con la propuesta, los promotores buscan ampliar este seguro para beneficiar también a los trabajadores que actualmente están desprotegidos. “Ese modelo de seguro de desempleo surgió en la Gran Depresión de los años 30, con la diferencia que ignoró por completo a los negros y a los inmigrantes. Ahora estamos luchando para que no excluya a nadie”, le dijo Andrés García, activista del Centro del Inmigrante de NY, a El Diario.

La propuesta también abarca a quienes fueron prisioneros

La iniciativa propone crear un capítulo para cubrir a esta población que, luego de pasar por la cárcel y quedar en libertad, tiene grandes dificultades para volver a ingresar al mercado laboral.

Y es que cerca de la mitad de las personas liberadas de la prisión, el 45%, carece de ingresos durante el primer año de vivir en libertad, según una investigación publicada por el Instituto Brookings.

Además, un informe del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York afirma que en los últimos tres años hubo, en promedio, 21 mil personas liberadas de prisiones estatales al año.


¿Cuáles son los requisitos?

Entre los requisitos previstos que debería cumplir la población para verse beneficiada con la propuesta está el de haber devengado una suma inferior a “la mediana de los ingresos individuales del Estado (actualmente 56.000 dólares) y haber trabajado al menos 18 semanas en los 12 meses anteriores a la pérdida del empleo”, reseña El Diario.

En cuanto a la documentación, la propuesta plantea que sea la misma exigida por el Fondo para Trabajadores Excluidos, y que incluye la correspondencia de los empleadores, los depósitos directos, la autodeclaración y declaraciones como la W-2.1099 o la del impuesto sobre la renta.

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